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une desalojada

Por Guido Proaño A.  Euadorlibrered

El Gobierno dice ver intentos desestabilizadores en donde solamente existe un claro descontento popular; mira conspiradores en las declaraciones de dirigentes sociales; define enemigos para victimizarse y así conseguir, por conmiseración, algún respaldo popular.

“Defender la democracia” lleva por título un artículo escrito hace pocos días por Luis Varese y publicado en el portal www.alainet.org. El mérito del autor es demostrar que no es necesario escribir mucho para abundar en absurdos.

Refiriéndose a los denominados gobiernos progresistas de América Latina, dice que “los Gobiernos de Nueva Democracia basan y basaron los procesos de construcción del estado de derecho defendiendo la soberanía en sus relaciones internacionales”. ¿De dónde saca el calificativo de ‘Gobiernos de Nueva Democracia’ para designar a esos regímenes? ¿Conoce Varese el origen de esa denominación?

Quienes han intentado teorizar respecto de los proclamados gobiernos progresistas de América Latina, e inclusive sus principales líderes, han dado diversos calificativos a estos proyectos: bolivarianismo, socialismo del siglo XXI, socialismo andino, revolución ciudadana, etc. pero ninguno los ha catalogado como ‘gobiernos de nueva democracia’. Un concepto así fue utilizada por Mao Tse Tung (1940) para caracterizar lo que él creía debía ser una fase previa al socialismo. Argumentaba que en un país colonial o semicolonial  debía impulsarse “una revolución de nuevo tipo, dirigida por el proletariado y destinada a establecer, en esa primera etapa, una sociedad de nueva democracia y un Estado de dictadura conjunta de todas las clases revolucionarias”. Tras esta última aseveración (clases revolucionarias) Mao esconde su visión de conciliación de clases entre obreros, campesinos, pequeños burgueses y burgueses que definió su comportamiento político toda la vida.

Siendo así el fenómeno, el calificativo utilizado por Varese carece de valor, puesto que conceptualmente no ha sido desarrollado –ni por él mismo- para caracterizar desde ese ámbito a los mencionados regímenes.

En el mismo párrafo introductorio dice que esos gobiernos “basaron los procesos de construcción del estado de derecho…reestructurando correctamente sus deudas externas”. Veamos si es o no cierto. Tras un proceso de renegociación de un tramo de la deuda externa pública el Estado logró una reducción de 3.789 millones de dólares, para el año 2009 alcanzaba los USD 7 mil 300 millones, equivalente al 11,8% del PIB y para el año en el 2013 ascendió a 12 mil 900 millones de dólares. Actualmente, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Finanzas, la deuda pública fue de 34.183,4 millones de dólares al cierre de abril de 2016, cifra que no toma en cuenta la venta anticipada de petróleo a China por 2327 millones de dólares, que en esencia es deuda. Porcentualmente el monto total de la deuda pública ecuatoriana sobrepasa el 40% del PIB.

Antes el Estado debía destinar 2 mil millones de dólares para cubrir el servicio de la deuda; ahora debe destinar 7 mil millones de dólares. La deuda contratada por el gobierno en estos años se caracteriza por tener altas tasas de interés (hay tramos de la deuda con 6 puntos de interés e inclusive se han vendido bonos con interés de 10,5 puntos) ¿Puede calificarse eso como una correcta reestructuración de la deuda?

A continuación, el autor habla de un fortalecimiento del “acceso a la riqueza nacional redistribuyéndola”. El fenómeno producido en el país es inverso, la apertura a empresas transnacionales para la explotación minera y petrolera da cuenta de un país que entrega sus riquezas al capital internacional y, con ello, afirma la dependencia.

En la Medición del PIB por el enfoque del ingreso, presentado por el Banco Central del Ecuador en octubre de 2014, se establece que los trabajadores asalariados (58%) participaron de un 36% del PIB a través de su remuneraciones, en contraparte el 3,7% de personas –dueños del capital- se apropiaron de un 26% del PIB. Si se compara con similares datos correspondientes al año 2007 se observa que se ha producido una mayor concentración de la riqueza en un menor número de patronos.

En el año 2014, un total de 118 grupos económicos obtuvieron 48, 5 millones de dólares en ingresos, lo que representa un 48,2% del Producto Interno Bruto del país. El Gobierno ha reconocido en varias ocasiones que la banca ha sido beneficiada durante su gestión. Solo entre enero y mayo del 2015 los bancos ganaron 132 millones de dólares, un incremento del 7,8% en comparación a los mismos meses de 2014 (122 millones). De hecho, para todo el año 2014 los bancos obtuvieron ganancias por 335 millones, las segundas más altas durante los últimos 10 años, solo superadas por las ganancias de 2011, que fueron de 395 millones de dólares.

Dos declaraciones del mismo presidente Correa desdicen la aseveración de Varese: “Básicamente estamos haciendo mejor  las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” dijo Correa en enero de 2012, y en marzo de 2015 reconoció que “El único problema con los bancos es que están ganando demasiado”.

Finalmente nos referiremos a la siguiente sentencia de Varese: “Llevar al país a una tensión ciudadanía - Fuerza Armadas una gran irresponsabilidad y no deja de oler muy mal”. En esto al autor tiene razón, huele muy mal. Pero quien atiza la confrontación  con una parte de las FFAA es el propio Gobierno; lo hace en la aplicación del esquema utilizado durante todo su mandato de crear artificialmente un enemigo poderoso que le acosa para, desde posiciones de víctima, cosechar el respaldo popular. En esa línea dice ver intentos desestabilizadores en donde solamente existe un claro descontento popular; mira conspiradores en las declaraciones de dirigentes sociales; define enemigos a organizaciones como la UNE, contra la que decreta su disolución y asalta sus oficinas con una violenta incursión policial que dejó maestras y periodistas golpeados.

En la circunstancia actual, la confrontación con las Fuerzas Armadas y la provocación al movimiento popular organizado a través de la profundización de su perfil represivo busca, por un lado, victimizarse y, por otro, mostrarse como un gobierno fuerte, en capacidad de enfrentar e imponerse a otras fuerzas. Lo hace tomando en consideración la proximidad del proceso electoral, al que llega con índices de popularidad e intención del voto a su favor disminuidos y busca recuperar algún espacio. Pero no toma en cuenta que el país vive un momento distinto y que su decadencia es irreversible.

 

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