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Correa espionaje

Ex Presidente ecuatoriano podría pasar hasta cuatro años preso por vigilancia y persecución los ciudadanos

 Por:    Marco Villarruel A.

Se suponía que Rafael Correa pasaría inmune de la tormenta jurídica creada por la corrupción de su gobierno. No hay todavía documento que lo incrimine directamente. Los ex funcionarios que están presos al momento de rendir sus declaraciones se han cuidado de acusar directamente al  ex jefe de gobierno, y cuando más era posible que se lo juzgase por responsabilidad política, o encubrimiento.

Hasta que llegó el día en que el presidente Lenin Moreno denunció que en su despacho se encontró una cámara de video en pleno funcionamiento y que había sido instalada hace tres o cuatro años, pero que durante el nuevo gobierno aparecía activada y por tanto suministrando información a un receptor que, según Moreno, era el propio Correa, quien observaba todo con su teléfono celular.

Correa ha contestado con las sandeces que acostumbra pero no ha podido desmentir la existencia de la cámara aunque ha dicho que él no seguía las grabaciones. Acusó a Moreno de “ridículo”.

Pero el lunes 18 de septiembre, Lenín Moreno lo acusó formalmente de espionaje y además anunció que se investigará al militar responsable de su seguridad como primer mandatario.

Al respecto vale la pena recordar el caso del ex Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien fue acusado por espionaje a más de 150 personas, utilizando recursos del Estado. La información internacional dice de manera contundente que podría ser condenado a “cuatro años por el delito de intercepción de llamadas sin orden judicial; cuatro por seguimiento, vigilancia y persecución; 10 por peculado, sustracción o malversación, y tres años por un agravante de peculado de uso”. Hoy está preso en Miami y pronto será entregado a las autoridades de Panamá.

El actual presidente de México y otro ex presidente de Francia están acusados del mismo delito.

De esta manera se concreta la más importante acción político-delincuencial de Rafael Correa plenamente comprobada y documentada por la cual debe ser indiciado y juzgado. Las acusaciones claras y oficiales emitidas por el actual presidente ecuatoriano son suficiente motivación para que fiscales, jueces, y más funcionarios de todos los niveles de las estructuras jurídicas del país realicen las acciones que corresponden en el caso de espionaje agravado.

Al momento de escribir esta nota solamente unos cuantos aliados políticos han intentado minimizar el hecho y cuando más creen que fue un descuido de alguien.

El caso se complementa con el perfil sicológico que ha mostrado Correa durante se ejercicio, que se caracterizó por su intemperancia e incontinencia verbal. Las acciones violentas y su vaguedad ideológica se explican con la toma de decisiones propias de una personalidad autoritaria que le llevaba a dar órdenes sin ton ni son, sin aparente responsabilidad legal.

Ciertos elementos policiales han emitido la información que el caso podría extenderse “hasta que las comprobaciones técnicas” concluyan, lo cual no es una buena defensa de los ciudadanos del Ecuador, más aún de su principal autoridad que se encontraría sin garantía de seguridad. Las dilaciones en este caso tienen el grave riesgo de ser imputadas como encubrimiento falaz.

18  sept 2017

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