AUDIENCIA TURI

Son las 09:04 y la sala de audiencias del Bloque “A”, en el segundo piso del Complejo Judicial de Cuenca, se encuentra casi completa en su aforo. En la primera fila están 6 de los 15 procesados: cinco hombres y una mujer. Son jóvenes visten de camisa, pantalones de tela y jean. Sonríen y conversan entre ellos.  Son policías activos en varias ciudades del país. Atrás de ellos, se encuentran sus familias, funcionarios del Estado, organizaciones de derechos humanos y periodistas. Adelante, en las mesas están cuatro abogados de los policías, un fiscal y los dos defensores públicos de las personas privadas de la libertad (PPL).  

Es la mañana del jueves 10 de agosto de 2017, el juez de la Unidad Penal de Cuenca Alfredo Serrano instala la audiencia pública de evaluación y preparatoria de juicio contra los 15 policías enjuiciados por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio ocurrido el 31 de mayo de 2016, donde más de 200 personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social  Turi - Cuenca fueron golpeados, pisoteados, desnudados, roseados con gas lacrimógeno y obligados a recibir descargas eléctricas en su cuerpo por miembros de la Policía Nacional durante un operativo de requisa. Ver video: aquí

El operativo fue autorizado por el ex director de la cárcel Paúl Tobar Quezada mediante un mensaje de WhatsApp y no contó con la presencia del fiscal como lo establece el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Estos hechos ocurridos el 31 de mayo se han narrado durante 14 meses en las salas de audiencias de la ciudad de Cuenca, 4700 hojas recogen las versiones de los internos, policías, peritos y expertos; las diligencias e informes también son parte del proceso que cuenta con un juego de siete videos de cámaras de seguridad de la cárcel que registraron como “G1 (PPL) se encuentra custodiado por G2 (Policías).  G2 golpea a G1 en diferentes partes del cuerpo, los pisotea. G2 continúa golpeando a G1 que se encuentra boca abajo, desnudo”. Es un fragmento del informe de audio e imagen de los videos que fue leído por el fiscal encargado del caso Paúl Serrano que logró que el juez no anule el proceso.

El magistrado rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa de los policías que aseguraron que el proceso era nulo porque la instrucción fiscal duró 150 días, pese a que la normativa señala 90 días como tiempo máximo. Dos, porque al ser procesados funcionarios públicos se debió llamar a juicio a las otras carteras de Estado y no se lo hizo; y tres, porque el informe de la reconstrucción de los hechos de mayo 2017 fue presentado fuera del tiempo de instrucción fiscal. Zúñiga aseguró que se violó el debido proceso y se afectó el derecho a la defensa. Estos argumentos fueron refutados por el juez que aseguró que se garantizó el debido proceso y no se dejó en la indefensión a las partes.

El juez tampoco escuchó al abogado de los PPL, David Ayala que se sumó a la solicitud de nulidad alegando que no existió imparcialidad en la investigación porque la Policía realizó varias diligencias. “En la Policía y en el Ejército existe el espíritu de cuerpo por eso los policías no pueden investigar cuando son parte procesal”. Además, cito que el caso Damián Peña que fue investigado por la Policía, pese a que los agresores eran de la misma institución fue anulado en la fase casación.

El magistrado no dio respuesta a este argumento y continuó con la validez del proceso. Era el momento de acusar y llamar a juicio. El fiscal Serrano imputó a los 15 policías activos como autores directos por el delito de extralimitación en funciones. El primero en ser llamado fue el Mayor de la Policía Nacional René Cañar, responsable del operativo policial del 31 de mayo. En su contra reposan informes médicos y periciales, versiones y videos que demuestran que los internos fueron despojados de sus ropas y golpeados. Así como un registro de llamada al ECU 911 que recoge: “A mi esposo lo están masacrando en el pabellón JC de la cárcel Turi”. Cañar no registró estos hechos en el informe del operativo que lleva su firma y escribió: “El operativo se realizó sin ninguna novedad importante y los oficiales actuaron conforme el respeto a los derechos humanos”.

Los otros 14 procesados también ingresaron ese día a la cárcel, sus nombres constan en el listado del operativo y en la resolución de Consejo de Generales de la Policía.  Vestían  de camuflaje, unos color plomo y otro negro; usaban pasamontañas, gorras,  cascos y  botines de color negro;  en sus manos sostenían un tolete o pistolas de descargas eléctricas que caen sobre los cuerpos desnudos de los PPL, así se los observa en los videos de las cámaras de seguridad de la cárcel. Ellos son parte de los 60 agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional del Ecuador (UMO) que participaron en el operativo.  

