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 casas mal construidas

EDITORIAL OPCIÓN 325

Este 16 de mayo se cumplió un mes del fatal terremoto que asoló las provincias de Manabí y Esmeraldas y otras provincias. El sismo de magnitud 7.8 sorprendió al país, provocó graves pérdidas humanas y materiales convirtiéndose en uno de los más catastróficos que ha sufrido el país.

Cerca de 700 fallecidos, 29 mil personas viviendo en albergues que perdieron sus viviendas o fueron gravemente afectadas, son las cifras oficiales parciales de una catástrofe que aun no termina de cuantificarse. Solo a ojo de buen cubero se ha dicho que costará entre 2 y 3 mil millones de dólares.

Aquel 16 de abril el terremoto separó la tierra y derrumbo ciudades pero a la vez levantó la solidaridad y unió al pueblo. Apenas se tuvo noticias de la magnitud del fenómeno la acción popular y ciudadana, de organizaciones e instituciones pusieron en marcha todo un acumulado de voluntad, de generosidad y capacidad de respuesta ante situaciones adversas.

Esta caravana de voluntades y de miles de toneladas de ayuda se desarrolló a condición de que llegue directamente a los afectados, se canalizó por municipios y otras instituciones expresando los altos índices de desconfianza en un gobierno desgastado por su demagogia y autoritarismo, envuelto en escándalos de corrupción.

La respuesta del gobierno fue errática y tardía, su Secretaria de Riesgos copada de burócratas ineptos no tuvieron capacidad de reacción ante este fenómeno natural. Minimizaron la solidaridad popular diciendo que “con latas de atún no se hacen carreteras”, a la vez que oportunistamente funcionarios públicos etiquetaban con el logotipo de algún ministerio la ayuda y se tomaban la foto para las redes; otros, tratando de imponer su autoridad entraron en contradicción con personas e instituciones que ayudaron a los damnificados, incluyendo impases con miembros de las fuerzas armadas.

Para todos los ecuatorianos hay un antes y un después del terremoto del 16 de abril. Es evidente que los efectos de la crisis ya lo estábamos pagando los ecuatorianos antes del evento. La reforma laboral aprobada dos meses atrás agudizó las condiciones de los trabajadores, el congelamiento de los sueldos y salarios, el creciente costo de la vida, la desocupación galopante y una enorme deuda externa que día a día crece hipotecando más al país.

Luego del terremoto, lejos de adoptar medidas que contribuyan a aliviar los efectos de la catástrofe, el gobierno resolvió medidas aún más nocivas para el país, los trabajadores y los pueblos, con la llamada ley de Solidaridad elevando el IVA al 14%, encareciendo en un 50% los artículos de consumo de la población, además de la adopción del dinero electrónico, el aporte obligatorio del sueldo, entre otros.

Para el gobierno el terremoto fue la oportunidad para adoptar estas medidas de orientación fondomonetarista, a las que suma la anunciada privatización de bienes y empresas públicas, como la hidroeléctrica Sopladora, el Banco del Pacifico, CNT que pocos creen que esos recursos se dediquen para atender las necesidades de los damnificados, sino para cubrir el enorme déficit fiscal.

Los trabajadores y los pueblos del Ecuador, sus organizaciones sociales han manifestado su abierto rechazo a estas medidas. Los congresos de la UNE, de la Ecuarunari, el Colectivo de Organizaciones Sociales, reunidos en estos últimos días, han condenado estas medidas, han sugerido alternativas que no afecten a los más pobres y han afirmado la necesidad de que solo con la unidad y la lucha se podrá salir de la catástrofe social y natural.

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