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marcha estudiantes montufar

Por: Amparo Sigcha

El tema de la democracia, según los lineamientos del Ministerio de Educación, es impartido desde los años de educación inicial. Los textos escolares contienen concepciones confusas al respecto

, pero para el gobierno la revolución educativa ha dejado atrás“la larga noche neoliberal”, “el viejo país”, y avanza para lograr el mejor sistema educativo de la región.

Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice un viejo adagio, la realidad educativa que viven docentes, estudiantes y padres de familia es la aplicación de un sistema de adoctrinamiento al que, si no ceden, son eliminados socialmente, son castigados hasta que entiendan que la revolución educativa ordena fidelidad.

El sábado 20 de febrero, en la sabatina 463,el presidente de la República juzgó y falló en contra de los estudiantesdel colegio Juan Pío Montúfar, al decir:“Yo no voy a dejar en la impunidad esto. A los mayores de edad se los enjuiciará con toda firmeza. A los menores de edad también se los puede enjuiciar, por intento de asesinato…Acabarán sus estudios en la casa, a distancia, y tendrán todas las sanciones del caso. Y si tenemos que cerrar el Montúfar, lo cerraremos", y añadió que los estudiantes sancionados deberán estudiar a distancia, ya que: “ningún padre querrá tener a su hijo junto a alguien que dé mal ejemplo”. No aceptó que sean reubicados, como tibiamente mocionaba el ministro Augusto Espinoza. Correa pidió también se investigue si los padres pertenecen al Movimiento Popular Democrático (MPD) o a otro partido político,“eso se debe castigar”, dijo. Cerró el espacio dedicado al Montúfar con la amenaza de que si el gobierno desea puede cambiar toda la planta docente, si lo cree conveniente.

En este nuevo levantamiento estudiantil las fuerzas represoras cumplieron su papel: violentar los derechos de los jóvenes que no están de acuerdo con el gobierno, como ocurrió con los estudiantes del colegio Mejía, con el caso de Edison Cocíos, en el 2012, y luego los otros estudiantes encarcelados y reubicados, de ese mismo plantel, en las protestas del 2015. También está el caso de los estudiantes del colegio Central Técnico en 2014. Las garantías que les otorga la Constitución a los sectores prioritarios (niños y adolescentes)en artículos como el 347, numeral 11,que establece “la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos” fueron violentadas,pues el cambio de docentes a mitad del período escolar no fue socializado ni tratado con los docentes o con la comunidad estudiantil, que eran los directamente afectados. Los estudiantes de tercero de bachillerato, de décimos y otros cursos en distintas asignaturas,están sin maestros, en algunos casos se conoció que cursos inferiores no contaban con maestros de algunas materias desde el año pasado.

También se ha vulnerado el derecho a la participación social, que es parte de la misma normativa, señalada en el Art. 45; así como “el derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten”, que es parte del Art. 60 del Código de la Niñez y Adolescencia.

La política de AP entró en el Montúfar

En declaraciones a los medios, el ministro Augusto Espinoza dio variasexplicaciones para laremoción de los docentes del colegio Montúfar; entre ellas mencionó que:“se debe alos procesos estratégicos de mejora de la calidad de la educación en el país, que se llevan adelante desde el año 2013”. Luego,dijo quelos 15 maestros removidos no obtuvieron en las evaluaciones ni 700 puntos. Posteriormente, que esos docentes pertenecen al MPD, y son de la UNE, y ellos están manipulando a los estudiantes para los desmanes; y la última:que existe exceso de maestros en la institución.

En esa semana, las declaraciones del ministro se diluían y la retaliación política cobró fuerza; la remoción de los maestros a otras instituciones educativas fue la sanción que recibieron los docentes que no se afiliaron a la Red de Maestros, pueshan mantenido una posición crítica a la organización del gobierno, a las “decisiones arbitrarias de Segundo Viveros, ex rector de la institución, y de las otras autoridades del colegio designadas por la afinidad con el gobierno”, según señaló Marco Ontaneda, profesor de Inglés durante 17 años.