Los 15 agentes fueron acusados por el fiscal, las versiones y los informes los implicaban y también  no lograron justificar su accionar con un parte policial, así como lo hicieron los otros 34 procesados que recibieron un dictamen abstentivo por el fiscal titular del caso Carlos Adrián Arpi Brito el 1 de agosto de 2017.  Dictamen que fue cuestionado, “Nadie niega que habían agentes policiales que ejecutaron la requisa en las celdas, - dijo Daniel Véjar, asesor legal de la Fundación Regional de Derechos Humanos (Inredh) -, pero eso no necesariamente implica que no hayan tenido ningún tipo de participación en las agresiones cometidas a los PPL, más aun cuando las víctimas no pueden identificar a sus agresores del todo porque los agentes policiales se encontraban con pasamontañas”.  

Con la acusación hecha por parte de la Fiscalía, los  abogados de la defensa de los policías solicitaron 30 minutos para revisar los 47 expedientes del proceso. El juez suspendió la audiencia y la sala se quedó vacía,  los juristas intercambiaron  y revisaron las carpetas rápidamente durante 90 minutos.  A las 13:10 se reinstaló la audiencia.

Señor juez en esta audiencia preparatoria de juicio se debía individualizar los actos de cada policía, es decir, cómo cometieron el delito, dijo enfáticamente Óscar Zúñiga, abogado que patrocina a 12 de los 15 policías llamados a juicio.  Zúñiga, parado y mirando a los asistentes, dijo: “En el interrogatorio, el PPL Javier Muñoz Quiñonez no pudo identificar a los policías (…) el PPL Lima señaló: ´todos los policías estaban tapados las caras, quede mal de la pierna y no recibí atención médica’;  y el testimonio 5 y 6 dijo: ´no pude identificar a los policías porque estaban con pasamontañas o cascos’”. Ninguna de las víctimas logró identificar a su agresor. Esta fue la línea conductora que guío la defensa de los tres abogados restantes.

 El juez con apuntes en mano y rodeado de algunos expedientes, cerca de las 16:00,  dijo que se probó la materialidad del delito, es decir, que las personas privadas de la libertad fueron agredidas.  Sin embargo, señaló que los elementos presentados por Fiscalía no son suficientes para el autollamiento a juicio. En ese momento, se escuchó gritos y llantos. El magistrado continúo y dijo que no se puede determinar la responsabilidad de los hechos porque no se pudo identificar a los agresores. Dictó el sobreseimiento a los 15 procesados: Edison Gilberto E.; César Augusto B.; Amaro Jhassmanny P.; Ángel David A.; Diego Marcelo Ch.; Adalberto René C.; Juan Celio G.; Jhaxon Euclides A.; Fabián M.; Byron Alejandro G.; Mauricio Javier S.; María Teresa P.; Deisy Karina A.; Galo Enrique A.; y Jimmy Xavier  O.  

Abrazos y llantos de alegría se dieron en la sala de audiencia y en el pasillo. “Después de 1 año tres meses podré dormir, dijo un policía mientras lloraba en el hombro de su familiar”.  La indignación y la rabia también fue parte de la sala.  David Ayala y Ana María Ordoñez, defensores públicos de las personas privadas de la libertad, salieron de inmediato del edificio. Ayala dijo que el veredicto del juez deja en la impunidad los actos de tortura cometidos por policías encapuchados. “Tras una máscara ni cascos policiales – dijo Ordoñez en la audiencia – no se puede coadyuvar la impunidad”.

Para Inredh, es absurdo y contradictorio que en el tipo penal de tortura haya materialidad y no responsables cuando hay un listado de los  nombres de las personas que participaron en el operativo. Además, señaló que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se sanciona las omisiones de aquellos que tienen el deber jurídico de prevenir un delito. “En este caso los que tenían el deber jurídico de prevenir el delito era el director de la cárcel Paúl Tobar  Quezada y el Mayor de la Policía René Cañar y ellos al menos debían ser sancionados”.

Tras el fallo, la organización de derechos humanos considera que se cierra la posibilidad de que exista justicia eficaz dentro del país y no descartan acudir a organismos internacionales.

¿Extralimitación o tortura?

