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violacion derechos humanos

 

Por Mayra Toapanta

 “Quisieron silenciarnos criminalizando nuestras luchas, pero solo lograron despertar a un pueblo indomable y peleador”.

La violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Rafael Correa ha sido un problema latente en el Ecuador. Y es que en esta década se han registrado cerca de 800 casos de criminalización hacia líderes sociales, trabajadores, estudiantes, mujeres, ecologistas, campesinos y pueblos ancestrales, que han sido judicializados bajo los cargos de sabotaje y terrorismo, resistencia, asociación ilícita, atentar contra la estabilidad del Estado, rebelión, daño al bien ajeno, injurias, paralización de los servicios públicos, proferir expresiones de descrédito o deshonra a la policía y a la administración pública; esto lo afirma Karla Calapaqui, activista y defensora de derechos humanos que el año pasado presentó el libro Criminalización de la protesta, memoria de la Resistencia, que es una recopilación en la que se detallan todas estas actuaciones contra los luchadores sociales.

Si bien es cierto que Rafael Correa inició su mandato con el apoyo de los sectores sociales y populares, pero apenas tuvo la oportunidad se divorció de ellos y pasó a beneficiar a los grandes grupos económicos, como a los empresarios y a la banca; entonces pasó a convertirse en un gobierno autoritario, represivo y violador de los derechos humanos. Sin embargo, ese accionar ha llenado de valor a hombres y mujeres que, a pesar de la cárcel, los golpes y los juicios, han reafirmado su lucha contra un proyecto político que ofreció maravillas y que incluso elaboró una nueva Constitución, la cual reconocía el derecho de pueblos y nacionalidades a ser consultados, que garantizaba el Derecho a la Resistencia y que posibilitaba a cualquier ciudadano a reclamar el respeto a los derechos de la naturaleza; derechos que no han pasado de los papeles, pues el accionar del gobierno ha demostrado todo lo contrario”, recalca Calapaqui.

Militarización

Según esta activista, a raíz de la aprobación de las enmiendas constitucionales se utiliza la fuerza de los militares para reprimir, “varios son los casos, pero actualmente esto sucede en la población Nankints, en Morona Santiago, en donde los militares son la guardia de seguridad de una empresa extranjera y han desplazado al pueblo Shuar, que ha perdido su territorio ancestral”.

Tortura

Las amenazas de violación de las que han sido objeto las mujeres Saraguro por parte de la policía, el sufrimiento que tuvieron que vivir los estudiantes del Colegio Mejía en el Regimiento Quito -donde funcionaba el ex SIC 10, lugar en el que desaparecieron a los hermanos Restrepo-; el caso del estudiante Edison Cosíos, que por el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza hoy se encuentra en estado vegetativo y con varias complicaciones de salud, “son hechos perpetrados por la policía, que ha sido capacitada para reprimir sin considerar la condición de las personas, sean estas estudiantes, mujeres embarazadas o personas de la tercera edad”, explica.

Terrorismo y sabotaje

El primer caso de detención y acusación de terrorismo fue el de Marcelo Rivera, en ese entonces presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), hecho que se marcaría como el inicio de toda una política supresora de derechos. Casos como el de Rosaura Bastidas, Mery Zamora, Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, los 10 de Luluncoto, los 29 de Saraguro, los 11 de Orellana, los 7 de Pastaza, los 21 del Arbolito, los 3 de Cotopaxi, los 21 de Cañar; Javier Ramírez, luchador antiminero de Íntag, Pepe Acacho, dirigente de la nacionalidad indígena Shuar; Manuel Trujillo, presidente de la organización comunitaria de San Pablo de Amalí, entre otros.

Muertes

“Hay muertes que están en la impunidad, como la del líder José Tendetza, dirigente opuesto a la minería a gran escala, que defendió el territorio Shuar; del profesor Bosco Wisuma, maestro bilingüe asesinado en el paro de la UNE-CONAIE; de Freddy Taish, joven shuar asesinado durante un operativo militar; del general Jorge Gabela, que denunció actos de corrupción en la compra de los helicópteros Drhuv”, sostiene Calapaqui.

Persecución  y estigmatización

Organizaciones Sociales: El gobierno ha estigmatizado a las organizaciones sociales no alineadas, como la CONAIE, la UNE y el FUT, que han estado a la cabeza de las movilizaciones sociales. En el caso de la UNE -que perdió su personería jurídica-, ha sido denominada como: “la secuestradora de la educación”. En cuanto a la CONAIE, se intentó desalojar la casa indígena pero su militancia no lo permitió. El FUT y sus centrales sindicales han sufrido el linchamiento mediático del gobierno y la obstaculización a la labor sindical de sus dirigentes.

Organizaciones Políticas: El Movimiento Popular Democrático, al que en un proceso ilegal le retiraron su registro electoral, ha sido una organización desprestigiada sistemáticamente por el presidente bajo calificativos como: tirapiedras, terroristas, violentos, izquierda infantil, garroteros. El Movimiento Pachakutik también ha sido objeto de constantes señalamientos, con calificativos como: indígenas locos, ponchos dorados, Pachakutik es el MPD con poncho, 31 indígenas infantiles. El Movimiento Ruptura de los 25 ha sido calificado como traidor…, y un largo etcétera.

Colegios de Profesionales: La persecución contra los abogados que defienden a los criminalizados o piensan diferente se ha oficializado; los Colegios de Abogados de Pichincha y Guayas, principalmente, que en algunos casos han asumido la defensa de dirigentes criminalizados, han sido linchados mediáticamente, hostigados por su posición crítica al régimen. Desde el 2015 el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un órgano persecutor de los abogados, que bajo criterios como “el abuso del derecho”, abren expedientes para sancionar a los profesionales.

Periodistas: Perseguidos por denunciar la corrupción o cuestionar al régimen, han sido, por ejemplo, Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, autores del libro “El Gran Hermano”, que fueron demandados por daño moral. Las crónicas de Roberto Aguilar, llamado a confesión judicial por parte de Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación; el arte del caricaturista Bonil, objeto de sanciones de la Supercom y un juicio penal por parte de un asambleísta de gobierno; las opiniones de Gonzalo Rosero, Diego Oquendo, Ramiro Cueva, Freddy Aponte, y un sinnúmero de periodistas en el Ecuador, han sido objeto de amenazas, censuras, chantajes, presiones y denuncias.

Según Calapaqui, expresar el sentir de las necesidades de los sectores sociales, luchar por los trabajadores, campesinos, por las reivindicaciones de los pueblos, ha sido un crimen que les ha significado a los luchadores sociales, en unos casos, enjuiciamientos, la cárcel y en otros casos despidos de los puestos como servidores o trabajadores públicos. “El único error que cometieron estas personas fue denunciar las políticas implementadas por este gobierno -que tiene sus manos manchadas de sangre-, entonces sobran las razones para iniciar procesos de repetición hacia funcionarios como el ex ministro de Educación y el ex ministro del Interior, que han sido los principales violadores de los derechos humanos en el país. Esta es la realidad en un gobierno prepotente y autoritario, que está de salida por completo, pues el rechazo y el descontento de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas son muy evidentes”, manifiesta. 

 “Con estos antecedentes, sobran las razones para NO votar a favor del correísmo en las elecciones del 2 de abril, pues cuatro años más significarían el fin de las organizaciones sociales, que en estos momentos permanecen con un arma en la cabeza; nos urge un cambio de gobierno para forjar un nuevo espacio, donde las organizaciones puedan recomponer el tejido social que ha sido roto por el gobierno de la famosa revolución ciudadana”, concluye Calapaqui.

 

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