Ontaneda tenía a su cargo seis secciones, 30 horas de clases, aparte de tutorías de cursos, y monografías de la sección matutina. Dice que nunca fueron notificados y las labores eran normales hasta el sábado 13 de febrero. En el colegio Tarqui, donde fue asignado, tiene una sobrecarga laboral, y de eso no dicen nada las autoridades, añade el profesor.

También existe el caso de una maestra que laboró por más de siete años en el Montúfar, al igual que Ontaneda considerada como una de las mejores docentes y querida por sus estudiantes. A ella le trasladaron al colegio Cinco de Junio, no tiene carga horaria aún y vive por Pusuquí. En la nueva institución, su materia la tiene una maestra contratada, que por su llegada deben reubicarla. No puede entregar las cosas pendientes en el Montúfar. El ministro, en la sabatina, la ha nombrado y ofrecido reubicarla, pero tampoco se ha cumplido.

Por su parte, los padresse quejan de hacinamiento, pues la reorganización de la infraestructura obligó a unificar cursos de 30 y 35 alumnos,lo que representa más problemas no solo de espacio sino pedagógicos.

También denuncian represalias a los representantes de padres, porser críticos a las autoridades, o por la falta de recursos y profesores. Dicen que el colegio Montúfar era una de las instituciones con mayor prestigio y calidad, estaba entre los mejores colegios fiscales de Quito, pero a raíz de la aplicación de los planes de este gobierno el colegio no solo que ha bajado su calidad sino que pretenden silenciarlo, igual que a otros colegios. “No existe calidad ni calidez, que antes sí había”, dice un padre que prefirió el anonimato.

Con la orden del presidente Correa, en la sabatina 364,de que se investigue a todos los maestros que no controlaron a los estudiantes, cerca de una veintena de docentes e inspectores fueron removidos “temporalmente” y son investigados hasta que se resuelva este pendiente. Esta sanción, que daña el avance de los estudiantes, también pretende impregnar de miedo su desarrollo emocional.

El maestro Ontaneda dice que estas sanciones castigan a todo el conglomerado, ya que esas transferencias temporales o definitivas de los 35 docentes a medio año lectivo es un daño para los estudiantes, es un tiempo y materia irrecuperables, “es un impacto para los que quedan y los que nos reciben”.

A las sanciones socioeducativas y económicas impuestas a los estudiantes que fueron apresados en los alrededores del colegio el 16 y 17 de febrero, como una medida administrativa, se suma la suspensión a 23 estudiantes, entre ellos Gonzalo Criollo y 3 miembros más del gobierno estudiantil, hasta que termine la investigación. Algo ridículo, dice Criollo, máximo representante estudiantil, ya que él estuvo todo el tiempo con sus compañeros, en diálogos por los cambios dados,con las autoridades del colegio y del Distrito de Educación, y a pesar de ello se le impuso la sanción y se lo amenazó para que no continúedando declaraciones.

En este contexto, pesa la orden del gobierno de que los “malcriados” continúen sus estudios  a “distancia”, algo que no contempla la Ley de Educación. Esto como una medida ejemplificadora del régimen, dejando el mensaje en la sociedad de que “la letra con sangre entra”. 

Criollo señala que hace algún tiempo las irregularidades y arbitrariedades estaban afectando a la comunidad del Montúfar, y ante ello han sido críticos, y por eso cree que son las sanciones; “hay cosas malas que deben cambiar y eso el gobierno y el ministro deben aceptarlo”. “Al Montúfar nadie lo manipula, tenemos decisión y criterio. El gobierno quiere vincularnos al MPD, porque lo odia, porque somos críticos, porque no les tenemos miedo, y ese es su miedo”.

En el plantón de antorchas, el miércoles 24 de febrero, Criollo se ratificó en que todas las acciones de la Policía fueron para provocar, pues la protesta era pacífica hasta el abrupto ingreso de estos elementos al colegio; lo que habría molestado a los jóvenes.

La lección

Hace ocho años se aprobó la Constitución ecuatoriana vigente, repleta de derechos, uno de ellos el derecho a la resistencia, pero lamentablemente quien levanta la voz es juzgado bajo esa misma figura, y llegan sanciones disfrazadas de “suspensión”, que al final siguen siendo sanciones que pretendenacallar la rebeldía natural de la juventud. 

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