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ABORTO

Por Karla Calapaqui Tapia

Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe “casi todos los 4,2 millones de abortos practicados cada año en la región son clandestinos o se realizan en malas condiciones” Las tasas de aborto en malas condiciones en América Latina y el Caribe son las más altas del mundo, y entre esas cifras, son las mujeres pobres las más afectadas, las que sufren las consecuencias médicas, jurídicas, sociales.  No tienen opción.

El pasado 4 de agosto, el Ministerio de Salud emitió disposiciones mediante el Memorando No. MSP-2017-07090-M, mediante el cual se establece, entre otros:

Brindar atención integral a mujeres en situación de aborto, a todos los servicios de salud, los establecimientos de mayor capacidad resolutiva deben cumplir con la normativa vigente: Guía Práctica Clínica de diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo, incompleto, diferido, recurrente, 2014; Guía de Práctica Clínica de Atención al Aborto Terapéutico, 2014.

Asesoramiento en planificación familiar y anticoncepción con información clara y basada en evidencia científica, posterior a la interrupción del embarazo.  Garantía de disponibilidad de anticonceptivos en emergencia.

El documento señala la necesidad de respetar el secreto profesional en atención en salud, especialmente en mujeres que atraviesan emergencias obstétricas, rescata disposiciones constitucionales y de organismos internacionales.  En estos años, médicos y personal de salud han sido obligados a reportar estos casos a las autoridades, se ha usado el testimonio del personal médico para procesar penalmente a las mujeres.

¿Qué implicación tiene este documento?

Es una disposición ministerial, que permite visibilizar una problemática que se ha venido denunciado por las mujeres: en nuestro país más de 200 mujeres han sido judicializadas por abortar, víctimas de un trato coercitivo y discriminatorio. En resumen, hay que atender a las mujeres con procesos de aborto y no denunciarlas.  Este decreto es un paso adelante en la dirección correcta: la necesidad de cumplir con las recomendaciones internacionales en este sentido y sobre todo la necesidad de un nuevo Código de la Salud que no vulnere los derechos que contempla la Constitución, que no sea regresivo  y vulnere los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Otro paso necesario y urgente es reformar el Código Integral Penal COIP, para despenalizar el aborto por violación.  Desproporcionadas son las sanciones para este “delito”, artículos 147, 149 COIP establece entre 7 a 10 años para el médico y entre 6 meses a 2 años para la mujer que lo autorice.  La CEDAW, el Comité de DDHH de la ONU ha recomendado al Ecuador despenalizar el aborto por violación, que no se criminalice las mujeres que acuden a establecimientos médicos con abortos en curso. Investigaciones de organizaciones feministas establecen que en el país se registran alrededor de 2 mil casos de niñas menores de 14 años con embarazo, anualmente. Son víctimas de violencia sexual, obligadas a ser madres.

Las cifras son alarmantes, Ecuador está entre los pocos países donde las tasas de alumbramiento en la adolescencia son superiores a 100 por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años de edad, según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA 2011) estas cifras se estarían aproximando a las registradas en la mayoría de los países de África al sur del Sahara.

Este último decreto del Ministerio de Salud es positivo, fruto de la lucha de las organizaciones de mujeres, feministas, activistas. La lucha por nuestros derechos no queda ahí en el texto, según este, la aplicación de las disposiciones será responsabilidad de las autoridades zonales y distritales de salud, y ojalá lo hagan, pero el exigir que se cumpla con los derechos de las mujeres en situación de aborto seguirá en las calles, en las investigaciones, en las propuestas e iniciativas.

Aún falta el pronunciamiento de otras instancias como la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Asamblea.  El Estado debe garantizar la salud de las mujeres; despenalizar el aborto es una forma.

El aborto es un problema de salud pública, de pobreza, de educación y como tal debe ser asumido. El aborto representa la quinta causa de morbilidad materna en nuestro país, que siga penalizado no lo resuelve, lo que sí hace es matar a las mujeres, sobre todo a las más pobres que lo practican en malas condiciones.

Documento. https://twitter.com/DesafioDerechos/status/894768970691227648

 

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