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Prohibido Olvidar

Por Ramón Fuentes

Después de 10 años del gobierno de la autodenominada “revolución ciudadana” -el más largo constitucionalmente de la historia del Ecuador- es pertinente hacer un análisis de su efecto en la estructura del Estado, la Constitución y las leyes, las funciones del Estado, el aparato gubernamental y otros ámbitos de la vida nacional.

En la Constitución de Montecristi -que regiría por 300 años en expresión del Presidente Correa- se establecieron las bases para la nueva organización del Estado. Llevó al control de todas las funciones del Estado mediante diferentes mecanismos, pero principalmente a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de poderes extremadamente amplios que nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Contralor, Fiscal, Defensor del Pueblo; todo esto con la venia del Presidente y su discurso de la “revolución ciudadana” y la “democracia participativa” que en la práctica fue populista y autoritaria.  “El nuevo texto constitucional, presentado al pueblo esperanzado como la panacea para la solución de sus más hondas y acuciantes necesidades, no es más que el instrumento, a modo de camuflaje democrático, para consolidar la dictadura correísta”. (2).

La nueva Constitución  que tantas esperanzas despertó en la mayoría de ecuatorianos fue una desilusión. La Constitución es muy extensa: 444 artículos, 30 Disposiciones Transitorias y 30 del Régimen de Transición; es  retórica, repetitiva, ambigua y confusa. Al parecer fue una cortina de oropel para ocultar el verdadero propósito: imponer un “proyecto político” para 300 años. Ya van 10 años y el Ecuador está al borde de la quiebra institucional y económica.

El nuevo modelo –según algunos analistas- fue mentalizado por asesores extranjeros para asegurar que el presidente de la Republica  concentre y controle todos los poderes del Estado, someta a la Asamblea Nacional, actúe como colegislador y bloquee toda iniciativa de fiscalización de los actos del Gobierno. Sobre ese andamiaje se puso en ejecución el “proyecto político” que tuvo como eje central la propaganda a través de los medios de comunicación controlados por el Ejecutivo para difundir la “verdad” oficial, única e infalible, en cadenas informativas y sabatinas para el adoctrinamiento de la población, ataque a toda disidente con el pensamiento oficial y descalificación a los adversarios políticos,  ante el aplauso de personas movilizadas desde diferentes ciudades con fondos públicos y con la asistencia obligada de empleados del Gobierno bajo amenaza de ser cancelados de sus cargos.

La década  perdida

Para el gobierno de Alianza País ha sido la década ganada, pero para la  ciudadanía de todo el país ha sido la década de los nuevos ricos, que han levantado grandes fortunas entonando canciones protesta y loas al “socialismo del siglo XXI” y la “revolución ciudadana” que nunca llegó. El ciudadano bien informado sabe que fue la década perdida para el desarrollo, cuando el país recibió los mayores ingresos de la historia (bonanza mal administrada), que devino en una gigantesca deuda pública; fue la década en la que no hubo fiscalización de las obras realizadas por el Gobierno a costos elevados -por los sobreprecios y las coimas a las que se les llamó “propinas”-. Algunas de esas obras han sido calificadas como “elefantes blancos”, cuya factura pagará la presente y las futuras generaciones.  La historia no les absolverá.

La herencia de correísmo deja una grave ruptura de la institucionalidad del Estado, caos e inseguridad jurídica, un modelo económico insostenible, endeudamiento externo e interno, tributación excesiva, corrupción, restricción de la libertad de pensamiento y opinión, criminalización de la protesta social, excesivo gasto público y derroche, hipertrofia del aparato de gobierno (muchos ministerios y secretarías de Estado).

Una nueva Constitución: el imperativo nacional

“La Constitución vigente ha permitido un ejercicio concentrador del poder y, por lo tanto, arbitrario y autoritario; por lo mismo, se plantea la necesidad de preparar las condiciones políticas, jurídicas y sociales para propiciar una profunda reforma política a través de una Asamblea Constituyente que desmantele las características más peligrosas del aparato estatal introducido en la Carta Fundamental vigente y que dicte una nueva Constitución, que garantice el ejercicio de una democracia participativa e independencia de las funciones públicas, así como los límites del poder, para precautelar los derechos individuales y colectivos”. (3) Esta propuesta es compartida por destacados juristas, académicos, medios de comunicación, líderes sociales y políticos.

Es un imperativo de supervivencia del país es luchar por la reinstitucionalización del Ecuador, el restablecimiento de la auténtica democracia,  la libertad y los derechos humanos, la dignidad y el honor nacional, en suma, luchar por la restauración del Estado de derecho en el país.

Referencias

               (1)        Rodríguez Vicéns, A, No son tiempos de callar. Paradiso Editores, Quito, 2013.

              (2)        Rivadeneira, H, “Necesidad de una reforma política para ampliar la democracia y la participación”. En: Ciencias Jurídicas. Revista               de la Sección de Ciencias Jurídicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. No. 6 Época II, Quito, 2016.

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