Nicolás Maduro

Por Rolando Castro

Son casi 18 años desde que la denominada revolución bolivariana se inauguró con Hugo Chávez; nació como un proyecto democrático, popular, anti oligárquico, que despertó gran expectativa en el pueblo venezolano y en los pueblos de América Latina. Los límites y errores de ese proceso fueron comprendidos asumiendo que no se trataba de una revolución empujada por los trabajadores y el pueblo, que era un proyecto democrático burgués que contaba con un fuerte respaldo popular, que se pronunció reiteradamente en elecciones a favor del líder de ese proyecto.

Las consignas iniciales de repudio a las clases oligárquicas, el rechazo a las acciones y maniobras del gobierno de EEUU, la idea de que era posible transformar el país atendiendo las necesidades de los sectores populares, estimularon la organización, la movilización popular y ayudaron a crecer la conciencia política de los sectores populares.

Pese a que el mismo Chávez habló tantas veces de rectificaciones y radicalizar el proyecto en favor de los sectores populares, estos no fueron encarados y llevados a fondo, en realidad han sido pasos para atrás hasta llegar al punto en el que se encuentran hoy con el gobierno de Nicolás Maduro.

Son inocultables las difíciles condiciones de vida que enfrenta el pueblo venezolano; pese a los inmensos recursos que ha manejado y maneja ese gobierno, ha sido incapaces para desarrollar un aparato productivo sólido, diversificado y soberano, que garantice el alimento y el bienestar del pueblo venezolano.

La aguda  crisis económica que afecta principalmente a los trabajadores y el pueblo, ha provocado una expulsión de miles y miles de jóvenes, de trabajadores, de hombres y mujeres, que buscan en otros países oportunidades para subsistir, fenómeno no visto antes en las proporciones de hoy.  La economía venezolana ocupa el último lugar en la región; en el 2016 tuvo un retroceso del 11,3%; tiene la inflación más alta del mundo (según el FMI la proyecta en 1660 para este año).  Son factores que no pueden simplemente aludirse a una conspiración interna o externa, sino principalmente a la responsabilidad directa del gobierno de Maduro.

A esto se suma la descarada corrupción, cuyos capitostes se encuentran en lo más alto de las funciones gubernamentales, algunos de ellos incluso con indicios de vinculación con el narcotráfico, que aprovechan de sus cargos y de la institucionalidad para sus actos ilícitos y para enriquecerse, conformando una casta de nuevos ricos motejados por el pueblo como “boliburguesía”.

 “Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene la menor relación con una "revolución" o con el "socialismo", ni con la "defensa de la democracia", ni siquiera con la manida "reducción de la pobreza"…”  “Estamos ante una lucha sin cuartel entre una burguesía conservadora que fue apartada del control del aparato estatal, aunque mantiene lazos con el Estado actual, y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de "acumulación originaria". Señala el analista Raúl Zibechi.

Una resolución detonante.

 El día jueves 30 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia TSJ decide asumir por completo la responsabilidad de las competencias parlamentarias. La medida se justificó por el “desacato” de la Asamblea, al haber posesionado a 3 asambleístas que -dicen- ganaron fraudulentamente la curul.      Esas competencias parlamentarias las asumía directamente esa sala o por el órgano que ella disponga.  Dos días antes, el TSJ retiró a los diputados la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales a Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil. En los hechos ese día se consumó ya la invalidación de la Asamblea Nacional como órgano parlamentario.

Para explicar cómo se llegó a este punto tomamos las declaraciones del profesor de la Universidad Central de Venezuela, Edgardo Lander, quien dice “El gobierno tenía hegemonía de todos los poderes públicos hasta que perdió aparatosamente las elecciones (parlamentarias) en diciembre de 2015. Y a partir de allí empezó a responder en términos crecientemente autoritarios. En primer lugar, desconoció la Asamblea, primero desconociendo los resultados de un Estado que le quitaba la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea, con razones absolutamente tiradas de los cabellos. Posteriormente, ha habido un franco desconocimiento de la Asamblea como tal, que desde el punto de vista del gobierno no existe, es ilegítima. Y es tan así que hace unos meses era necesario renovar los integrantes del Consejo Nacional Electoral [CNE], y entonces la Corte desconoció a la Asamblea y nombró a los integrantes del CNE, que por supuesto son todos chavistas.

