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POLÍTICA

POR: Redacción OPCIÓN

¡Estamos aquí en pie de lucha reclamando nuestros derechos. Solo queremos que nos respeten. No aceptamos la sentencia porque somos inocentes!

Amable Angamarca es comunicador de la Radio del Buen Pastor en la provincia de Loja,  vive en Saraguro hace 20 años y su delito fue ejercer el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación, al trasmitir la represión que sufrió el pueblo de Saraguro el 17 de agosto del 2015.

Luego de una prisión preventiva y un proceso de 10 meses, el Tribunal de Garantías Penales de la Corte de Justicia de Loja condenó a cuatro años de cárcel a Servio Amable Angamarca y a María Luisa Lozano, como presuntos autores del delito de paralización de un servicio público, el pasado 31 de mayo.

Los dos sentenciados denunciaron en varios Ministerios y al delegado de la ONU el atropello que se está cometiendo con ellos, pues en el caso de Angel es comunicador voluntario hace 10 años y el 17 de agosto del 2015 realizaba la cobertura mediática del Paro Nacional convocado por las organizaciones sindicales e indígenas, y la población de Saraguro hizo lo propio, acogiéndose al derecho a la resistencia.

Reina la impunidad

Según Amable, la detención, el proceso y los cuatro años de sentencia ratifican que se atropellaron los Derechos Humanos, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, ya que él a pesar de contar con credenciales y los instrumentos de trabajo (cámara y grabadora) fue maltratado física y verbalmente por más de 5 policías, quienes lo sacaron de un baño en la comunidad de Aillincho y le trasladaron hasta un bus.

Amable relata los hechos del 17 de agosto. “Mientras le dirigían al autobus miró el allanamiento a casas y la agresión a hombres, mujeres, niños y discapacitados. También vio “que 8 policías le arrastraron y sacaron el anaco a una mujer, le halaron del cabello, y como se resistía la golpeaban con toletes y patadas”. Añade que “a uno de los detenidos, los policías le dejaron en la calle, pues pensaron que estaba muerto; afortunadamente luego se conoció que estaba inconsciente y sangrando por la boca por el golpe que recibió a la altura de la mandíbula inferior, lo que le ocasionó la rotura de ese hueso y la pérdida de varios dientes. Actualmente el agredido necesita una cirugía máxilo-facial pero debido a sus limitados recursos no le pueden realizar y no hay quien se haga cargo de ese caso”, sostiene.

Como en todos los casos en los que se penaliza la movilización social, el debido proceso se violentó, pues los 40 detenidos fueron apresados con un parte policial de media página, lo que contraviene la ley; de este grupo 27 están procesados; pero por el hombre que no tiene parte de la mandíbula, así como por los hombres, mujeres y niños golpeados, las casas sin puertas, y otros daños,  ningún policía ha sido investigado a pesar de los videos, audios y fotografías presentados por parte de la defensa.

En la misma orilla está Stalin Robles, un trabajador municipal de la provincia de Pastaza, que también ha sido sentenciado por la justicia de esa provincia a 6 meses de prisión, igualmente por paralización de servicios y sin pruebas que lo culpabilicen como autor de los hechos.

Sentencia sin sentido

El Defensor Público, Ernesto Pazmiño, calificó a la sanción como desproporcionada, pues la ley señala de 1 a 3 años de prisión y no 4 como se aplicó para los indígenas saraguros;  razón por la que ha sido cuestionado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y probablemente sea el próximo en abandonar las filas del gobierno.

Luis Macas, ex presidente de la CONAIE y parte del pueblo Saraguro, señala que esta sanción es una orden más del Ejecutivo, ya que se está culpabilizando a inocentes mientras que los autores de los desmanes y agresiones están libres. “En Saraguro el pueblo fue emboscado, las casas allanadas, la dignidad del pueblo Saraguro ha sido vulnerada. Eso es un acto criminal y racista que se está quedando en la impunidad”, manifiesta.

Severino Sharupi, dirigente de la CONAIE, menciona que el delegado de las Naciones Unidas ahora conoce de la ilegal sanción de Saraguro y de las 700 personas que disienten con el gobierno y están siendo procesadas.  Agrega que estas sanciones son racistas y pretenden atemorizar a los pueblos y evitar futuras movilizaciones.

Mientras Amable cuenta su realidad en varias provincias, ha dejado por el momento de trabajar en su tierra y con su ganado, lo que complica la manutención de sus 6 hijos y sus octogenarios padres.

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