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LEY DE TIERRAS

 

Por:Tatiana Carcelén

Tras 39 meses de intentos fallidos por parte de la mayoría oficialista, finalmente la Asamblea Nacional logró aprobar el pasado 7 de enero la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRYTA) en medio de tensiones y a pesar del grito de protesta por parte de los sectores campesinos

, movimiento indígena y movimientos sociales, quienes desde el inicio del tratamiento de esta ley han manifestado su preocupación por los intereses de fondo que ésta defiende.

Según varias investigaciones realizadas por colectivos como el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE) y el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), se muestran las afectaciones que tendrá este ‘Paquetazo Agrario’, ya que legitima y da continuidad a los principios que benefician a las agroindustrias bajo el manto de ‘modernización del campo y el modelo agrario’.

“Lo que hace el gobierno con esta ley es básicamente recuperar el rol del Estado en la administración de un mercado de tierras” explica Esteban Daza,miembro de OCARU, quien agrega que es una ley demagógica ya que habla de la convivencia entre la agro exportación y la soberanía alimentaria que por principio son  radicalmente opuestas, pues según esta propuesta ellos entienden que “la redistribución de la tierra es mejorar la productividad en el campo, por lo que mantiene líneas de continuidad con el desarrollo del modelo conservador  capitalista que no cambia la estructura de la tierra sino que lo que busca es profundizar la productividad en el agro”.

Esta redistribución de tierras se fundamenta en tres ejes: Política de Expropiación, Política de Reposición de Valores y Distribución de la tierra , es decir que  en la primera fase que es la de expropiación lo que se hace es comprar las tierras a precio comercial; la segunda fase consiste en recuperar lo que el Estado pagó por expropiar esas tierras, ahí entra la Reposición de Valores que además sirve como mecanismo para brindarle solvencia económica al Fondo Nacional de Tierras (encargado de entregar tierras a los campesinos) y finalmente viene el tercer elemento que es la Distribución de la Tierra, que en la práctica viene a ser la venta de los terrenos a precio comercial.

“Es un mecanismo perverso y demagógico que se está implementando en esta ley, pues además hay una burocratización porque ejerce su clientelismo político al definircuales son las organizaciones que se van a calificar, en qué parámetros, en qué lugar van a estar y crear funcionalidad. Entonces, lo que va a crear esa ley es organizaciones campesinas que van a estar acordes a los lineamientos de Alianza País y su política”, sostiene Daza.

Y es quese afecta gravemente a la autonomía de las organizaciones campesinas, puesto que al impulsarse el asocio parcelario para acceder a la distribución de tierras , dichas organizaciones deben volver a  acreditarse, “la calificación de las  organizaciones va a estar bajo el paraguas del Decreto 16 , que te impide hacer política es decir buscan  que sean sujetos  pasivos” acota Esteban; y no solamente en el tema de acceso sino también en la autonomía de producción, puesto que para acceder a la tierra se debe presentar una ‘Planificación Productiva’ acorde  con el cambio de la matriz productiva cerrando así las puertas a cualquier propuesta agroecológica o alternativa.

Según datos del Censo Agropecuario del INEC realizado en el 2001, las 6.616 familias más poderosas ligadas a la agroindustria tienen acceso a 3’593.496 hectáreas de tierra, mientras que  las 712.035 familias campesinas poseen entre todas solamente 2’481.019 hectáreas,que son utilizadas para producción diversificada, por lo cual la distribución planteada en la LOTRYTA golpea a los pequeños productores que son quienes proveen el 70% de los alimentos que se consumen en el país , poniéndose así en riesgo la soberanía alimentaria.

El impacto se sentirá en todos los sectores ya que si un campesino no cuenta con los recursos para ‘modernizarse’ o no tenga ‘mentalidad empresarial’ corre el riesgo de perder sus tierras por no poder producirlas “(…)las personas pueden tener sus tierras siempre y cuando cumplan la función social, o sea que se aprovechen, que generen trabajo, eso es lo que busca esta ley” sostuvo la asambleísta por Alianza País María Soledad Vela, en declaraciones a El Diario, de Manabí.

