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dilma russeff

MUNDO

Por Rolando Castro.

Dos días le tomo al Senado de Brasil los debates sobre el destino de la presidenta Dilma Rousseff, que al final fue destituida definitivamente de  su cargo, con 61 votos , frente a 20 que votaron en contra (se requerían un mínimo de 54 votos). Sin embargo, por votación separada, 42 senadores votaron porque no quede inhabilitada para ocupar cargos públicos por 8 años, como establece la norma legal.

El vicepresidente, Michel Temer, quien ocupó interinamente la presidencia por tres meses, mientras se desarrollaba el juicio, asume la presidencia hasta el 2018, año en que se realizaran nuevas elecciones.

Dilma Roussef y su defensa insistieron durante sus alegatos en el Senado, que este proceso es ilegal porque la acusación de haber alterado las cuentas fiscales, previo  a su última elección, es frágil y no constituye un crimen de responsabilidad que es la causal para una destitución.

Sin embargo, las carta estaban echadas, la oposición culminó con su estrategia de usar la figura constitucional de impeachment, maniobra legal que termina con 13 años de gobierno del PT. Este no es un procedimiento nuevo, se uso en el año 1992, cuando se destituyó por actos de corrupción al presidente Collor de Melo. Por lo que la figura de golpe no tiene asidero más que como recurso de retórica del fracaso.

Esta maniobra de la oposición fue posible porque el Partido de los Trabajadores PT no pudo sostener su base social, rompió hace rato los fuertes vínculos con las organizaciones sociales que lo llevaron al poder; los gobiernos de Lula como el de Dilma, no respondieron a las expectativas y anhelos de las grandes mayoría populares. Su política en favor los grupos de poder económico de Brasil, las alianzas con sectores derechistas (Temer, uno de ellos) con quienes se aliaron para ganar elecciones, mermo la confianza de gran parte de su electorado petista.

Esta situación se agravó más por la medidas de ajuste económico (de tipo FMI)  adoptadas por Dilma meses atrás,  que generalizaron el descontento y el rechazo al gobierno, embarrado también por las escandalosas denuncias de corrupción en las que están involucrados altos funcionarios del gobierno, incluido Lula da Silva.

Rousseff asumió el poder en el 2014, ese año la economía brasileña se paralizó, en el 2015 se contrajo un 3,8% en medio de una fuerte alza de la inflación que superó el 10%, con una desocupación que alcanzó el 11%  y un déficit en las cuentas del gobierno, que produjo grandes  manifestaciones callejeras en rechazo a las medidas de ajuste.

Es evidente que Michel Temer, no cambiara la situación a favor del pueblo, ya ha anunciado poner en marcha nuevas medidas de austeridad; es decir, mayor pobreza, desocupación, cubrir el déficit presupuestario acudiendo a las privatizaciones, a la elevación de impuesto para el pueblo, así como reformas laborales y al sistema de jubilaciones que eliminarán los derechos de los trabajadores. Anuncios que inmediatamente han sido rechazadas por los sindicatos y los movimientos sociales,  que se han expresado movilizaciones en calles y plazas, que incluyeron los eventos de las Olimpiadas en las que los se carteles y consignas de ¡Fuera Temer¡ se generalizaron.

 

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