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pueblos shuar

Por Redacción Opción

Cuatro mujeres shuar de la comunidad Tiink, ubicada en el cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago se instalaron en Quito durante una semana para relatar la situación de militarización y desplazamiento forzado que vive la provincia amazónica desde el 11 de agosto del año anterior.

Mónica Ambamba, mujer shuar de 32 años y habitante de la comunidad Nankints, viajó más de diez horas hasta la ciudad capitalina junto a sus compañeras shuar para reunirse con el delegado de Naciones Unidas y conversar con distintos medios comunicación, colectivos sociales y la academia. El objetivo: trasladar la problemática que vive la población shuar a la ciudad.

Esto debido a que el Estado de excepción declarado en la zona desde el pasado 14 de diciembre del 2016 - por el conflicto entre la población shuar y los uniformados que dejara  un policía muerto, siete uniformados  y varios shuar heridos- ha generado el desplazamiento de la comunidad de TsuinTsuim y San Carlos de Limón del cantón San Juan Bosco, provincia Morona Santiago, lugar donde se encuentra el proyecto minero San Carlos Panantza ejecutado por la empresa minera china Explorcobres S.A. (EXSA) que pretende extraer oro, cobre y molibdeno de la zona durante 25 años.

Para instalar el campamento minero, el pasado 11 de agosto miembros de las Fuerzas Armadas junto al personal de la empresa minera desalojaron a las 8 familias (promedio de 8 a 10 personas) que vivían en la comunidad Nankints, en San Juan Bosco.

Mónica fue una de las mujeres desalojadas. Los militares ingresaron con barras y maquinaria pesada para destruir las casas y los sembríos (yuca, papa china, plátano). Perdió todo lo que tenía, solo se quedó con su vestimenta. Los militares ocuparon las casas. Ahora Mónica vive en la comunidad Tiink, al igual que Claudia Chumpi, que hasta el 17 de diciembre del año anterior vivió en Tsuntsuim, comunidad shuar ubicada a cuatro horas de Nankints.

Claudia, de 18 años, tuvo que dejar su casa cuando unos 500 militares ingresaron a la comunidad. “Ellos entraron a las casas destruyendo las puertas, botaron las ollas, los platos, las cocinetas. Todo lo que pudieron”. La joven shuar junto a su familia caminaron por la montaña durante tres días antes de llegar a Tiink, y en el camino su tía que estaba embarazada dio a luz.

Tras los dos desplazamientos, unas cuarentas familias se encuentran alojadas en la comunidad Tiink, según lo comenta Luis Ayuy, presidente de la Asociación Shuar Arutam, quien asegura que las empresas chinas son las responsables de los desalojos. “Son los chinos lo que están ingresando a nuestro territorio a desalojar. Entonces yo me preguntó: ¿si quieren desalojar a toda la comunidad, acaso hay un lugar donde puedan ubicar a toda la gente? Nosotros no vamos a conformarnos con que nos pongan en cuatro paredes en el pueblo. Nosotros, los shuar, somos dueños de la selva, de nuestro territorio, ahí tenemos nuestro mercado, nuestra medicina. Tenemos todo ahí”.  

El artículo 42 de la Constitución del Ecuador “prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades (…) Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna”.

Estas dos condiciones no se han cumplido con el pueblo shuar. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha sido necesario levantar una campaña de recolección de alimentos, ropa y accesorios de primera necesidad para las familias desalojadas, pues aseguran que tras ser desplazadas y con la militarización del territorio por el Estado de excepción las comunidades viven en condiciones precarias.

El pasado 25 de enero, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ingresó a la comunidad de Tiink para entregar víveres a las mujeres y niños desplazados.  

También  la población shuar hasta el momento no ha podido retornar a su lugar de origen. Nankints se encuentra cercado y ahí se construye el campamento minero La Esperanza de San Carlos Panantza, mientras que la comunidad de TsuinTsuim está deshabitada, pero registra patrullajes constantes de la Policía y el Ejército ecuatoriano. Mientras que San Carlos de Limón se encuentra habitada por miembros del Ejército ecuatoriano, la Policía Nacional y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que se alojan en toda la cancha de futbol de la comunidad y en las casas de los comuneros que decidieron abandonar su casa por el ingreso de los uniformados.

Este 12 de febrero concluye el estado de excepción y las familias esperan regresar a sus casas.

Concesiones mineras generan desplazamientos en dos provincias

En la Cordillera del Cóndor se encuentran dos proyectos mineros que se ejecutarán bajo el régimen de minería a cielo abierto. Uno es el proyecto minero Mirador que se encuentra en la parroquia de Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe; y el otro es San Carlos Panantza en Morona Santiago. De estos proyectos se pretende extraer cobre y oro  y los dos serán ejecutados por empresas con capital chino, como son Ecuacorriente S.A  (Ecsa) y Explorcobres S.A. (Exsa).

