Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 

Consulta Popular

En el año 2007 un 82,7% de los ecuatorianos aprobaron la convocatoria a una Asamblea Constituyente con la esperanza de dar vuelta a las amargas páginas del neoliberalismo. El producto de este proceso fue la aprobación, mediante referéndum, de la Constitución de Montecristi con el apoyo del 63,93% de votantes.

El nuevo marco legal representó un imaginario colectivo anti neoliberal de las masas en el Ecuador, la pérdida del peso específico de los sectores tradicionales que históricamente habían gobernado y una trascendente movilización social que se impuso por encima de las órdenes de Correa que pretendió proscribir algunos derechos[1].

La otrora Carta Magna calificada como “un canto a la vida, que duraría al menos 300 años”, pronto se constituyó en un obstáculo para el correísmo que la sojuzgó por debajo de sus intereses. Así en sólo 3 años, después de aquel 2008, la Constitución fue diseccionada “para  meterle la mano a la justicia” como confesó el ex presidente Correa, de allí el propósito central  de esta acción fue la de lograr sumisión de la función judicial[2] al viejo estilo del difunto Febres Cordero.

Pero el control de los órganos de justicia no fue lo único que logró el anterior régimen, detrás del discurso de defensa de una inexistente revolución sedujeron a la antigua partidocracia y a la emergente burguesía, enriquecida en década la anterior, para corporativizar el Estado en favor del partido oficialista. Esa fue la fórmula sumatoria de la razón utilitaria y de falsas lealtades construidas por el caudillo ahora ausente.

Es esa correización del Estado una especie de autocracia: “forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley” (RAE, 2017) que ahora implosiona por la corrupción sistemática permitida y compartida por los principales de las instituciones de control, quienes se beneficiaron de grotescos concursos organizados desde Carondelet para premiar a modernos esclavos del dinero y el poder.

Esa implosión tiene la dimensión de una crisis política e institucional capitalista en la que recrudecen las contradicciones entre el pueblo y el correísmo, pero también las pugnas interburguesas que desenlazarán cambios del Estado burgués.

Esos conflictos son evidentes al momento de pasar revista a las propuestas de cada sector político en el Ecuador, así:

El correísmo formalmente por un lado dice sí a la consulta, pero se opone que el pueblo decida sobre temas fundamentales, para ello utiliza el argumento que no pueden ser regresivos los derechos; mientras que por otro amenaza con la convocatoria a la muerte cruzada que significaría la cesión de funciones del binomio presidencial y de todos los asambleístas, además del desarrollo inmediato de elecciones. Esta política evidencia la naturaleza antidemocrática de Alianza País y las continuas fricciones en su relación con el Licenciado Moreno. ¿Acaso por encima de los derechos están los intereses de Rafael que sueña por o mantener el poder político, desde el ático de Bruselas, de las instituciones del Estado?

La otra derecha, la tradicional, pretende sacar ventaja de la crisis política actual, apuestan que el escenario de las contradicciones interburguesas les permita reposicionarse no sólo por recuperar su influencia en la institucionalidad capitalista, sino por contrabandear algunas preguntas dentro de la consulta (flexibilización laboral, la administración del dinero electrónico, privatizaciones, etc.) con el propósito de descargar la crisis sobre los bolsillos de la juventud, los trabajadores y los pueblos.

Desde las organizaciones sociales, populares y políticas vinculadas a la izquierda se constituye otra de las alternativas de consulta popular, originalmente de su seno surgió la iniciativa de demandar su convocatoria, para convertirla en un plebiscito que juzgue la década de fracaso económico, autoritarismo y corrupción del correísmo. Las preguntas propuestas para someterlas al escrutinio público tienen relación a: la extinción de dominio de los bienes de los corruptos, la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la cesación de funciones de las autoridades de justicia y control del Estado[3], la vigencia de la Ley de Comunicación, la derogatoria de las enmiendas anticonstitucionales del año 2015 (reelección indefinida de las autoridades de elección popular y políticas antilaborales).

Esta disputa sobre el tipo de orientación que tome la consulta popular es la expresión genuina de la lucha de clases en el Ecuador, es una manifestación de opiniones contrarias y contradictorias que ponen al debate las visiones de cómo solucionar la crisis política y fiscal que arrastra el Ecuador; en definitiva se trata de un momento político en el país del cual parirá una nueva correlación de fuerzas en la que ciertamente el correísmo perderá hegemonía después de un largo decenio.

Ese debate trasciende las instituciones estatales y la academia, pues no se trata de un asunto de políticos o especialistas. La descorreización supone la democratización relativa de la sociedad, por lo que urge que el movimiento social y popular ecuatoriano tome postura por una consulta popular progresista, en su forma y contenidos, que se derivará de la movilización callejera.

Finalmente la decisión política acerca de la consulta popular depende del Licenciado Moreno, las preguntas que se planteen son de su absoluta responsabilidad y desnudará su naturaleza política e ideológica con determinada tendencia política.

Está próximo el momento de develar del mito de la caverna morenista, cualquiera sea su decisión esta coyuntura socavó los podridos cimientos de un sistema económico, político y social que requiere transformarse.


[1] El incentivo a la jubilación de los maestros se logró luego de una huelga de hambre organizada por la UNE, la gratuidad de la educación superior fue resultado de la presión callejera impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y otros gremios universitarios, la vigencia de la autonomía del Seguro Social Campesino fue obra de la unidad de los afiliados a la FEUNASSC. Estas son algunas victorias que las masas organizadas lograron que se articule en la Carta Magna.

[2] Una filtración de correos electrónicos enviados y recibidos demostrarían como desde Carondelet se instruía sobre posibles sentencias a jueces y fiscales. Los principales involucrados en estas prácticas arbitrarias (Correa, Alexis Mera, Gustavo Jalkh, etc.) no desconocen su accionar, aunque básicamente lo justifican como necesario.

[3] Se plantea que sean cesadas las funciones de: los consejeros, jueces, miembros y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, de la Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado, de la Fiscalía General del Estado y de todos los Superintendentes.

 

0
0
0
s2smodern

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Portada

O opcion

Opción en tu e-mail

Sé parte de nuestra red, suscríbete al boletín electrónico para que recibas en tu e-mail las noticias al día.

Encuéntranos en Facebook

Síguenos en Twitter

Páginas amigas

ecuadorlibrered

kaos

inredh

cedhu 

 en marcha

conaie

tegantai

linea de fuego

 

opciontodos

Acerca de Nosotros

 

OPCIÓN es un periódico que circula a nivel nacional cada quince días. Se editó por primera vez el 21 de enero del 2001. Tiene una línea editorial que se identifica con los sectores populares y movimientos sociales del país, por eso es un medio de comunicación alternativo; alternativo a los intereses políticos, económicos, sociales y comerciales -hegemónicos capitalistas- que guían la acción de los mass media.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com