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libertad sindical

Por: Marcelo Rivera Toro

 

En la línea de corporativizar desde el estado a las organizaciones sociales, para así controlarlas, utilizarlas o disolverlas si estas no se sometían a los designios del correato, el 4 de junio del 2013 se expidió el Decreto Presidencial Nro. 16, que luego se codificó en el # 739, con este decreto se creó el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), regentado por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política que es una especie de organismo parapolítico que cumple el papel de eje articulador de toda la acción del partido oficialista.

Desde la entrada en vigencia del decreto 16/739, alrededor de 37 organizaciones se disolvieron y cinco entraron en proceso de liquidación, de allí que las organizaciones sociales, sindicales, barriales, campesinas y demás, levantaron la exigencia para su derogatoria inmediata, por el sentido “burocrático y controlador” que esta norma imponía.

En el Decreto Ejecutivo Nro. 193, con el que se establece el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales se realizan varios cambios que a continuación analizamos:          

Se descarta todo el Título IV del anterior decreto, desde el artículo 37 y siguientes, restándole fuerza al SUIOS, eliminando el subsistema RUOS - Registro Único de Organizaciones Sociales y el subsistema de acompañamiento a las organizaciones sociales, instrumentos con los que so pretexto de la “promoción, participación y fortalecimiento” la secretaría de gestión política se entrometía en la vida de las organizaciones; en el actual decreto este sistema queda reducido exclusivamente  a ser una “herramienta de recopilación de información y consulta”. Al desaparecer el RUOS las organizaciones ya no deben obtener dicho registro en la Secretaría de Gestión de la Política para certificar su existencia legal, esa responsabilidad es asumida por el ministerio del ramo que otorgó la personería jurídica, quien será en adelante quien emita dicha certificación, según la disposición general segunda del actual decreto # 193.   

            

En el caso de las obligaciones de las organizaciones, el anterior decreto contenía 9 numerales, con expresas disposiciones incongruentes e innecesarias, en el actual decreto las obligaciones se reducen a tres: Cumplir la ley, entregar información al ministerio a cargo conforme el decreto y rendir cuentas a sus miembros.

En al anterior decreto se establecían varias causales de disolución de las organizaciones sociales, que eran utilizadas políticamente como mecanismo de chantaje, una de ellas decía: “Dedicarse a actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten a la paz pública”, claramente se puede ver que esta norma era subjetiva. ¿Quién y de qué forma se iba a determinar si una organización social por defender sus derechos era calificada de desestabilizadora, o que afecta a la paz pública?

Sin duda, esta victoria tiene su sello, son las organizaciones sociales y populares que con su lucha y movilización lograron hacer que el régimen actual derogara estos malhadados decretos; ahora corresponde que las organizaciones continúen en luchando hasta recuperar todos los derechos conculcados en la década perdida.   

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