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 asambleistas up

Por: Mayra Toapanta

Luego del consenso del Acuerdo Nacional por el Cambio (ANC) de que cada organización política debe presentar su lista de candidatos para asambleístas nacionales y provinciales, Unidad Popular (UP) definió que esta sea encabezada por Lenin Hurtado, Rossana Palacios, Nelson Erazo, Diego Borja, Solanda Goyes, Cristina Cachaguay, Carlos Castellanos, Karla Calapaqui, Andrés Quishpe, quienes se han comprometido a trabajar responsablemente para cambiar la realidad actual mediante un cuerpo legislativo que apunte a promover leyes que favorezcan a las mayorías. A continuación se detallan algunas propuestas.

Lenin Hurtado, Doctor en Jurisprudencia y Especialista en Propiedad Intelectual, que se ha caracterizado por ser un defensor a carta cabal de las organizaciones populares y sindicales,considera que el objetivo de fiscalizar es impedir que los recursos del Estado sean desviados a levantar la fortuna de unos pocos a costa de la población ecuatoriana.

“Es necesario cumplir con las obligaciones de fiscalizar toda la obra pública, porque si bien es cierto hay gran obra vial, pero también es importante saber bajo qué términos se realizaron esos contratos, tomando en cuenta que gran parte de ellos se hicieron a través de las declaratorias permanentes de emergencia, es decir, contratación a dedo.

“Mi propuesta también se enfoca en auditar los elevados niveles de corrupción, pues los vergonzosos actos de Petroecuador y CAPAYA son sólo la punta del ovillo, porque hay un sinnúmero de hechos que se han denunciado, pero que no se han procesado entre otras cosas por la falta de independencia de las funciones”.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, hombre con principios e ideales íntegros, que se ha caracterizado por la defensa de los derechos laborales de la clase obrera. “Los trabajadores no podemos seguir hipotecando nuestros intereses a los ricos, ni a Lasso ni a Viteri, ni a Moreno; con las propuestas del ANC estamos seguros que los trabajadores recuperaremos todos nuestros derechos.

“Desde la clase obrera alcanzaremos la aplicación plena de nuestros derechos cuando se nos permita levantar nuestra voz contra las injusticias y podamos plantear leyes a nuestro favor, es por eso que vamos a la Asamblea a plantear un Nuevo Código del Trabajo, que garantice la estabilidad laboral y combata los despidos permanentes realizados por los empresarios y por el gobierno de Rafael Correa; por una Ley de Salarios que permita cubrir el costo de la canasta familiar, que está sobre los 700 dólares, con lo cual tomando en cuenta que la mayoría de empleados en el país percibe 366 dólares esto significa que los trabajadores no alcanzan a cubrir ni el 55% de la canasta; y por una Ley de Seguridad Social en donde sus verdaderos dueños (los afiliados) dirijan el IESS.

Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), mujer valiente y consecuente en defensa del magisterio ecuatoriano, ahora intenta llegar a la Asamblea para recuperar la dignidad de los docentes.

“Esta es una decisión del Consejo Nacional de la UNE, que creyó que era necesario que la voz del docente debe fiscalizar, que para nosotros es justamente auditar entre otras cosas el costo de la construcción de las 70 unidades del milenio (para la política del Plan Decenal no eran cajas de cemento solamente, sino que se contemplaban con docentes capacitados, bien pagados, con nombramientos, etc.), porque ese dinero es del pueblo ecuatoriano.

“Impulsaremos una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), generando un modelo educativo que mejore la calidad de la educación, revalorice el papel de los docentes, promueva la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones.  Nunca más un modelo que afecte la dignidad de maestros, estudiantes y padres de familia. Nunca más un modelo sancionador y excluyente.

“Entre otras cosas trabajaremos por recuperar el Fondo de Cesantía del Magisterio (FCME), la personería jurídica y patrimonio de la gloriosa UNE Nacional, que si bien es cierto en 1977 ya la perdimos, pero que gracias a la perseverancia de este gremio la volvimos a recuperar y en esta ocasión sucederá lo mismo. El 2007 no se iguala al 2017, pues la correlación de fuerzas ha cambiado, por eso es importante estar adentro, y como asambleístas dialogar y generar cambios”.

