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caña guadua

POR MAYRA TOAPANTA

Ecuador es un país que ha estado expuesto a terremotos cada cierto tiempo, pero la falta de concientización y educación nos ha llevado a atravesar una realidad muy lamentable. El nivel de construcción debería estar basado en las normativas establecidas, sin embargo, la mayoría de construcciones las evaden; en la Costa específicamente, la utilización de material de baja calidad, el uso de agua y arena del mar destruyen el hierro y este pierde la capacidad de sostener las losas, dejando como resultado un panorama desolador, cerca de 800 mil manabitas y 30 mil esmeraldeños lo han perdido todo.

Para varios expertos, la responsabilidad recae sobre el gobierno, que nada ha hecho en estos diez años de gestión, pues se ha evidenciado que el país no estaba preparado para una catástrofe como esta, pero coinciden en que hoy es el momento más oportuno para mejorar las condiciones de estas ciudades, por lo que ponen a prueba la capacidad de organización del régimen.

Para el arquitecto Diego Velasco, catedrático universitario, Manabí es una zona donde se han hecho inversiones de capital y como consecuencia se han deformando una serie de elementos, “se especula con la renta del suelo y se realizan edificaciones muy cerca a la playa, cuando deberían tener por lo menos un área de amortiguamiento. En Chile y Japón tienen una serie de medidas de conciencia en cuanto a la construcción, aquí es todo lo contrario, la población vive en la mayor inconciencia y las autoridades no hacen nada, y lo peor de todo es que se saca provecho del árbol caído, pues vienen especuladores llamados reconstructores que lo único que intentan es sacar provecho del dolor humano, por lo que se debería estar muy vigilantes”, explica.

Alberto Zambrano, arquitecto y oficial del cuerpo de bomberos de Manta, comenta que el proceso de reconstrucción ha empezado demasiado lento, “la incertidumbre es grande, todavía no hay una solución concreta, a más que habría que derrocar edificios que en muchos casos no han contado con un estudio suficiente”. “Las construcciones lógicamente deben ser sismo-resistentes, pero hay que tomar en cuenta que depende mucho del lugar en donde se construya, porque no es que la resistencia sea ilimitada; en el caso de Manta, por un lado, es un lugar que tiene diversidad de suelo, y por el otro, se debe controlar la irresponsabilidad constructiva, especialmente de los grandes negocios, que presentan un plano para dos pisos y terminan construyendo siete, como en el caso del hotel Pacífico. El gobierno debe olvidarse de los compadres en las concesiones para la reconstrucción, aquí se debe trabajar a conciencia, no por conveniencia”, señala.

Y en esto concuerda el ingeniero manabita Alfredo Sánchez, quien manifiesta que este proceso de reconstrucción es una actividad que demanda de mucho esfuerzo por las complicadas situaciones en las que se encuentran las construcciones, pero cree que es momento para hacer bien las cosas: “se debe crear un proyecto de reordenamiento territorial que beneficie a los que más lo necesitan, este es el caso de los mercados, que eran lugares que no contaban con las condiciones necesarias y mucho menos con una adecuada infraestructura, por lo que se debe actuar en este sentido, dando las mejores soluciones a los pequeños comerciantes”, añade.

En cuanto a las alternativas para generar un proceso de reconstrucción bajo nuevos conceptos de bio urbanismo, que recupere el tejido social, Velasco menciona que hay que volver a antiguas tecnologías, como la madera, el bambú, la caña guadúa recubierta con ciertos estucos y en el caso de las edificaciones se podría hacer uso del acero estructural, que funcionaría de mejor manera, pues el hormigón armado se muestra inútil cuando se usa la arena del mar, agua salada y más aún cuando se quiere crecer en gran altura, alterando las normas para hacer edificios. “Antes se utilizaban formas de cimentación en donde se incluían piedras del mar que funcionaban como rulimanes cuando se movía la estructura, también se podrían utilizar llantas, como en Japón; son estructuras más flexibles que pueden moverse de su eje pero no caerse o descuadrarse. En cuanto a los lugares de construcción se debería poner puntos rojos para que se evadan aquellos lugares peligrosos, además se podría crear áreas de reserva natural -separar las riveras con áreas de amortiguamiento que deben ser bandas o corredores de arborización-, pero eso no implica moverse según como el capital lo diga”.

