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protestarEs un derecho

Por: Tatiana Carcelén

El próximo 10 de diciembre se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fecha que se institucionalizo como tal dos años después con la finalidad de exhortar a las naciones a defender los derechos de los otros.  “Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición, dar un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento”, establece dicha organización sobre este tema en su página oficial.

Si bien es cierto que esto lo establece uno de los máximos organismos internacionales y se fortalece con el articulado Constitucional, en el caso de Ecuador todavía hay muchísima tela que cortar en este tema, puesto que, durante este año por parte del gobierno se han cometido varias violaciones a los  derechos fundamentales de libertad de expresión, de asociación, de protesta, de  réplica, de defensa de la madre tierra, que han sido denunciados ante organismos internacionales, los cuales se han pronunciado al respecto solicitando al régimen de Rafael Correa que se respete los derechos fundamentales de los ecuatorianos.

Y es que en lo que va del mandato de Correa se han registrado más de 700 casos de criminalización hacia líderes sociales, trabajadores, estudiantes, ecologistas, campesinos y pueblos ancestrales, que han sido judicializados bajo los cargos de: sabotaje y terrorismo, resistencia, asociación ilícita, atentar contra la estabilidad del Estado, rebelión, daño al bien ajeno, injurias, paralización de los servicios públicos, tráfico ilícito de armas, proferir expresiones de descrédito o deshonra a la policía y la administración pública. Cada una de las acusaciones son producto de las jornadas de movilización de los sectores sociales en defensa de sus derechos, de su territorio, de sus recursos naturales, entre otros motivos, y esos cargos penales se emiten con la finalidad de amedrentar a los pueblos e inmovilizarlos; sin embargo, la cárcel y los procesos judiciales en lugar de amedrentarlos los han fortalecido en su convicción.

El primer caso de detención y acusación de terrorismo  fue el de Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador – FEUE, hecho que se marcaría como el inicio de toda una política supresora de derechos. Casos como el de la  Maestra Rosaura Bastidas, enjuiciada por sabotaje y terrorismo , la profesora Mery Zamora, casos de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa; Francisco Sampedro, encarcelado por transportar un monigote; los 10 de Luluncoto; los 29 de Saraguro; los 11 de Orellana; los 7 de Pastaza; los 21 del Arbolito; los 3 de Cotopaxi; los 21 de Cañar; los 12 del Central Técnico; los estudiantes del Colegio Montúfar; Javier Ramírez luchador antiminero, presidente de la comunidad de Junín – Íntag; Pepe Acacho, dirigente de la nacionalidad indígena Shuar; Manuel Trujillo, presidente de la organización comunitaria de San Pablo de Amalí; defensores del Agua como Carlos Pérez, Efraín Guzmán, Abel Arpi; el caso de tortura contra estudiantes del Colegio Nacional Mejía, la “yuca” de Luis Calderón, la destitución de Narcisa Sánchez, presidenta del Frente Popular de Pastaza, que se desempeñaba como enfermera del Seguro Social Campesino.

A esta larga lista se suma  la muerte de líderes como José Tendetza, dirigente opuesto a la minería a gran escala, que  defendió el territorio shuar y denunció activamente la explotación minera china en Cóndor Mirador, que fue asesinado a finales del 2014; Bosco Wisuma maestro bilingüe asesinado en el paro de la UNE – CONAIE en el 2009;  Freddy Taish, joven shuar asesinado durante un operativo militar contra minería artesanal en el 2013, y ni se diga del daño irreparable al joven estudiante Edison Cosíos que por el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza hoy se encuentra en estado vegetativo y con varias complicaciones de salud.

Y es que la persecución y represión no solamente se limitan a las personas que se  encuentran movilizadas, sino también a quienes se encargan de difundir lo sucedido para desmentir las versiones oficialistas, tal como es la situación de  Amable Angamarca comunicador de la Radio del Buen Pastor en la provincia de Loja,  cuyo  delito fue ejercer el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación, al trasmitir la represión que sufrió el pueblo de Saraguro el 17 de agosto del 2015, siendo condenado a  4 años de cárcel. Otros casos de periodistas perseguidos sea por cuestionar al régimen o por denunciar casos de corrupción son: Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, autores del libro “El Gran Hermano”, que fueron demandados por daño moral. El humor del caricaturista Xavier Bonilla conocido como ’Bonilla,’ quien  ha sido sancionado en varias ocasiones  por parte  de la Superintendencia de Comunicación – Supercom; mientras que un sinnúmero de periodistas han sido objeto de amenazas, censuras, chantajes, presiones y denuncias por el simple hecho de expresar su opinión, y se suma el caso del administrador de la página de humor Crudo Ecuador, que fue víctima de hostigamiento por un meme que no fue del agrado presidencial e incluso  recibió  amenazas de muerte por lo cual decidió cerrar su página. 

Las organizaciones sociales y políticas tampoco se han librado de esta arremetida represiva, puesto que al no someterse a los mandatos oficiales o al expresar su desacuerdo con las políticas establecidas también son víctimas de sanciones que no siguen el debido proceso, como es el caso de la CONAIE a la cual se intentó desalojar de la casa indígena; la Unión Nacional de Educadores que este año fue disuelta por decreto ministerial y despojada de sus bienes, incluida la casa del maestro que fue construida con el aporte voluntario de miles de docentes afiliados a este gremio; la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios - FUNDAMEDIOS en septiembre de 2015 fue advertida por la Secom debido a sus publicaciones en defensa de la Libertad de Expresión; otro caso es el del  Movimiento Popular Democrático, al que en un proceso ilegal le retiraron del registro electoral; lo mismo sucedió con el Movimiento Ruptura 25.

A lo anteriormente mencionado debemos sumar el constante linchamiento mediático del que han sido blanco las diferentes organizaciones, al ser tildadas de terroristas, saboteadores, tira piedras, ecologistas infantiles, ponchos dorados, indígenas locos y demás calificativos despectivos y en ocasiones racistas, que también han sido dirigidos incluso a juristas que han decidido defender a los criminalizados.

Por su parte, organizaciones internacionales han manifestado su preocupación ante esta situación, tal como lo dice la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos  en su Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores estos derechos en las Américas, publicado en diciembre de 2011, donde  caracteriza la criminalización como “el inicio y sujeción a investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento, con el objeto de amedrentar la labor de defensoras y defensores y generar una paralización de su trabajo en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”.

Casos que muestran claramente el temor del gobierno a los movimientos sociales, al despertar del pueblo ecuatoriano y que a su vez generan sentimientos como la indignación  por cómo se ha llegado a abusar del poder sin medir el daño que se  causa, ya que con las detenciones las personas acusadas pierden tiempo valioso de estudios, de trabajo, de convivencia con sus familias, además de sufrir la estigmatización; pero a la vez los atropellos despiertan esperanza, convicción y ganas de continuar la lucha en defensa de la dignidad, de la vida, al ver la solidaridad de varios colectivos que gritan a todo pulmón y demuestran en la práctica que no permitirán que la violación a los derechos humanos y la libertad de pensamiento se convierta en una política de estado.

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