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nankints resiste

Redacción Opción 

“La lucha sólo ha empezado y es deber de todos unirnos, pues al final del túnel inicia la claridad, somos pueblos milenarios y nada ni nadie podrá exterminarnos”, Marlon Vargas Santi, presidente de Confeniae.

Más de un mes se encuentra militarizada la población shuar de Nankints, en la provincia de Morona Santiago, debido al rechazo del proyecto minero Panantza San Carlos. Los enfrentamientos ocurridos desde el 21 de noviembre del 2016 han cobrado la vida de un elemento de la Policía Nacional y han dejado seis comuneros presos en la cárcel de máxima seguridad en la provincia de Cotopaxi.

A la zona han llegado varios vehículos blindados de artillería, helicópteros que  sobrevuelan  el territorio shuar, además de la presencia de cientos de militares y policías que vigilan el lugar en busca de más culpables del deceso y que dan seguridad al campamento minero extranjero, lo que mantiene en sicosis a niños y adultos del sector.

Ante los hechos, el primer mandatario, Rafael Correa, ha manifestado que: “no dialogará con nadie mientras no aparezca el asesino del policía muerto”; a la vez que de parte del gobierno se han ofrecido 50 mil dólares a quien entregue o dé información sobre los responsables. Correa repite siempre que: “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”, con lo que quiere decir que no dará ni un paso atrás en su proyecto extractivo, tal vez el más grande de Latinoamérica.

Estos acontecimientos de dominio público han sido criticados por las organizaciones indígenas del continente, mismas que se han solidarizado con el pueblo shuar y han exhortado al gobierno ecuatoriano para que, en cumplimiento al marco jurídico nacional e internacional adoptado por el Estado, se genere un proceso de diálogo  y entendimiento bajo la luz de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la misma Constitución del Ecuador. También llaman al Estado a respetar los convenios internacionales en lo que respecta a la consulta libre e informada antes de aprobar proyectos que afecten a tierras y territorios, así como a los recursos existentes.

Desde la ONU, varios relatores exhortaron al gobierno ecuatoriano a revocar la decisión de disolver grupos (como Acción Ecológica), pues ésta se produce en medio de un conflicto con los indígenas shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras. El grupo de defensa, que apoyó vocalmente a los manifestantes indígenas, es el último de una serie de organizaciones afectadas por el gobierno, señala la misiva.

Los dirigentes de la CONFENIAE, por su parte, hicieron conocer a nivel internacional sobre “la situación caótica que enfrenta en la región amazónica, en la que líderes y dirigentes indígenas somos perseguidos por el actual régimen; defender nuestros territorios se ha convertido en la justificación para que el poder pretenda encarcelarnos”, señalaron.

Para los líderes las muertes de varios defensores de la naturaleza y la represión a los pueblos han quedado en la impunidad; no así la muerte de un policía, por él que el Estado ofrece recompensa por encontrar un culpable; hecho lamentable que se pudo evitar si se hubiera dado cumplimiento a la legislación nacional y a la consulta previa, libre e informada a los pueblos afectados (Nankints) sobre el cuestionado proyecto Panantza San Carlos.

La dirigencia de la CONAIE pidió la intervención de la iglesia en este caso, y solicita: “que cualquier intento de armonización en Morona Santiago debe darse en un ambiente en el que se garanticen los derechos de asociación, reunión y expresión. La presencia de la Policía y las Fuerzas Armadas constituye un llamado a la violencia a un pueblo que, culturalmente, se ha definido como guerrero y que, históricamente, se ha defendido del colonialismo y del capital que ha pretendido despojarlo de su territorio".

 

Se plantea también  la conformación de una veeduría que analice "los pormenores" del contrato del proyecto minero de San Carlos de Panantza y de todos los proyectos denominados estratégicos para determinar e identificar la posesión ancestral de los pueblos indígenas sobre los territorios  de la amazonía ecuatoriana, y en los que se pretende realizar procesos extractivos.  Finalmente, piden que se cumplan los procesos de consulta previa libre e informada en las comunidades indígenas, respetando "su derecho a la autodeterminación".

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