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asalto UNE

POLÍTICA

Por: Redacción OPCIÓN

Un asalto. Eso es lo que ocurrió, según las organizaciones populares opuestas al gobierno de Rafael Correa, el pasado 29 de agosto de 2016 en las sedes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Quito y Guayaquil.

El hallanamiento y posterior posesión de las instalaciones por parte del Ministerio de Educación fue una acción violenta; hubo mujeres y personas de la tercera edad golpeadas. Fue una acción ilegal, inconstitucional y atentatoria a los derechos humanos, según lo han denunciado los dirigentes de los maestros.

Hace varios días, grupos de afiliados al gremio y representantes de otras organizaciones sociales solidarias con la UNE, hacían vigilias en distintas provincias para defender la sede del gremio de las manos del régimen, que en similitud con la dictadura de los años 70, también ordenó su disolución.

El pasado 20 de julio, Fernando Yánez, subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, emitió un documento que iniciaba el procedimiento administrativo para proceder con la disolución de la UNE, presuntamente por incumplir con la Codificación y Reforma al Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales, expedido en el Decreto No. 739 (antes 16), Art 22 numeral 7, en el que se señala el haber: “incumplido con obligaciones previstas en la Constitución, la ley y ese Reglamento”, pero para el abogado defensor del gremio, Ciro Guzmán, ese sustento no especifica cuál es la acusación concreta, es decir, no hay motivación, y la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76 numeral 7 literal l determina que cualquier acto que no tenga motivación es nulo.

El análisis jurídico realizado por el Colegio de Abogados de Pichincha menciona que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que el deber de motivar es obligatorio para los funcionarios públicos y operadores de justicia en las decisiones que afecten a los derechos humanos, pues de no ser así podrían ser catalogadas las mismas como arbitrarias, e incluso se menciona que las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

El documento ministerial fue contestado por la UNE el 9 de agosto, mediante un escrito en el que se sustentó con hechos fácticos que el comunicado enviado desde la subsecretaria de Educación no tenía motivación y que, por lo tanto, se declare la nulidad administrativa del acto expedido, pero no recibieron respuesta alguna.

A pesar de todas estas inconsistencias, el pasado 18 de agosto, aproximadamente a las 12:30,  llegó a las oficinas de la UNE un documento que señalaba que en vista de que se ha cumplido el plazo concedido y no hubo algún escrito de contestación, se procede a declarar la extinción del gremio; horas más tarde, cerca de las 16:00, llega otro documento al casillero judicial, en el que se menciona que no procede la nulidad solicitada por la UNE sobre el auto administrativo.

“En el mismo día tenemos dos autos expedidos por el Ministerio, en el uno disolviendo al gremio y en el otro negando lo que se había solicitado en el escrito anterior, entonces ¿sobre cuál de estos dos documentos se pronuncia la UNE? Como podemos darnos cuenta, estamos ante la violación más grosera al debido proceso e incluso nos coloca en indefensión, porque el Ministerio debe aclarar qué documento tiene validez jurídica; además, el haber expedido la resolución de la disolución de este gremio cuando no se había contestado al escrito presentado por la UNE, constituye un acto de prevaricato que tiene responsabilidades no solo administrativas, sino penales”, explica Guzmán.

El 29 de agosto, un enorme contingente de elementos uniformados, por disposiciones superiores, asaltaron el local de la UNE, a la una de la mañana al Sur de Guayaquil y a las cinco de la mañana en Quito.

Pasadas las siete de la mañana se dieron forcejeos entre Policía y dirigentes, y luego el Intendente de Pichincha procedió a llevarse las computadores y demás información física existente, sin ninguna orden de allanamiento dispuesta por algún juez; aduciendo conocer el posible cometimiento de un delito; lo que según el criterio de Ciro Guzmán, es un asalto a manos de la Policía y funcionarios del gobierno en contra toda norma de derecho.