Las dos empresas mineras han desplazado a comunidades indígenas para ejecutar los proyectos. Los desplazamientos del pueblo shuar se retomaron la madrugada del 30 de septiembre de 2015, cuando 135 uniformados junto a los trabajadores de la empresa minera desalojaron a 16 familias del barrio San Marcos, parroquia  Tundayme. Así lo registra la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi).

“Destruyeron nuestras casas donde vivimos, dejándonos en total desamparo, nuestros bienes muebles, animales domésticos, huertos alimenticios y de medicina natural. Estamos preocupados de lo que se nos viene y no tenemos dónde vivir. No sé si esta noche dormiré…Ni sé a dónde me iré”, dice con lágrimas Geidy Álvarez.

Veinte familias más se sumaron a estos desalojos. La noche del 15 y madrugada del 16 de diciembre, la empresa ejecutó las servidumbres mineras y desplazó a la comunidad shuar.

Tanto la comunidad de Nankints como Cascomi aseguran - mediante sus comunicados- que no se respetó su derecho a la consulta previa, libre e informada como lo garantiza el artículo 57 de la Constitución del Ecuador. Así como tampoco el numeral 11 de este artículo que establece que las comunidades tienen derecho “a no ser desplazadas de sus tierras ancestrales”.

Al momento, las familias desalojadas de Tundayme no han sido reubicadas. Viven con amigos o familiares en un cuarto. Así lo explica Luis Sánchez, presidente de Cascomi. Mientras, los proyectos mineros continúan su ejecución.

Según el ministro de Minería, Javier Córdova, el proyecto San Carlos Panantza se encuentra en un proceso de exploración. “Tomará alrededor de cuatro años antes de definir si el mineral que está en el lugar es económicamente viable, si es explotable, y para conocer el porcentaje de cobre por tonelada que existe en el sitio”, así lo dijo en el portal Ecuador Inmediato.

Según el portal de la organización ambientalista Acción Ecológica, este proyecto minero busca explotar un yacimiento de 3.200 hectáreas con cobre, oro y molibdeno. Para ello, la empresa proyecta construir dos minas a cielo abierto en las que  procesará 90.000 toneladas de cobre al día, generando grandes cantidades de desechos y  utilizando miles de litros de agua cada día.

Treinta toneladas menos se producirán en el proyecto minero Mirador que tiene reservas de cobre de 6,5 billones de libras aproximadamente, 26.000 onzas de plata, 3,2 millones de onzas de oro, según información del Ministerio de Minería.

Situación humanitaria del pueblo shuar fue enviada a organismos internacionales

La falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de garantizar los derechos humanos de la población shuar, es una de las preocupaciones del coordinador Residente de Naciones Unidas – Ecuador, Va Grant Leayti, quien se comprometió a solicitar información oficial al Estado ecuatoriano sobre la situación en Morona Santiago y a ser el canal de comunicación con los procedimientos especiales a nivel de un relator  de Naciones Unidas. Así lo informó Nathaly Yépez, asesora legal de Inredh, que fue parte de la comisión que se reunió el pasado 1 de febrero con el representante de Naciones Unidas, las cuatro mujeres shuar, los dirigentes de la comunidad de Nankints,  la Conaie, y Mario Melo, director del Centro de Derechos Humanos – Puce.

Este 8 de febrero de 2017, las organizaciones indígenas y de derechos humanos enviaron  información sobre la situación humanitaria de las personas desplazadas por la militarización en el marco del sistema extractivista para cuatro relatorías de Naciones Unidas.

Para Yépez, la información enviada  a Victoria Lucía Tauli-Corpuz, relatora Especial en los Derechos de las Comunidades Indígenas; Cecilia Jiménez, relatora Especial de los Derechos Humanos de los Desplazados Internos; Leilani Farha, relatora Especial sobre Vivienda; y  a Hilal Elver, relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, busca poner en conocimiento la situación que está viviendo el pueblo shuar.

Además, en el documento solicitan a los relatores que exhorten al Estado ecuatoriano para que facilite las condiciones adecuadas para el diálogo y la resolución del conflicto. Aseguran que la militarización en vez de permitir un diálogo lo que está haciendo es exacerbar las condiciones e impide el mismo.

Debido a la constante  negativa de diálogo por parte del gobierno, las organizaciones alertan a los relatores, de que si no existe una respuesta favorable por el Estado,  se exhorte a los diferentes mecanismos de asistencia humanitaria para que entren a la zona y se pueda cubrir esas necesidades de forma temporal.

También la situación de los pueblos desplazados será expuesta en el Examen Periódico Universal (EPU) en mayo de este año, donde el Estado ecuatoriano será evaluado por los otros Estados.

Otro organismo internacional que podría conocer este caso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH). Yépez informó que solicitaron una audiencia temática en el Período Ordinario de Sesiones número 161 de la CIDH que se realizará del 15 al 22 de marzo de este año. En esa audiencia buscan exponer la violencia que se vive  en la Cordillera del Cóndor. Al momento, se encuentran a la espera de la respuesta del organismo internacional. 

 

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