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 POLÍTICA

Por: Redacción OPCIÓN

Ciertos videos, que empezaron a difundirse en las redes sociales los primeros días de septiembre, han causado críticas e indignación en la población ecuatoriana, pues en ellos se puede apreciar a militares entrenando a civiles en maniobras de defensa, para actuar pero también atacar en las movilizaciones sociales.

En algunas tomas aparecen: el legislador alterno de Alianza País, Rodrigo Collahuazo, y Carla Delgado, integrante de la Coordinadora de Movimientos Sociales, afín al gobierno, ahora inscritos como pre candidatos a la Asamblea Nacional, quienes el pasado 14 de septiembre, en rueda de prensa, admitieron que son ellos quienes están en los videos. Collahuazo minimizó los hechos y explicó que su presencia es un montaje de edición, porque él nunca apareció junto a los militares, y que más bien participó en esos actos dando cursos de oratoria; mientras que Delgado señaló que se trataba de “una mañana deportiva y un pícnic”; pero al preguntarles quién gestionó la presencia de los militares y a pedido de quién se están haciendo estos eventos, entre titubeos la única respuesta fue que el órgano encargado de investigar es la Fiscalía.

Pero en los sectores sociales aún se recuerda que desde hace más de un año, en julio de 2015, cuando miles de ecuatorianos salieron a protestar en las calles, el presidente de la República, Rafael Correa, le ordenó al entonces canciller, Ricardo Patiño, fortalecer los Comités de Defensa de la Revolución, sobre todo en Quito, y en palabras textuales del mandatario: “para en caso de problemas tener 10 mil personas en dos horas en la Plaza Grande, defendiendo la democracia”,  y esto es lo que se afirma en esos videos, ya que las personas entrenadas simulan estar en la Plaza Grande.

“Para los representantes de Alianza País vivimos en un Estado donde todo es coincidencia y nada más, creen que ellos son los sabidos y el resto somos tontos, pero no es así, tanto las declaraciones de Collahuazo como de Carla Delgado no nos convencen, a pesar de la forma cínica y descarada con la que pretenden ocultar el cometimiento de una infracción grave, porque el Art. 350 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es claro cuando señala que quien imparta o reciba instrucción militar sin la autorización correspondiente recibirá una pena privativa de seis meses a dos años”, manifiesta Alonso López, director de Unidad Popular de la provincia del Guayas, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía del Guayas pidiendo que los órganos respectivos inicien las investigaciones y tomen las medidas que correspondan ante esta repudiable situación.

Para López, tres cosas están claras al respecto: que las personas filmadas han sido descubiertas en un hecho ilícito, que se están preparando para enfrentar movilizaciones de la oposición y que pretenden encubrir estos actos, afirmando que se trató de una mañana deportiva. “Lo que está viviendo el Ecuador es un proceso de descomposición económica, social, política y moral; este es un momento de perversidad, con una democracia debilitada y sus instituciones en descomposición”, mencionó este representante en una entrevista realizada en Contacto Directo.

Por su parte, Luis Villacís, ex director de Unidad Popular, y Pablo Castro, parte de los 10 de Luluncoto, en una entrevista en el programa Focus, en radio Democracia, condenaron la lentitud con la que se está procediendo en las investigaciones y afirmaron que la justicia solo actúa en contra de los luchadores sociales.

Según Villacís, el gobierno ha desprestigiado a las organizaciones sociales para desaparecerlas del escenario político, pero no lo ha conseguido, “en la historia del MPD y de Unidad Popular hemos ejercido la movilización porque ningún gobierno nos ha dado las cosas así de fácil, pero no por eso hemos tenido que escondernos en un pícnic ni buscar entrenamientos con militares; esos señores hacían un curso de oratoria donde les enseñaban cómo patear y golpear a los manifestantes, pero si en esos videos aparecíamos nosotros de seguro ya estuviéramos en la cárcel, porque ese es el accionar de la justicia de este país en contra de los luchadores sociales”, menciona.

Para este dirigente político, el hecho de que Collahuazo y Delgado estén de precandidatos para la Asamblea Nacional es inaceptable, pues menciona que si la Asamblea continúa bajo el mando del movimiento Alianza País las cosas no mejorarán; “hasta ahora no hay una prueba de que la Asamblea haya cumplido con la función de fiscalizar, más bien crearon una comisión de archivo para que todas las denuncias que se presenten sean archivadas, entonces, por ese lado, sin lugar a duda no hay esperanzas”, manifiesta.

Pablo Castro, quien fue acusado de terrorista por parte de este gobierno, recuerda cada uno de los pasajes que tuvo que vivir junto a sus nueve compañeros; para él la persecución y el amedrentamiento son el accionar del gobierno hacia quienes opinan de manera diferente, mas no contra quienes sí cometen delitos en el país; “en el caso de los 10 de Luluncoto, lo primero que se intentó dar a entender es que existían grupos subversivos que nos encontrábamos planificando actos de carácter agresivo contra el Estado, todo esto mediante una propaganda sistemática a través de sabatinas, de medios públicos, de recursos estatales, para afirmar que somos terroristas; ahora, en cambio, resulta que esos dos personajes niegan que se estaba entrenado a civiles y desde el gobierno les creen. Entonces, se puede definir que existe una vara para callar las voces disidentes y otra para permitir que la violencia que el gobierno genera al no dar respuesta a los problemas sociales, sea abolida a palos desde las propias instituciones, y con la utilización de recursos públicos. Esto no es de sorprenderse, pues hemos sido testigos del proceder político del gobierno, el cual utilizando a pandillas y a grupos ilegales amedrenta a la población, como sucedió en las elecciones de la presidencia de la FEUE de la Universidad Central, así que estos grupos de los videos también son parte de estas fuerzas de choque”, menciona. 

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, manifiesta que desde los sectores sociales rechazan este tipo de acciones, que provienen de un Estado que busca generar miedo en la organización social, y ratifica la decisión firme de continuar organizando al movimiento obrero, a los maestros, a los trabajadores, a los jóvenes de la patria motivados con la necesidad de dar un cambio en beneficio del pueblo.

“Las acciones de las organizaciones sociales están amparadas en la Constitución, mediante el derecho a la resistencia, y en las próximas marchas no vamos a caer en las confrontaciones que quiere generar el gobierno; lo que ahora se ha podido evidenciar a través de los videos es lo que hemos señalado con anterioridad, es decir que existen infiltrados por parte del gobierno para hacer creer que los violentos somos nosotros, pero es al contrario: la violencia está generada desde un Estado en donde la pobreza, la miseria, el desempleo y el hambre han crecido como consecuencia de las políticas correístas; pero la realidad es que Correa ya se va y la organización social continúa”, añade Erazo.

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño,  ha mencionado que los militares que aparecen en los videos ya han sido identificados y que se sigue un proceso disciplinario en su contra, mientras que el fiscal Galo Chiriboga abrió una indagación fiscal y sostuvo que se va a llamar a declarar a las personas involucradas en ese hecho; sin embargo, para los dirigentes sociales y políticos la desconfianza que existe en el aparato de justicia es grande, pues condena a luchadores sociales y premia a las personas que sí han cometido delitos en el actual régimen.

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OPCIÓN es un periódico que circula a nivel nacional cada quince días. Se editó por primera vez el 21 de enero del 2001. Tiene una línea editorial que se identifica con los sectores populares y movimientos sociales del país, por eso es un medio de comunicación alternativo; alternativo a los intereses políticos, económicos, sociales y comerciales -hegemónicos capitalistas- que guían la acción de los mass media.

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