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Redacción OPCION

La pretensión de cierre de Acción Ecológica, AE, se suma a los cierres consumados de Pacha Mama, (ONG) ambiental y Unión Nacional de Educadores UNE, por levantar su voz de oposición a las políticas  del gobierno, en contra de los derechos humanos y colectivos de los sectores vulnerables del país.

En estas tres décadas la participación política de AE ha sido notoria, su aporte y el de las organizaciones indígenas y sociales lograron que se plasme en la Constitución de la República el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la prohibición del uso de transgénicos, el Mandato Minero, entre otros. Han presentado también propuestas para las leyes de Agua, de tierras y de soberanía alimentaria, y otros.

En este tiempo los ecuatorianos se han enterado de las malas prácticas de las compañías extractivistas y de las luchas de los pueblos a través del trabajo de Acción Ecológica; de las consecuencias perjudiciales de la minería para el ambiente y para los seres vivos. También ha sido evidente su solidaridad con los distintos grupos como ocurrió con el pueblo Shuar, que ha resistido al proyecto extractivista Panantza San Carlos en la comunidad de Nankints, bajo la dirección de la compañía china EXSA; lo que ha provocado el rechazo social a las formas de silenciar y reprimir a los pueblos indígenas.

Esta difusión no fueron bien vistas por las autoridades gubernamentales, por lo  que fue considerada como falta irreparable; causal de cierre o disolución, según se exponen en los documentos presentados por el Ministerio del Ambiente, y del Ministerio de Interior entregados a Acción Ecológica el pasado 20 de diciembre.

Los delegados de AE, por su parte  aclaran que precisamente esos son los objetivos por los cuales se constituyó Acción Ecológica hace 30 años, como lo señala el artículo 2 del estatuto: “Promover la defensa de los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio ambiente sano y alcanzar los derechos del buen vivir, promoviendo el respeto integral”.

Esperanza Martínez, una de las activistas de AE y víctima de los ataques verbales del presidente de la República, señala que este es caso ya fue juzgado en el 2009; por lo tanto en derecho no tendría validez. Ratifica que las acciones de AE están enmarcadas y en armonía con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, cuyo Objetivo 7.12.b, señala que es una prioridad: “Optimizar la gestión ambiental participativa y el control social para la conservación de la biodiversidad terrestre y marina, mediante procesos de integración comunitaria que consoliden una cultura de paz y sostenibilidad en los territorios bajo régimen especial, así como en la circunscripción territorial especial de la Amazonia”, entre otros.

Martínez deduce que la minera EXSA es la que ha pedido el cierre de la organización, pues está siendo afectada en su proyecto extractivo; también porque las acciones del gobierno (en contra de la población shuar) han sido para proteger a la compañía china y la petición del Ministerio del Interior se relaciona con lo que está ocurriendo en Nankints donde está el campamento y las instalaciones de la compañía minera.

El paso 30 de diciembre, cinco expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas criticaron las medidas represivas del Gobierno del Ecuador, mediante una carta, en la que se señala también que esas medidas son para asfixiar a la sociedad civil, tras la emisión de una orden de cierre de una ONG que apoya los derechos ambientales e indígenas. El grupo de relatores han exhortado al gobierno a revocar la decisión y reformar la legislación que está utilizando para disolver a los grupos.

También han criticado al gobierno por disolver grupos como Pachamama y la Unión Nacional de Educadores, e intentar también cerrar la ONG Fundamedios en los últimos tres años. El comunicado señala a estas acciones como estrategias para asfixiar a la sociedad civil mediante los decretos -16 y 739.

AE, por su parte, pide la conformación de una comisión de paz y de verdad, para que se sepa cómo y quién ha motivado la violencia. No confían en la justicia, pues la lucha jurídica no es igualitaria, la cancha y los jueces son oficialistas, y la vida de AE ecológica puede durar días o meses, solo depende de la decisión suprema que no está en la misma orilla verde.

 

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