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justicia

Por Vladimir Andocilla

Con fecha 6 de enero de 2017 la Dirección de Escuela de la carrera de Matemática y Física de la Universidad Central del Ecuador envía al Colegio de Abogados de Pichincha (CAP) la información de una encuesta realizada entre el 19 y el 23 de diciembre de 2016 a 2.428 abogados afiliados al CAP, con los siguientes resultados:

¿Considera usted que la justicia en el Ecuador es independiente?

Nada independiente 45,9%, Poco Independiente 25,5%, Medianamente Independiente 19,4% y totalmente independiente 9,3%

¿Cómo definiría usted el estado actual de la administración de justicia?

 Muy bueno 6%, Bueno 25%, Malo 40%, Pésimo 29%

¿Considera usted que los ciudadanos podemos confiar en el sistema de justicia que tenemos en el Ecuador?

Mucho 7%, Medianamente 23%, Poco 35%, Nada 35%

¿Cómo definiría usted el nivel jurídico de las decisiones judiciales en el Ecuador?

Totalmente confiable 7%, Medianamente confiable 23%, Poco confiable 35%, Nada confiable 35%

Los datos aquí consignados demuestran una visión muy alarmante sobre el estado de la justicia en el país, la misma que no puede ser evaluada solamente por su nivel de infraestructura, atención al cliente o eficacia en el despacho de la carga procesal, sino principalmente por dos variables que demuestran la calidad de la misma: INDEPENDENCIA y MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS.

El Consejo de la Judicatura (CNJ) no ha demorado en confrontar los datos y tratar de desvirtuar los mismos, incluso en el informe de labores presentado por el presidente del organismo a la Asamblea sólo se cuantifica la eficacia del despacho y no la calidad de las sentencias, pues al decir de las autoridades “en los últimos 12 meses ingresaron 625.536 causas y se resolvieron 801.230. La diferencia se da porque en las dependencias judiciales del país, a más de los procesos nuevos, se despachan también los de años anteriores”.

Pero lo que no dice el Dr. Jhalk es que para lograr las cifras de eficacia procesal los servidores judiciales son obligados a un trabajo inhumano, con horas extras no devengadas y precarización laboral que se traduce en providencias universales para resolver todo tipo de casos, pues no se alcanza a leer los escritos presentados y menos aún a verificar la información que se contiene en ellos.

Según Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados la cosa no queda ahí, pues “la falta de criterios de unificación jurisprudencial, unida a la escasa formación jurídica que la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura otorga a los funcionarios, se refleja en decisiones judiciales de ínfimo nivel, que además de alejarse de los estándares actuales de la dogmática jurídica, se encuentra cada vez más separada de los estándares de respeto a los derechos humanos. Basta, como botón de muestra, saber que tenemos una Corte Nacional de Justicia que considera que la privación de libertad no es apelable, si no ha sido dictada en ciertos momentos procesales”.

Pese a los esfuerzos propagandísticos de los funcionarios del CNJ por querer demostrar que el Ecuador cuenta con una justicia independiente, la realidad es necia: mediante un twitter el Presidente de la república solicita sanción a un fiscal, el Secretario jurídico de la presidencia viaja a Brasil por información del caso Odebrecht, por mencionar sólo dos ejemplos.

Como lo señalara el constitucionalista colombiano Rodrigo Uprimny: “Sólo unos jueces autónomos pueden proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que estemos en un gobierno de leyes y no de personas, en donde las autoridades no abusan de su poder. Y sólo respetando las reglas constitucionales y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, es posible que se forme una voluntad democrática libre”, aspiración que está por construirse en nuestro país. 

 

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