Al no haber espacio para los pequeños productores (que cultivan alimentos sin contaminar) se puede afectar la cotidianidad de los ecuatorianos ya que los alimentos pueden escasear y subir su precio, mientras que  el salario básico se mantiene lo que obligará a varias familias a excluir ciertos alimentos de su dieta, por lo cual  se constituiría en un atentado contra la soberanía alimentaria.

Situación realmente preocupante puesto que  además del impacto económico y social también se viene el ambiental ya que esta ley es muy permisiva respecto al tema de las fumigaciones, uso de agrotóxicos y la posible eliminación de las restricciones para el ingreso de semillas transgénicas (a tratarse con las segundas enmiendas constitucionales).

Sin duda alguna, la aprobación de la LOTRYTA marca un hito en la historia ecuatoriana como un retroceso. “A mi parecer, la ley es un retroceso en relación a los avances constitucionales. Por ejemplo, la Constitución proscribe el latifundio; es decir que el latifundio es un delito, pero la ley no define lo que es latifundio sino que solamente crea un incentivo para que los dueños de tierras improductivas las pongan a producir. La Constitución pone a la Soberanía Alimentaria como proyecto estratégico para el desarrollo rural , mientras que la ley coloca a la “productividad” – el sujeto de la Soberanía Alimentaria es la agricultura familiar y el de la productividad los “empresarios” –. Las organizaciones sociales demandan tierra por un problema de justicia y desigualdad social; la ley plantea la redistribución vía mercado”, declaró Stalin Herrera, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Rural de CLACSO en una entrevista con el Observatorio del Cambio Rural.

El pasado 7 de enero en una rueda de prensa convocada por los sectores sociales y campesinos se ratificó el rechazo a la LOTRYTA. El presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, expresó que “ante la ilegítima aprobación de la Ley de Tierras sin el debido debate con los verdaderos actores, desde la Conaie y sectores campesinos se convocará a una gran Cumbre Agraria para los próximos meses. Al momento se realizan cumbres zonales, indicó, en las que se recogen propuestas de las reales demandas ante la incompetencia y deuda agraria que mantiene el Gobierno de turno. El movimiento indígena le dice no al paquetazo agrario”.

Además se destacó que la unidad de los movimientos sociales se mantiene firme para “enfrentar la crisis económica a la que este gobierno nos ha conducido y que en el 2016 se intensificará”.

Luis Andrango, miembro de la Red Agraria, afirmó que “La Asamblea Nacional nuevamente le da las espaldas al campesino con una ley que solo beneficia a los grandes propietarios de tierra en detrimento del 64% de campesinos que alimentan al país. Nos sumamos y convocamos a la Cumbre Agraria para tratar los temas de fondo que el campesino quiere discutir”.

Con la aprobación de la LOTRYTA el panorama de lucha por parte de los sectores sociales se fortalece y deja en evidencia el servilismo de ciertos sectores, que por un puñado de monedas se venden al mejor postor.

“Del lado de las organizaciones de “izquierda” en el gobierno, los argumentos para defenderlo pueden ser muchos, pero la defensa de la Ley de Tierras las ubica en un lugar lamentable. No solo porque los vuelve cómplices de su verdugo, legitimando una ley que termina por sostener y validar la gran propiedad y sostener la agroindustria y los agronegocios: un modelo que crece a costa de la precarización, marginación y expulsión de los pequeños productores familiares. Aun cuando la lucha por la tierra se ha configurado históricamente como la base del programa campesino, la Ley de Tierras marca nuevamente la distancia del gobierno con sus propias organizaciones campesinas y las subordina a un programa conservador sin horizonte para los campesinos”, aseveró Stalin Herrera.

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