Hace dos meses, 8 de junio de 2017, se llevó a cabo la audiencia de reformulación de cargos del delito de tortura a extralimitación de funciones. El fiscal Arpi dijo que el tiempo de incapacidad de las personas privadas de la libertad no superan los cinco días, por lo cual no considera que se trate de un caso de tortura.

Con este criterio discrepa, la defensora pública Ana María Ordoñez que asegura que la forma en que ingresó la Policía al pabellón JC, los instrumentos que utilizaron para agredir a los privados de la libertad y las frases que decían configuran el delito de tortura. “Se debe entender que la tortura va más allá del dolor físico que puede sentir la víctima y más aún cuando son personas de atención prioritaria”.  

Para la Policía su accionar en el 31 de mayo no fue extralimitación ni muchos menos tortura. Ellos neutralizaron a los privados de libertad y fueron “felicitados”, así lo dijo el abogado Zúñiga.

El argumento de la neutralización  ya fue refutado en la audiencia de habeas corpus a favor de los PPL. David Cordero, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, dijo aquel entonces que no hubo uso progresivo de la fuerza en el operativo. “No hubo necesidad ni proporcionalidad por parte de la Policía. Los hechos cometidos son tortura porque esta se da por la intención de causar daños a las personas y como lo demuestran los testimonios de los internos y los videos, ellos ya estaban neutralizados y el motín nunca fue probado y aún si hubiera ocurrido, la Policía no pudo actuar de esa manera”.

El delito de tortura es sancionado con una pena de 7 a 10 años, mientras que el de extralimitación por el tipo de incapacidad que generó podría ser sancionado hasta con 30 días de reclusión.

Agresiones en la cárcel Turi preocupan a la ONU

El 11 de enero de 2017, el Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas emitió sus recomendaciones al Estado ecuatoriano: “el Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación sobre la investigación en curso relativa a los presuntos abusos cometidos contra los internos del Centro Regional Sierra Sur Turi, en Cuenca, el 31 de mayo de 2016 (…)  Solicita al Estado parte la presentación de información completa sobre los resultados de la investigación de presuntos abusos cometidos”.

En ese entonces, noviembre de 2016, la ministra de Justicia Ledy Zúñiga ahora presidenta de la Secretaría Técnica de Drogas, dijo frente al Comité  contra la Tortura en Ginebra: “Tengo que reconocer con mucha vergüenza que esos videos son de un centro de rehabilitación, un nuevo sistema de video que fue implementado en nuestros centros permitió ver este gran abuso (…) El Director del Centro ha pedido la suspensión del operativo al momento de ver que había sido  vulnerado el protocolo que hay para este tipo de requisas. Hemos puesto la denuncia el mismo día que sucedieron los hechos. El Director presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado buscando que se determine los responsables  de este grave hecho, necesitamos en este sentido por parte de la función judicial de nuestro país una sanción ejemplificadora que sirva de precedente para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir”.

Nueves meses después el caso llega a la recta final. Los 49 procesados: 46 policías y 3 funcionarios administrativos fueron absueltos: 34 por dictamen abstentivo y 15 fueron sobreseídos.

Pese a este veredicto del juicio penal, las personas privadas de la libertad aún tiene el fallo a favor del habeas corpus emitido el 30 de septiembre del año anterior por el juez encargado de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, Carlos Guzmán Muñoz que  aceptó el recurso de habeas corpus y reconoció que los internos fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Ordenó varias medidas de reparación como la atención física y psicológica a todas las víctimas del 31 de mayo; que los policías del operativo no pueden ingresar a ningún CRS del país; el  traslado de los internos a otro CRS que cumpla con las distinciones de mediana y  máxima seguridad; que las personas encargadas del operativo y  los ministerios de Interior y Justicia pidan disculpas  a las personas privadas de la libertad;  y  que el 31 de mayo de 2017, los dos ministerios capaciten  en materia de derechos humanos a los funcionarios de los CRS a nivel nacional.

Un año después, las medidas de reparación aún no se cumplen en totalidad. Los internos fueron  trasladados, pero a cárceles lejanas de sus familias; la atención médica no se les ha brindado porque fueron reubicados en otros Centro; las disculpas han sido publicadas por los policías más no por la institución y estás no han sido socializadas a las víctimas. De igual forma, el   21 de julio del año en curso,  el juez de la Unidad Penal de Cuenca Eduardo Javier Moncayo señaló  que la información proporcionada por los ministerios de Justicia e Interior sobre la capacitación de derechos humanos en todas las cárceles del país no demuestra que se haya cumplido en su totalidad.  

 

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