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Por: Galo Benítez

Privatizar las gasolineras, como dijo Correa allá en el 2005 en relación a la entrega de los campos petroleros, es también TRAICIÓN A LA PATRIA.

El reciente anuncio del presidente Rafael Correa de ordenar la venta de las gasolineras de Petroecuador

me produjo no solo indignación, sino un profundo pesar, al ser testigo del nuevo asalto al patrimonio de los ecuatorianos.

La política del régimen sigue la tónica del despojo y la privatización de las áreas estratégicas de la nación, al promover la entrega a la empresa privada de un sector tan importante como es la comercialización de combustibles.

Cuando el gobierno habla de una competencia desleal al referirse al costo menor de la gasolinera super, de USD 2,00 versus 2,30 de las privadas, se  pretende desconocer que por ley a Petroecuador le corresponde intervenir en esta fase de la industria, no solo para ofrecer calidad y cantidad en el servicio, sino y sobre todo para regular al monopolio privado de la venta de combustibles.

Desleal y antinacional es el hecho de que en el país existan 1023 estaciones de despacho, de las cuales apenas 49 le pertenecen a la empresa pública, es decir que menos del 5% del mercado es controlado por el Estado. El restante 95%  se reparten empresas privadas locales y extranjeras, como PRIMAX, TERPEL, P&S, etc.

Tal como sucedió con los campos petroleros concesionados por el gobierno, en los que el país invirtió cientos de millones de dólares en desarrollarlos, el régimen pretende entregar un negocio redondo al voraz sector privado. Por ejemplo, solo la gasolinera de la Av. Eloy Alfaro y Amazonas atiende sobre  los 5 000 vehículos diarios.

Asimismo, en vano se invirtió 3,6 millones de dólares en la gasolinera de Ponciano al norte de Quito, la misma que es referente de servicio, bajo precio y calidad, bajo estándares de cuidado ambiental y ahorro en beneficio de miles de usuarios del sector.

Cabe otra pregunta, ¿acaso le interesa al gobierno controlar el monopolio dominante de las gasolineras privadas o proteger el interés nacional? El control y participación en la venta de combustibles es también parte estratégica de la seguridad nacional, habida cuenta que todo vehículo motorizado utiliza combustibles, para el transporte público o privado. Además, desprenderse de las gasolineras significaría afectar el control del  contrabando. El contrabando genera cuantiosas pérdidas al fisco, pues la venta clandestina de combustibles será siempre rentable, por el bajo precio local, en relación a Colombia y Perú.

Un verdadero gobierno de izquierda, hace rato que hubiera tomado control de  todas las gasolineras privadas, para obtener los ansiados ingresos, en aras de ayudar a cubrir no solo la brecha fiscal existente, sino de obtener recursos permanentes para la inversión social. Hagamos números: si una gasolinera en promedio reporta ingresos netos diarios de 5 mil dólares, proyectemos la rentabilidad si el Estado administrara las 1000 gasolineras privadas que existen en el país. El gobierno recibiría no menos de 5 millones de dólares diarios, o 1 800 millones al año.

Solo a un loco irresponsable y anti patria se le puede ocurrir vender las áreas estratégicas de la industria petrolera a favor de la empresa privada. En el caso de Venezuela, el ingreso generado por las más de 200 gasolineras que tiene

PDVSA en EE.UU. ha alimentado por lustros el fondo multimillonario que financia as misiones sociales. Lo propio ha sucedido en Ecuador, con los ingresos obtenidos por la venta de combustibles y la explotación del petróleo en la Amazonía, Petroecuador ha impulsado múltiples obras en los asentamientos humanos donde tiene presencia la empresa pública.

No sorprende que el presidente Correa lidere la decisión de vender las gasolineras estatales, pues ha sido el promotor de la entrega de los campos petroleros al sector privado. En nuestro país, la complicidad de los gobiernos de turno a favor de la empresa privada tiene vieja data.

 Recuerdo cómo durante una administración municipal se consintió el cierre y desmantelamiento de la planta de envasado y despacho de gas de uso doméstico del Beaterio en Quito, para favorecer a las comercializadoras privadas. En aquel entonces (año 2002), la planta procesaba 36 mil cilindros diarios con ingresos mensuales cercanos a los 2 millones de dólares.

Seamos claros, competencia desleal es la que utilizan las Telefónicas privadas

al controlar el 97% del mercado, a vista y paciencia del régimen; competencia desleal es la que ejerce la Coca Cola al controlar el mercado de la venta de bebidas gaseosas, la de la Ford y/o Chevrolet que acapara gran parte del mercado de automotores del país.

Competencia desleal es la que imprimen los grandes supermercados que a diario aplican el dumping comercial, para comprar la producción local a  precios ínfimos, a fin de manipular los precios a su conveniencia, afectando al pequeño tendero de la esquina. O también es competencia desigual la que tienen que enfrentar las boticas independientes, que apenas sobreviven ante la  amenaza de las cadenas farmacéuticas privadas.

Para concluir, el Estado es el principal agente de subsidio de los combustibles, que en el caso de la gasolina puede costar hasta 11 dólares el galón, en el mercado internacional. Quienes se han beneficiado de los bajos precios han sido –y con derecho- los consumidores ecuatorianos; pero qué derecho tiene el sector privado de sacar partido, o si se quiere de lucrar de este subsidio. Cada año el régimen debe gastar más de 3 000 millones de dólares en la compra de derivados, los mismos que se transportan y despachan a las gasolineras para su comercialización, utilizando los poliductos y terminales del Estado, para su almacenamiento y transporte. Quien debe beneficiarse es Petroecuador y sus estaciones de servicio, como es obvio, no solo por ser dueña de la infraestructura existente, sino porque el fruto de la venta de los combustibles no va a parar a bolsillos de capitalistas privados, sino a contribuir a los ingresos fiscales para financiar la obra pública. El privatizar las gasolineras, como dijo Correa allá en el 2 005 en relación a la entrega de los campos petroleros, es también TRAICIÓN A LA PATRIA. Juzgue Ud. amigo lector.

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