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codigo participacion ciudadana

Por: Redacción OPCIÓN

Desde hace algunos años, el gobierno ha pretendido deslegitimar a las diferentes organizaciones y movimientos sociales de gran trayectoria de lucha, mediante la creación de gremios alternos a las federaciones de estudiantes, sindicatos de trabajadores, maestros, afiliados al seguro social, jubilados e indígenas, entre otros. Posteriormente, en el 2013 el presidente Rafael Correa emite el Decreto 016 para “regular” a las organizaciones sociales, las cuales presentaron la respectiva demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional sin recibir respuesta alguna; en el 2015 fue reformado por el Decreto 739.

Con dichos decretos se han establecido parámetros de cumplimiento para las organizaciones mediante una serie de requisitos y dándole al régimen la potestad de determinar la disolución legal de una organización si es que considera que está “realizando actividades de política partidista, de afectación a la seguridad del Estado o a la paz pública”. Argumentos con los cuales se han manejado durante estos diez años, atentando contra instituciones como Acción Ecológica, que fue víctima de un intento de cierre en 2009; la disolución de la Fundación Pachamama en 2013, el intento de cierre de Fundamedios en 2015 y la reciente disolución de la Unión Nacional de Educadores en 2016, entre otros entidades que han sido ilegalizadas por no estar de acuerdo con la política oficialista, sin tomar en cuenta que  sus acciones se encontraban perfectamente amparadas en  el Art. 98 de la Constitución,  que reconoce que “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

Es así que el pasado 31 de marzo la asambleísta por Alianza País Jhoanna Cedeño presentó ante el pleno el proyecto de “Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social” , el mismo que en nombre suena bonito porque habla de “fomentar y promover la participación de la ciudadanía, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios y demás formas de organización licita”, pero que en el fondo legaliza y enfatiza el control del gobierno sobre la vida de las organizaciones sociales.

Y es que de aprobarse esta normativa se violentaría directamente el Art. 66 numeral 13 de la Constitución que reconoce el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria,  además de atentar contra el  Art. 96 que establece que “ Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos”, ya que al tener el régimen el poder de decisión sobre los colectivos sociales hay más posibilidades de eliminar los que no estén afines a sus intereses.

Como el Estado será el encargado de determinar si una organización cumple o no con los requisitos para “ser reconocida” como tal, debe entregar a la entidad competente la documentación e información completa a incluirse en el Registro Único de las Organizaciones Sociales manejado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS, documento que incluye un listado con los nombres y apellidos completos de los miembros.

“No hay garantía del manejo adecuado de la información, ni de la privacidad de estos datos. Ese registro se constituye en un arma para la persecución y es una clara intromisión en los asuntos internos de las organizaciones sociales. Basta ver lo que ha ocurrido en el sindicato del Magisterio, y la acción del Ministerio de Educación: persecución, acoso, judicialización a maestros de la UNE por su filiación política y gremial”, sostiene Karla Calapaqui, experta en temas de derechos humanos, quien además enfatizó que “Buscan regulación y control a las organizaciones sociales para para marcarles el límite, y que no confronten al poder y sus políticas. Tratan de limitar al máximo su capacidad de incidencia y organizativa”.

Es un tema que preocupa a muchos ya que por más que las organizaciones cumplan con los requisitos y las actividades que realicen estén dentro del marco legal, como su creación depende del análisis y una revisión por parte de las autoridades pertinentes, no habrá una proporcionalidad justa.

“Este proyecto de Código, entonces, buscaría encargarse del desarrollo y funcionamiento de la vida jurídica de las organizaciones sociales, no solo en el proceso de creación de la misma, sino también de procesos como la aprobación, reforma, codificación de estatutos, disolución y liquidación de la misma, dándole un papel protagónico al Estado en estas acciones, violando así el derecho a la libertad de asociación”, sostiene INREDH en un comunicado público.

Otro sector que se vería gravemente afectado es el Movimiento Indígena ya que sus  organizaciones también deberán someterse a ese código,  con lo cual  se hace caso omiso del Convenio 169 de la OIT  que reconoce que los Estados  deben  encargarse  de desarrollar acciones coordinadas  y enfocadas a proteger los derechos de los pueblos y garantizar el respeto de su integridad y sobre todo “No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados”.

También se vulnera el Art. 57 de la Constitución, que establece “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social”; así de aprobarse el proyecto se vulneraría incluso su autonomía en lo que respecta a formas de gobierno  y toma de decisiones en las comunidades.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), estableció seis puntos importantes que no deben pasar desapercibidos 

  • Necesidad de implementar un amplio proceso de participación social y en especial de consulta pre-legislativa.
  • Injerencia Estatal del proyecto en el ejercicio de derechos constitucionales.
  • Restricciones e Intromisión en los procesos de constitución legal de organizaciones sociales.
  • Disolución y la Liquidación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
  • Falta de procedimiento claro para la disolución de organizaciones sociales.
  • Intento de regulación normativa del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Estos puntos señalan, afectaciones que continúan violentando la Carta Magna, pues, por ejemplo en el caso de la Consulta Pre – legislativa esta quedaría en la práctica deslegitimada, puesto que a pesar de que la comunidad manifieste su desacuerdo con algún proyecto que vea que le afecte será el Estado el que decida si se da paso a los proyectos, burlándose así de la opinión de los protagonistas del proceso.

 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH ha manifestado que “las expresiones abiertas como orden público, seguridad pública, entre otras, no pueden ser usadas como pretextos para restringir, o en ese caso, impedir el ejercicio de los derechos”. 

“Con este excesivo control de las organizaciones no solo se podría violar el derecho a la libertad de asociarse, sino que además constituiría una restricción para la promoción y defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en las organizaciones que tienen como fin acompañar procesos de exigibilidad”, sostiene INREDH.

“Esta ley tiene dedicatoria contra el derecho a la libertad de asociación y de reunión, contraría lo que señala la Constitución y estándares internacionales.  El Decreto 016 hecho ley pretende que las organizaciones sociales no tengan un rol protagónico, sino sumiso, que no controlen a las instituciones del Estado sino que sean parte del Estado, que no construyan poder ciudadano sino que sean una red clientelar”, finaliza Calapaqui. 

 

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OPCIÓN es un periódico que circula a nivel nacional cada quince días. Se editó por primera vez el 21 de enero del 2001. Tiene una línea editorial que se identifica con los sectores populares y movimientos sociales del país, por eso es un medio de comunicación alternativo; alternativo a los intereses políticos, económicos, sociales y comerciales -hegemónicos capitalistas- que guían la acción de los mass media.

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