“Maduro tenía que presentar a comienzos de año una memoria de gestión del año anterior, y como no reconocen a la Asamblea, la memoria se presentó ante la Corte. Lo mismo sucedió con el presupuesto. Teníamos un referéndum revocatorio para el cual se habían cumplido todos los pasos, debía hacerse en noviembre del año pasado y el CNE resolvió posponerlo, y eso significó matarlo: simplemente ahora no hay referéndum revocatorio. Era constitucionalmente obligatoria la elección de gobernadores en diciembre del año pasado, y simplemente la pospusieron indefinidamente…hay una concentración de poder, Maduro tiene ya más de un año gobernando por decreto de emergencia autorrenovado, cuando esto debe ser ratificado por la Asamblea. …Estamos muy lejos de algo que pueda llamarse práctica democrática. En este contexto, las respuestas que se dan son cada vez más violentas, por parte de los medios y de la oposición, y la reacción del gobierno, ya incapacitado para hacer otra cosa, es la represión de las manifestaciones, y tomar presos políticos. Se utilizan todos los instrumentos del poder en función de preservarse en el poder”,

La resolución TSJ fue derogada días después por la presión interna y externa y el rechazo de funcionarios y militantes del chavismo como la Fiscal de la Nación. Pero queda registrado como un capítulo más de la confrontación interburguesa, entre la facción que se encuentra en el poder y la que está fuera de él.

 ¿Hay algo más en fondo con la resolución del TSJ?

Mientras esto se dirime y se conduce al pueblo a defender las “conquistas” y la crisis avanza Maduro adopta las viejas medidas neoliberales para resolverla, afectando las condiciones de vida de las mayorías populares; por un lado, a través del enorme endeudamiento externo y la salida de grandes capitales para el pago de esas deudas, el sometimiento a los prestamistas internacionales y la entrega de los recursos naturales a los monopolios extranjeros.

En este sentido unas de medidas ha sido poner en remate internacional la Franja o Arco del Orinoco, una región con enormes riquezas mineras y petroleras, cuya negociación y reparto sería una de las causas del agudizamiento de las contradicciones. Es muy revelador lo que señala el analista Fernando Salinas quien dice: “En lo inmediato, esto ha sido el detonante material –poco comentado– de la reciente pelea entre el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por un lado, y el parlamento (Asamblea Nacional) con mayoría opositora, por el otro. Es que la resolución del TSJ que detonó la reciente crisis dejaba exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo (Maduro y la FANB) la “constitución de empresas mixtas” para explotar esa riquezas mineras y petroleras. El TSJ, a su vez, se reservaba la “supervisión” del enorme negociado” (Decisión número 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, 28/03/2017).

De esta forma, la “Asamblea Nacional”, es decir, la burguesía opositora, quedaba excluida de uno de los negociados potencialmente más fabulosos de la historia venezolana.

“Hasta ese momento, la oposición parlamentaria de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) había tolerado a regañadientes escándalos tales como que Maduro sigue sin convocar las distintas elecciones regionales y departamentales que deben hacerse este año y pretende patearlas al 2018. ¡Pero esa resolución de la corte, que la excluía del negociado de las “empresas mixtas”, evidentemente rebasó el vaso!...la pelea es por el reparto de la torta, señala Rafael Salinas.

La denominada revolución bolivariana hace rato dejó atrás la posibilidad de un cambio significativo en Venezuela; de forma paulatina y constante dejó de ser ese proyecto democrático y progresista. En Venezuela existe un gobierno que responde a los intereses económicos y políticos de una facción burguesa y de un grupo corrupto que se ha enriquecido en estos años, pero que maneja un discurso pseudo izquierdista que manipula la conciencia de los trabajadores y los pueblos de Venezuela y nivel internacional.

 

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