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familiares desaparecidos


Por Mayra Caiza

Durante dos días, el Comité contra Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas examinó en Ginebra al Estado ecuatoriano para corroborar su cumplimiento de la normativa internacional en materia de desapariciones forzadas.

Seis horas divididas en dos sesiones, el 8 y 9 de marzo de 2017, fue el tiempo que tuvo la delegación de funcionarios ecuatorianos para responder y aclarar las inquietudes de los relatores y miembros del Comité, que mostraron su preocupación en las desapariciones forzadas registradas en el Informe de la Comisión de la Verdad que recoge 17 casos ocurridos entre 1984 a 2008 y en las desapariciones cometidas por agentes particulares denunciadas por organizaciones de la sociedad civil.

Para los relatores del Comité es un avance la tipificación de la desaparición forzada en al Artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sin embargo, pidieron al Estado ecuatoriano aclarar bajo qué figura delictiva o tipo penal se trata a las desapariciones cometidas por particulares.

También, otros puntos de inquietud para los relatores Santiago Corcuera y Rainer Huhle fueron: si existe una base de datos sobre las personas desaparecidas y sobre los cuerpos NN; si existe un registro de cotejamiento de ADN en desapariciones; quién toma la decisión si un caso debe ser investigado por la Dinased; si todos los familiares de personas desaparecidas han participado en la reunión con el presidente Rafael Correa; si los familiares han tenido limitaciones al organizarse; si han sido víctimas de malos tratos; si la Policía ha sido capacitada en la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; si se han cumplido con las medidas de reparación material e inmaterial con las víctimas y familias; cuántas personas han sido localizadas y cuántas faltan. Asimismo, su preocupación se centró en el traslado de personas privadas de su libertad y sobre la aplicación de la protección internacional en el tema de refugiados.

No todas estas preguntas obtuvieron respuestas. El Estado ecuatoriano tiene 48 horas para enviar por escrito la réplica o su ampliación al Comité, que realizará un informe con recomendaciones previstas para el próximo 17 de marzo.

Para Andrés de la Vega, viceministro de Coordinación de Seguridad y jefe de la delegación, el Estado ecuatoriano ha evolucionado y puede enfrentar todo tipo desapariciones de seres humanos a través de ´sus capacidades políticas y humanas´, así lo registra el video de la sesión trasmitida por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).

Con él coincide el representante del Ministerio de Justicia, quien aseguró que entre el 2014 y el 2017 se registraron 17 230 denuncias de personas presuntamente desaparecidas. De ellas, el 94% ha sido resuelto y el 6% se encuentra en investigación previa.

Este dato fue cuestionado por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) que mediante su cuenta de Twitter dijo: “el Estado ecuatoriano habla de las desapariciones de 2014, pero qué pasa con Luis Sigcho desaparecido en 2008, Leonor Ramírez en 2011, Carolina Garzón en 2012, David Romo en 2013 y miles de desaparecidos más” que no forman parte de la estadística que maneja el Estado.

Para Juan Pablo Albán, abogado de derechos humanos que viajó a Ginebra, “Ecuador afirma que la mayoría de casos de desapariciones son resueltos oportunamente por la Dinased, omite decir que en 3 años hay 4300 casos sin resolver”, así lo registra su cuenta de Twitter personal.

Estos casos corresponden a las “desapariciones involuntarias” como las ha denominado el Estado ecuatoriano y que por ende, son investigadas como actos administrativos, es decir, como investigar la pérdida de un auto.

Esta problemática fue enviada por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), el consultorio gratuito de la Universidad San Francisco de Quito y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) al Comité contra Desapariciones Forzadas mediante un informe sombra el pasado 9 de septiembre de 2015 y su actualización en mayo de 2016.

Para las tres organizaciones, la problemática central en el tema de desapariciones involuntarias es el vacío legal que existe en la normativa nacional. Según Daniel Véjar, asesor legal de Inredh, “ni en los mecanismos de protección de derechos humanos internacionales, universal e interamericano, y mucho menos en nuestra legislación nacional se regula el tema de las desapariciones involuntarias ni el tratamiento que deben tener este tipo de situaciones. La única disposición sobre desapariciones involuntarias existente es la contemplada en el Art. 3 de la Convención”.

Al momento, las tres organizaciones esperan que tras el examen al Estado ecuatoriano se puedan determinar obligaciones y responsabilidades específicas del Estado cuando no investiga diligentemente cualquier caso de desapariciones. “Cualquier recomendación dictada por este Comité tendrá un profundo impacto en cómo las autoridades consideran al fenómeno de la desaparición en el Ecuador, que hoy en día mantiene personas desaparecidas y cuyas autoridades han reconocido los desafíos y sus propias falencias en esta materia”, así concluye la misiva de 7 hojas enviada al Comité el pasado 6 de marzo.

Dato:

Según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) de las 4300 personas desaparecidas en el país, el 67% corresponde a mujeres.

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