Diego Borja, ex ministro de Economía, ex asambleísta en Montecristi, ex director del Banco Central, comenta que haciendo un balance de lo que ha hecho el gobierno actual en política económica ha sido muy poco audaz y creativo. “El plantearse vender campos como Sacha, o las hidroeléctricas que están culminando su construcción, para adquirir ingresos y poder salir del bache de caída al final del año, es una mala idea; el plantear una Ley del Plusvalía que le grava a la gente con un impuesto del 75% de la ganancia cuando venda su casa es una mala idea; el aumentar el IVA al 14% para salir del terremoto de abril también fue mala idea, que a la final termina pasándole factura a la población y por supuesto al próximo gobierno.

“Por lo tanto, desde la Asamblea haré todo lo que esté en mis manos para impulsar leyes que permitan principalmente generar un Pacto Nacional por el Empleo, pues una familia que tiene empleo asegurado es una familia que está consolidada. Un pacto por el empleo permitiría, tanto a los empresarios como a los trabajadores, entrar en un consenso sobre lo que se debe hacer para generar plazas de trabajo sin precarizar el empleo ni a costa de disminuir los derechos adquiridos por los trabajadores, o dicho de otra manera, no a costa de aumentar la explotación de la fuerza de trabajo.

“Esto implica una serie de medidas creativas, como la modernización del Código del Trabajo; modificación de los esquemas tributarios, disminuyendo los impuestos a los pequeños productores, emprendedores, profesionales, más no a los grandes capitales especulativos; de tal manera que ese dinero que está yendo a las arcas públicas y que muchas veces hemos visto que se desvían para áreas que no son las de bienestar nacional, podría ser utilizado por los agentes productivos, privados cooperativos, mutualistas y generar fuentes de trabajo. Es decir, se requiere de un trabajo mancomunado entre la Asamblea, que genera las leyes, y el Ejecutivo que produce las políticas económicas”.

Solanda Goyes, doctora en Jurisprudencia, defensora de los derechos humanos, activista por los derechos de las mujeres y coordinadora del Colectivo Nosotras por la Democracia, menciona que en estos 10 años las mujeres oficialistas remarcaron todo lo que no debían hacer, la sumisión y la obediencia. “Ninguna fue capaz de reclamar o hacer un proceso de fiscalización frente a la vulneración de nuestros derechos.

“La Constitución tiene 444 artículos, es decir, hay un catálogo de mecanismos para resolver las necesidades de la población, lo que se necesita es voluntad política para trabajar en una Asamblea compuesta de varias fuerzas políticas que permita generar acuerdos para hacer cambios sustantivos, que a más de avanzar en temas económicos, también permitan avance en derechos.

“Desde el Acuerdo Nacional por el Cambio hemos sido los únicos en asumir la despenalización del aborto, al menos en casos de violación, pues si recordamos en el 2015 existieron más de 2.400 niñas entre 10 y 14 años que se embarazaron, muchos de esos casos por violación (incluso de sus propios familiares), y si el Estado les obliga a tener esos hijos, son niñas madres de otros niños y es ahí cuando se les trunca la vida; lo humano es la defensa de la vida de esas niñas, que el Estado apoye ese aborto con un sistema de salud que provea ese servicio y que les ayude a salir de ese trauma.

“Luego de la ola de migración que se generó después del feriado bancario, las familias han cambiado, ahora existen familias entre personas del mismo sexo y no es un tema que hay que prohibir y mucho menos en la época en la que vivimos, lo que haremos es buscar formas para garantizar que esta gente también viva en plenitud.

“¡Basta de maltratar mujeres! ¡Basta de criminalizar a las mujeres que abortan! ¡Basta de matar mujeres! ¡No a la violencia machista! ¡No a la impunidad!”

Unidad Popular expresa, sin lugar a duda, la unidad del movimiento social, unificado en medio de las jornadas de protesta de los últimos años, contextos que requirieron la necesidad de que los sectores populares -trabajadores, juventud, mujeres, indígenas, campesinos, comerciantes minoristas, profesionales, maestros- asuman el rol de actores políticos para llegar a la Asamblea y recuperar los derechos arrebatados por el correísmo.

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