También señaló que los recursos administrativos están intactos, y en espera de la respuesta del Ministerio de Educación; además dijo que para la disolución de la UNE el reglamento dispone, en el Art. 27, que la organización será quien disponga el procedimiento, y el Decreto 16, emitido por el gobierno, dispone que en caso de disolución se procederá mediante reglamento de la organización, por lo tanto, todos las decisiones del Ministerio son viciadas y de nulidad absoluta.

Rosana Palacios, presidenta de la UNE, mostró las seguridades de las instalaciones rotas por la fuerza pública, como muestra de “la forma dictatorial y de la prepotencia, que en la oscuridad de la noche, ordena asaltar (el gobierno) a la UNE, que ha defendido y defenderá su gremio sin miedo”.

Los representantes de la UNE de Pichincha y de los maestros jubilados, rechazaron estas decisiones del gobierno y califican como actos delincuenciales que deben ser demandados penalmente, por la pérdida de documentos, que son la historia de la organización. Además porque el moroso que violenta la Ley es el Ministro de Educación, que no paga el incentivo jubilar y los fondos de reserva de 25 mil maestros.

Varias organizaciones se han pronunciado en solidaridad a este sindicato magisteril, entre ellos la Internacional de Servicios Públicos, a través de Verónica Montufar, quien informó de la mediación de una comisión internacional que solicitó diálogo entre la directiva de la UNE y el ministerio del ramo, sin embargo la repuesta es esto (el allanamiento), señaló también que en estos nueve años este gobierno se consagró como un Estado totalitario y que defenderán a este sindicato hermano porque le asiste el derecho al trabajo.

La CONAIE por su parte rechaza estos actos violentos gubernamentales, y llama a la comunidad internacional que se pronuncie en este mismo sentido, pues en el Ecuador se violentan todos los derechos humanos y de la naturaleza, y se suman a la lucha de los educadores.

Al mediodía del 29, un gran contingente de policías antimotines llegaron y desalojaron a la fuerza a los dirigentes, maestros, empleados de la UNE y representantes de otras organizaciones que se sumaron a la defensa del gremio y su edificación.

Todas estas acciones de parte de la Policía por orden de las máximas autoridades del gobierno han viralizado las redes sociales y han recibido el rechazo de la sociedad nacional e internacional por enmarcarse en la política represora del régimen en contra de las voces disidentes y que defienden los derechos.

Rosana Palacios, presidenta de la UNE, ratificó ante la opinión pública que el declarar esta disolución es una dedicatoria política del régimenhacia un gremio que lo único que ha hecho es defender los derechos de los maestros. “El sello de este gobierno ha sido el de amenazar, perseguir y arremeter al que no se someta a su proyecto político, pues le resulta más fácil disolver a esta organización que responder a los cientos de docentes que no han podido acceder al fondo de reserva,  al estímulo de jubilación o a la estabilidad laboral. Si luchamos es porque no queremos que existan más casos como la muerte de Cumandá Páez o el de Margarita Pomposa que sigue esperando el pago de su estímulo”, denunció la representante de los maestros.

“La UNE es una organización que cuenta con legitimidad desde 1944 y su personería  jurídica desde 1950, en 1976 la última dictadura que vivió el Ecuador, también le retiró su personería jurídica, acto dictatorial que lo volvemos a presenciar hoy, al tratar de eliminar la libertad de asociación, derecho amparado en el Art. 96 de la Constitución”, cuestionó Palacios, además ratificó que hoy más que nunca los maestros están dispuestos a defender al único sindicato del docente ecuatoriano que ha luchado por una educación pública, laica y emancipadora, con el fin de hacer del aula un espacio de debate, análisis e interpretación de  la realidad, para transformarla en favor de los pueblo oprimidos y olvidados.

Por su parte, Guzmán mencionó que desde el punto de vista legal no ha concluido el procedimiento administrativo y por lo tanto la UNE no está jurídicamente disuelta: “El ministerio de Educación en un ridículo jurídico que avergüenza al país, pretende proceder con una disolución violando el debido proceso, los convenios y tratados internacionales, pero la UNE  no dejará ningún cabo suelto que la ley le permita para defender su derecho a seguir vigente”.

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