“La única reconstrucción posible y que será sostenible a pequeño y mediano plazo es mediante el fortalecimiento del tejido comunitario; solo la organización social y comunitaria podrá crear proyectos constructivos y alternativos que permitan generar un ambiente de concientización para saber cómo habitar y cómo reaccionar en las catástrofes, porque como siempre quienes más sufren son los pobres”, afirma Velasco.

Costo de la reconstrucción para los sectores populares

Isaac Abellán, presidente de Unidad Popular de Manabí, comenta que desde los sectores sociales plantearon que se constituya una empresa pública para el proceso de reconstrucción, con el fin de emprender en políticas más justas para atender de manera prioritaria la reconstrucción, sin embargo, “el gobierno creó un comité de reconstrucción que no ha tomado en cuenta a la máxima autoridad de la hermana provincia de Esmeraldas y que tampoco ha permitido que exista una representación directa de los representantes de las organizaciones sociales, gremiales, populares y sindicales; entonces este famoso comité, que lo encabezan los funcionarios del gobierno, no está actuando de manera incluyente, ya que no toma en cuenta las opiniones y sugerencias de los propios damnificados”, asegura.

Al sentirse excluidos, los sectores sociales y populares han considerado necesario constituir un Frente Cívico para la reconstrucción de la provincia de Manabí, incluyendo a otros sectores representativos, como gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales como cantonales y juntas parroquiales.

Dentro de las alternativas que propone este pueblo afectado están las siguientes:

  • Que Manabí sea declarada zona agropecuaria y productiva para que el Estado ecuatoriano intervenga de manera prioritaria con recursos económicos en la reactivación del aparato productivo de la provincia.
  • Que la reconstrucción sea liderada por empresas nacionales, tomando en cuenta la mano de obra de los propios damnificados, para generar empleo y circulante en cada una de las ciudades.
  • Que el gobierno no venda las empresas públicas, porque de ser así se entraría en un proceso de privatización.
  • Que se declare la moratoria de la deuda externa, para poder conseguir los recursos económicos suficientes para la reconstrucción.

Para el antropólogo y catedrático Edgar Isch el costo que los sectores populares están pagando es muy grande, porque en muchos casos el quedarse sin familia y sin casa en la que funcionaba el pequeño negocio implica que también la gente se quedó sin empleo, sumado a la crisis que se venía sintiendo desde antes del terremoto, y que, según dice, se agudizará aún más cuando se establezcan los impuestos regresivos como el alza del IVA, que definitivamente lo pagan los más pobres, mientras que los ricos brillan por su ausencia.

En cuanto a la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas estas familias afectadas, indica que los daños potenciales que se avecinan en situaciones como esta, mediante políticas orientadas por el neoliberalismo, son muy serios “así lo expone Naomi Klein, en un estudio sobre la doctrina del shock que hace referencia a que grandes empresas, aprovechándose de la situación, entran a comprar las tierras y como esta gente no tiene nada se siente en la presión de venderlas a cualquier precio”, manifiesta.

Isch sugiere que en los sectores afectados el gobierno debería priorizar el bono de la vivienda, organizar en las universidades para que arquitectos e ingenieros ofrezcan su servicio de manera gratuita a la población afectada, pero que éstos sean pagados por el Estado; asimismo, sugiere que se podría canalizar con las cooperativas comunitarias para la reconstrucción de los sistemas de agua potable, luz, entre otros servicios, “las alianzas entre el Estado y las  comunidades son factibles, todo depende del lado del que se encuentre el gobierno”, asegura.

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