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distribucion frecuencias ecuador

Por Tatiana Carcelén

El pasado 12 de abril se hizo pública la convocatoria para el concurso de distribución de frecuencias del espectro radioeléctrico a nivel nacional, convocado por la  Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), organismos encargados de llevar dicho proceso, que estaría  dirigido a cumplir con la entrega de frecuencias radiales a comunidades.

Evento de vital importancia, pues el artículo 313 de la Constitución reconoce al espectro radioeléctrico como un sector estratégico, que debe ser orientado al desarrollo de derechos e interés social, aspecto que anima a las comunidades y organizaciones a ser parte del concurso, pues en la actualidad la distribución es desigual, puesto que del total de frecuencias radiales apenas el 1,80% son radios comunitarias(entran en esta categoría las religiosas y unas pocas de los pueblos y nacionalidades); es decir, aún falta mucho por hacer para llegar al 34% establecido en la Ley de Comunicación.

A esto acompañan losartículos 16 y 17  de la Carta Magna,donde se reconoce que los ecuatorianos “tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”; así como que “el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación”,y que “todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: La creación de medios de  comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectroradioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas”.

En teoría, todo suena bien, sin embargo, hay algunos aspectos de dicho concurso que dificultan las posibilidades de participación de las comunidades: el primero tiene que ver con el tiempo, puesto que la convocatoria tiene una duración de apenas dos meses, en los cuales los postulantes deben llenar una serie de formularios en la plataforma de Arcotel, muchos de los cuales son inalcanzables para pueblos y comunidades: plan de gestión, plan económico, plan comunicacional y estudio técnico (este último tiene la duración mínima de un mes y debe ser elaborado por un técnico en telecomunicaciones), los cuales serán calificados sobre 100 puntos.

Un segundo aspecto que deja mucho que decir tiene que ver con que se encuentran en concurso 1.476 frecuencias del espectro radioeléctrico, de las cuales solamente 206 están destinadas exclusivamente para medios comunitarios, dando un aproximado del 19% (de las frecuencias en concurso no del total de frecuencias);es decir, no se cumple con lo establecido en la misma Ley, ya que esto no llega a cubrir el porcentaje establecido (34%).

Un tercer elemento tiene que ver con que en algunas provincias donde se encuentran las frecuencias,exclusivamente para medios comunitarios, se hallan también participando emisoras como HCJB y  Radio Católica, que buscan la renovación de la concesión (para lo cual tienen ventaja en equipos y en el trámite).

Un cuarto aspecto tiene que ver con que lo económico pesa por sobre el derecho, puesto que lo primero que califica Arcotel es el plan de gestión, el económico y el informe técnico. En el caso del plan económico, pide hacer proyecciones sobre gastos de equipos (que van variando de acuerdo a las necesidades de la frecuencia, pero que se estima con una base de 60 mil dólares), en personal con todas las de ley (salario acorde a los estándares del Ministerio delTrabajo, afiliación alIESS, décimos,etc.); es decir que si una comunidad no tiene plata para comprar equipos y para sostener la radio, simplemente no puede acceder; lo cual es una traba para las organizaciones sociales, ya que éstas no buscan lucrar, por lo tanto no tienen ingresos económicos, y si no pasan esta etapa obviamente elCordicom no va a calificar su  plan comunicacional.

Y, finalmente, está la exigencia de que la organización cuente con un representante legal,con personería jurídica como organización social sin fines de lucro, lo que significa una traba para muchas comunidades, colectivos y organizaciones, que en general han sufrido las persecuciones y limitaciones que desde el Estado se han hecho para evitar la existencia de la organización social.

Aspectos que sin duda violentan el derecho constitucional de los ecuatorianos a una comunicación intercultural, y sobretodo en igualdad de condiciones, puesto que ponen parámetros para competir  a nivel empresarial por una frecuencia, lo cual no es gratuito, ya que el gobierno sabe perfectamente que los medios comunitarios tienen un papel de organizar, orientar, movilizar, por lo cual ve a las organizaciones como un enemigo que podría desestabilizar su “armoniosa“ dinámica y no le conviene darles una arma tan poderosa como un medio de comunicación.

A pesar de esto, las diferentes organizaciones sociales sin fines de lucro continúan en su batalla  contra el tiempo para preparar y presentar sus propuestas para acceder a una frecuencia (pues la concesión será para 15 años, luego de los cuales solamente deben aplicar para renovación de la concesión por otros 15 años), de manera que el gobierno no pueda vanagloriarse diciendo “nosotros abrimos el concurso pero nadie puso empeño en postularse”. La batalla por el derecho a medios comunitarios sigue.

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