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oit sobre la une

La forma en la que el gobierno nacional procedió a la disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) no solo ha conmocionado al país entero, sino que también ha causado preocupación en instancias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), instancias que le exigieron al Estado ecuatoriano, entre otras cosas, respetar el derecho a la libertad de asociación.

En el caso de la OIT, mediante una carta enviada el 7 de septiembre pasado, Guy Ryder, director general de la organización, le recordó al gobierno de Rafael Correa que la disolución administrativa de las organizaciones sindicales es contraria al Convenio 87.

En el documento se considera que la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), solicitaron al Ministro de Educación la constitución de una comisión de diálogo, pero haciendo caso omiso al pedido, el 29 de agosto la policía nacional procedió a allanar los locales del gremio en las ciudades de Quito y Guayaquil, razón por la cual la ISP y CSA se vieron en la necesidad de solicitar a la OIT su intervención urgente.

Este organismo le recordó al gobierno que los órganos de control de la OIT ya le habían recomendado que se registrara la nueva directiva de la UNE y ratifica que la inviolabilidad de locales y bienes sindicales es una de las libertades civiles esenciales para el ejercicio pleno de los derechos sindicales; además, le exige al gobierno garantizar que la UNE pueda llevar a cabo sus actividades sindicales legítimas.

Por otra parte, el pasado 27 de septiembre, mediante un comunicado, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU condenó la disolución  de la UNE, señalando que la normativa dictada por el gobierno ecuatoriano a través del Decreto Ejecutivo Nº 739 establece restricciones demasiado amplias a la libertad de expresión y asociación, normativa que según los expertos permite a las autoridades ecuatorianas disolver asociaciones en base a criterios ambiguos, “la legislación ecuatoriana que le confiere al Ejecutivo poderes discrecionales para suprimir la voz de la sociedad civil en el país”, dice la misiva.

Además, hicieron un llamado al goce de la libertad de asociación, reconocida por el derecho internacional y consagrada en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ecuador en marzo de 1969; y a la vez señalaron que privar a los maestros de uno de sus principales canales de expresión colectiva no sólo afecta la libertad de expresión, sino también el sistema educativo ecuatoriano.

Tres fueron los relatores que emitieron el comunicado: Maina Kiai, sobre el derecho a la libertad de asociación; David Kaye, sobre protección y la promoción del derecho a libertad de opinión y expresión; y Michel Forst, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

“El derecho a la libertad de asociación es un principio democrático esencial y necesario para que los activistas tengan un efecto colectivo en la sociedad, y la disolución forzada de una asociación es una de las formas más severas que solo puede ser justificada en los casos más excepcionales ", dijo Kiai.

Para Kaye, los educadores son un sector vital del sistema educativo y privarlos de uno de sus principales canales para expresar colectivamente sus preocupaciones no solamente afecta a su libertad de expresión, sino también al sistema educativo.

Mientras que Forst sostuvo que con la disolución de la UNE los educadores ecuatorianos están privados de una herramienta fundamental para hacer que sus preocupaciones sean atendidas, afectando negativamente a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil en general.

Los expertos de la ONU reconocen que la disolución del gremio ocurre en un contexto muy difícil, de crecientes restricciones impuestas a asociaciones, a medios de comunicación y a defensores de derechos humanos, y mencionan que dadas las recientes actividades llevadas a cabo por la asociación, la disolución probablemente se relacione con su trabajo en casos de derechos humanos.

Por tal razón estos expertos en derechos humanos hacen un llamado a las autoridades ecuatorianas para que se cancele el proceso de disolución de la UNE, y además han solicitado clarificaciones sobre este caso.

Rosana Palacios, presidenta de la UNE, manifestó que este es un pedido frente a la violación a la libertad de asociación, “comunicados concretos que le dicen al Estado ecuatoriano violador de los derechos civiles y políticos que garantizan la libertad de sindicalización; todo esto ratifica que siempre tuvimos la razón y que lo que hemos venido defendiendo durante estos últimos días y meses es justo. No nos rendiremos, ya que el mandato de los docentes y del pueblo ecuatoriano es que defendamos una educación de calidad, que defendamos la profesión docente y que recuperemos el patrimonio que es propiedad de los docentes unionistas, así que nos ratificamos en esta lucha”, explica Palacios.

 “Este gobierno pasará a la historia por haber sido el gobierno que enterró la libertad sindical y el movimiento sindical en el sector público, ha dado mal ejemplo para que las empresas, incluso privadas, irrespeten la libertad sindical, como es el caso de Colchones Paraíso, empresa que a través de amenazas les está obligando a los trabajadores a que deshagan el sindicato que conformaron; entonces, este es un proceso sistemático que inició con la UNE pero que continúa con los demás sindicatos. Nos solidarizamos con todos los compañeros docentes y haremos el acompañamiento necesario en esta lucha por recuperar lo que nos fue arrebatado ilegalmente y continuaremos en las calles, porque es la única forma de hacernos escuchar”, expresa Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT.

Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), resalta el hecho de que la UNE por muchos años se ha mantenido en la defensa de los derechos de los maestros y del pueblo ecuatoriano, “el gobierno hábilmente está desconociendo el Convenio 87 de la OIT ratificado por nuestro país sobre el derecho a la libre asociación, entonces lo que se evidencia una vez más es la prepotencia y el autoritarismo del régimen correísta, razón por la cual, desde las organizaciones sociales del Colectivo Nacional de Dirección, anunciamos una nueva movilización nacional convocada para el 27 de octubre en contra del alto costo de la vida, por la libertad de asociación, por la defensa del Seguro Social Campesino (SSC), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISPOL), del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA); es decir en base a la plataforma de lucha”, indicó este dirigente sindical.

Estos luchadores sociales manifiestan que tienen muy claro el escenario en el que se ha venido desarrollando toda esta ofensiva hacia la organización social por parte del gobierno, que ha pretendido engañarle al pueblo señalando que ha mejorado las condiciones de vida de los ecuatorianos, cuando en realidad seis de cada diez personas no tienen trabajo. Para ellos la intención de desaparecer a la UNE tiene que ver con la persecución a quienes luchan por la transformación en el país e incluso dicen que si el gobierno no acata las recomendaciones de los organismos internacionales, el próximo año puede ingresar entre los casos de los Estados que más violentan los derechos de los trabajadores, elemento trascendente para el movimiento sindical a nivel internacional.

 

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