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gobierno se lava las manos

EDITORIAL

EDITORIAL 328

Rafael Correa se va en el 2017 habiendo impuesto un estilo de hacer política sustentado, entre otras cosas, en la negación de toda responsabilidad sobre los errores y actos reñidos

con la ley y la moral, en el ejercicio de la función pública. El concepto autocrítica no calza con el diseño de un liderazgo autoritario, egocéntrico y populista, etiquetado de “revolución ciudadana” y personificado en la autoridad de un caudillo.

Esto se evidencia a cada momento en funcionarios del régimen, con cargo o rango de ministro, como Augusto Espinoza, que está al frente de la cartera de Educación. La máxima es: niégalo todo hasta el final; al menos eso se ha visto en el tema de la responsabilidad del funcionario, por no haber asegurado las instituciones educativas frente al último terremoto que enfrentó la Costa ecuatoriana. El Ministro ha dicho, primero, que actuó con “inteligencia financiera” (concepto que ahora entra en el diccionario verde limón de la política, como aquello de las “renuncias obligatorias”, y como muchos otros revolucionarios conceptos), al no gastar en seguros porque, supuestamente, resultan más caros que construir nuevas edificaciones. Con ello estaba desconociendo la existencia de un marco legal que le obliga a cumplir con ese procedimiento. O peor aún: afirmaba que por ser él el Ministro, está por sobre la Ley.

Luego, el Ministro dijo que él no es el de la responsabilidad, pues ésta corresponde a cada distrito de educación en los que se divide administrativamente el sistema fiscal a nivel nacional. Con ello pasó a un siguiente nivel: como es imposible negar que se incumplió la ley, y que por tanto ese error le va a costar al desfinanciado Estado ecuatoriano un gasto que bien pudo ser usado para otras urgencias, ahora el asunto es actuar como torero y endilgar la responsabilidad a un tercero.

Claro, es un procedimiento aprendido del líder máximo. Porque hay que recordar varios episodios en los que el mandatario ha comenzado negando y luego lavándose las manos frente a hechos de corrupción. Un ejemplo es el de su primo, Pedro Delgado, Rafael Correa en un principio defendió vehementemente a su funcionario, incluso llegó a participar en un acto de homenaje y respaldo público a él. Y como para que quede claro que metía la mano al fuego por él, dijo, como lo ha hecho en otras ocasiones: “si me lo comprueban renuncio”. Ya sabemos que ha ocurrido con esa amenaza en todos estos años.

Claro que la recomendación de quienes trabajan en estrategias de comunicación de crisis dice que si negarlo todo no funciona, lo que corresponde es pedir disculpas; pero esto no entra en el libreto de un Presidente como el que gobierna el Ecuador y, por tanto, tampoco puede ser considerado por funcionarios de segundo orden, como el mencionado Ministro.

La negación de la responsabilidad se eleva así a política de Estado. Con lo cual, cualquier proceso investigativo o pronunciamiento de las instancias de control y de justicia es convertido en alfombra, es anulado. ¿Y cómo empata eso con el concepto democracia? Pues bien, mucho peor sería tratar de encontrarle coherencia a esa actitud con el concepto de “revolución”, pues implica exactamente lo opuesto. Una auténtica revolución no tiene nada que ver con la impunidad.

Ahora, también es obvio que en las actuales circunstancias, cuando la imagen del caudillo está en caída libre, algún funcionario que cometa un error, o no actúe inteligentemente para salvarse, se enfrenta al abandono completo, pues nada debe contribuir a acelerar el desplome de la imagen del líder máximo. Y no solo eso, sino que hasta puede convertirse en uno de los cabeza de turco que en los últimos tiempos se están buscando para intentar darle la vuelta a las crisis y tomar la delantera.

Lo que la lógica manda, en relación a esta forma de hacer política, es en primer lugar, la sanción a todo funcionario, por más alto nivel que tenga y que incumpla con la ley o cometa irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Y en segundo lugar, desecharlos de manera definitiva como alternativa electoral posible, en éstas, y en las elecciones que existan en adelante.

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