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Consulta Popular 2


Por: David Rosero                  

Twitter: davidroserow

El objetivo de la consulta popular debe ser desmontar el Estado correísta autoritario y corrupto que ha vulnerado los derechos humanos. Recordemos que los asambleístas ovejunos impusieron de espaldas al pueblo las ¨enmiendas¨ a la Constitución lo que generó un retroceso en derechos,

esto lo hicieron en complicidad con la denominada: ¨Corte Cervecera¨; por ello se debe consultar al pueblo la derogatoria  de las ¨enmiendas¨  a la Constitución, en ellas constan: la reelección indefinida, la restricción de derechos laborales, la imposición de la comunicación como servicio público, la limitación de atribuciones a la Contraloría, el obstáculo al derecho de consulta popular por iniciativa ciudadana o de los GADs, impuso a las Fuerzas Armadas tareas policiales de seguridad e impide que los Municipios inviertan en infraestructura educativa y de salud. Esto debe cambiar.

 

Cuando fui miembro del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), denuncié con documentos la ¨palancocracia¨, método por el cual el correato secuestró las instituciones del Estado, también señale la gran deuda en el combate a la corrupción ya que una mayoría archivaba posibles casos de corrupción y también la restricción de los derechos participación (decreto 16, juicio a veedores, etc.). Esto sigue lamentablemente en el actual CPCCS correísta. Por ello una segunda pregunta debe ser sobre el cese de funciones a todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, Judicatura, Corte Constitucional, CNE, TCE, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Pública, Superintendentes y el Procurador.

 

Una tercera pregunta debe ser sobre un nuevo mecanismo de elección transparente y participativo de todas las autoridades antes mencionadas, se lo podría hacer mediante una elección por votación popular de los millones de ecuatorianos, donde los postulantes cumplan requisitos previos y exista el derecho de veeduría e impugnación ciudadana; esto implica quitar la atribución de designar autoridades al Consejo de Participación, la misma que consta en el artículo 208 numerales 9, 10, 11 y 12 de la Constitución.

 

Una cuarta pregunta sobre la extinción de dominio de los bienes de las personas sentenciadas por delitos de corrupción (peculado, cohecho, asociación ilícita, lavado de activos, etc.). Para que devuelvan lo llevado.

 

Una quinta pregunta sobre la devolución del aporte estatal del 40% al IESS para las pensiones jubilares, más aún cuando la OIT ha denunciado la crítica situación del IESS dirigida por correístas que deben ser destituidos e investigados y también la devolución de los fondos privados de cesantía que ilegalmente fueron arrebatados por el régimen anterior. Ej. El Fondo de Cesantía del Magisterio que tenía más de 400 millones de dólares.

 

Finalmente una sexta pregunta respecto a si estamos de acuerdo en no explotar el crudo del Yasuní ITT, frente a la demanda de acciones concretas de cuidado a la naturaleza ante la depredación del extractivismo contaminante y el calentamiento global.

 

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