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POLÍTICA

Por Tatiana Carcelén

Ha pasado una década desde que muchos ecuatorianos votaron por una opción que se pintaba como una alternativa ante los viejos gobiernos vendepatria del Ecuador, pero poco tiempo pasó para que la frase: “ultimo día del despotismo y primero de lo mismo” volviera a pintarse en la historia del país, pues las políticas antipopulares aplicadas desde el régimen lograron desenmascarar sus reales intereses, ocultos bajo un discurso radical.

Una de ellas tiene que ver con el tema de las concesiones (privatizaciones) de sectores productivos y estratégicos del Estado a empresas privadas, nacionales y transnacionales, es decir la venta de bienes estatales. Según diario El Comercio, entre 2015 y 2016 se pusieron en remate aproximadamente 2.000 bienes, que iban desde terrenos, casas, departamentos, oficinas y locales comerciales. En el presente año dicha política de subasta de bienes públicos se agudizó con el terremoto del pasado 16 de abril, ya que  por dicha emergencia el  presidente Rafael Correa  anunció la venta de varios activos para obtener recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Es así que a este proceso entran empresas como la Hidroeléctrica Sopladora, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT (líder en telefonía fija, cuyos activos llegan a 1.836 millones de dólares), Cementera del Ecuador, y el Banco del Pacífico (con activos por 5.052 millones de dólares) además de canales incautados como TC televisión (patrimonio de 50 millones) y Gama Tv (patrimonio de 25 millones) y la búsqueda de socios estratégicos para la Aerolínea  TAME, Flota Petrolera Ecuatoriana - FLOPEC (activos de 775 millones de dólares) y Fabricamos Ecuador –FABREC.

En el caso de TAME la situación es compleja, puesto que, según autoridades, ha generado pérdidas por cerca de 58 millones de dólares (cifras publicadas por diario El Telégrafo) lo cual ha ocasionado cierre de varias rutas, sin embargo, esta versión es contrapuesta a los resultados que arroja la investigación del portal Mil Hojas, puesto que, según esta publicación, la empresa genera mensualmente utilidades que no disminuyen de los 5 millones de dólares, por lo cual muchos miembros presumen que aquí se encuentra una fuerte corruptela dentro de la entidad, ya que varios escándalos de uso de recursos y sobreprecios han estallado paulatinamente.

Y ni hablemos en el tema petrolero, donde la historia es casi la misma, puesto que entre los años 2007 y 2008 se suscribieron contratos con empresas, de las que más adelante se mostraría su relación con la empresa Quality y otras empresas pertenecientes a Fabricio Correa, lo cual deshilaría la madeja de la corrupción en varios de estos contratos y procesos fallidos.

La entrega a empresas transnacionales de sectores estratégicos, como el campo petrolero Armadillo con el consorcio Gran Colombia, en el 2009; la entrega del campo Sacha (uno de los más productivos del país) a la empresa Río Napo, controlada por Pdvsa, en el 2009;  y la entrega de una de las “joyas de la corona”, como es conocido el  campo Auca, a la empresa Schlumberger, entregas mediante contratos que en lugar de favorecer en las utilidades al país generan ganancias para las empresas beneficiarias.

“Anteriormente se utilizaban los contratos de participación, en los cuales el Estado tendría un porcentaje de utilidades más o menos del 20%, mientras el 80% se lo llevaban las compañías; hoy en día los contratos de por prestación de servicios, con lo cual el Estado pierde, y ahora llevamos solamente el 10%”, expresa el Ing. Mariano Santos, experto en temas petroleros, quien también destaca que además de las concesiones a transnacionales, el gobierno debe responder sobre los costos de producción y los contratos entregados a dedo con el pretexto de los llamados “decretos de emergencia”. 

“Este gobierno se ha caracterizado por emprender acciones que favorecen al gran capital, eso es evidente: hay retrocesos increíbles y el país ahorita está destrozado, por un lado por el terremoto, pero fundamentalmente por el manejo totalmente equivocado en las políticas económicas. Tenemos un país totalmente  endeudado, un país enajenado, ya que ahora se ferian puertos, aeropuertos, campos petroleros, mineros”, explica Santos.

Aspectos que sin duda muestran el verdadero rostro de un gobierno entreguista, comprometido con el extractivismo y las transnacionales, actos que desenmascaran los verdaderos intereses a los que rinden honores los promotores de la famosa “revolución ciudadana”.

 

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