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Por: Amparo Sigcha

En agosto de este año, la comunidad shuar de Nankints asentada en la Parroquia Panantza-San Carlos, en la provincia de Morona Santiago, fue brutalmente desalojada de su territorio, mediante operativos policiales y militares. El desalojo forzoso e ilegal dispuesto por el Intendente de esa provincia se dio en una extensión de 94 hectáreas; y la concesión de la empresa minera china Explocobres SA, EXSA, es de 2 hectáreas de la zona en conflicto.

Los pobladores de las comunidades indígenas shuar, expulsadas a la fuerza de la zona en donde se pretende ejecutar el proyecto minero Panantza-San Carlos, decidieron volver a su territorio ancestral el 21 de noviembre pasado, lo que desató nuevamente un conflicto entre la población indígena y las fuerzas armadas que defienden a la minera.

El territorio de Panantza – San Carlos entra en conflicto en los años 90, a raíz de la adjudicación de tierras que se produce de manera irregular por parte del extinto IERAC a un señor Alvarado y éste a su vez a la empresa minera EXSA, de capitales canadienses. A partir de esa fecha la población ha sido sometida a presiones, hostigamientos, amenazas, operativos militares y vulneración de derechos, con el objetivo de despojarle del territorio que mantenía el derecho de posesión, asegura Gloria Chicaiza en un comunicado de Acción Ecológica.

A todo este marco ilegal se suma la falta de regulación de autoridades como el Ministerio del Medio Ambiente, que otorgó licencias ambientales a dicho proyecto minero basadas en un Estudio de Impacto Ambiental presentado hace 10 años.

El legislador por Pachakutik Pepe Acacho, señala que las comunidades shuar de la zona, por mucho tiempo, han acudido hasta las instancias oficiales para resolver pacíficamente el conflicto originado por intereses de las transnacionales, sin embargo, el Estado, encargado de garantizar los derechos de todos los ecuatorianos, ha mantenido un silencio cómplice frente a la represión al pueblo de Nankints.

Para este asambleísta y líder indígena de la Provincia de Morona Santiago, la represión sufrida por el pueblo de Nankints por parte de las fuerzas armadas y policiales y los constantes sobrevuelos están afectando sicologicamente a niñas y niños, adultos, hombres y mujeres, que se  han visto obligados a abandonar sus hogares, sus tierras y su cultura para refugiarse en la selva por temor a más ataques armados o detenciones; situación que se vuelve más tensa con el corte de comunicaciones y el sabotaje a la única radio, La voz de Arutam; y por el impedimento de ingreso a ese sector a los medios de comunicación, así como dirigentes de las organizaciones indígenas.

“Se han violentado los derechos colectivos de un pueblo que ha decidido defender sus territorios”, manifiesta Acacho.

Esta situación de vulneración de derechos humanos y colectivos se repite en todos los casos donde se concesiona a mineras, como ocurrió en San Marcos, Zamora, ahora Panantza-San Carlos, Quimsacocha en Azuay. Sin dudas se violenta la legislación ecuatoriana pues las concesiones se encuentran localizados en  zonas de gran riqueza hidrográfica y biodiversidad, que de ejecutarse contaminará a miles de hectáreas de terreno así como a millones de litros de agua,  dejando cráteres en el corazón de la Cordillera del Cóndor y Andina y daños ambientales irreversibles, efectos típicos e inevitables de la minería a gran escala.

Sobre este tema el Presidente Correa señaló que por intereses políticos y gremiales de parte de la dirigencia indígena, se ha movilizado a las comunidades shuar, y muestra como víctimas a 6 militares heridos.

En esos días los pobladores indígenas de la provincia de Pastaza y de Macas se tomaron las vías en el Km. 50, en solidaridad con Nankints; han mostrado su rebeldía en rechazo a la minería a gran escala y a  la actitud prepotente del gobierno ecuatoriano que ha buscado imponer su política extractivista haciendo caso omiso a los derechos de las comunidades afectadas, los cuales no pueden ser sometidos a intereses económicos. El pueblo shuar exige respeto a los derechos humanos y colectivos; que el pueblo sea consultado, como dispone la Constitución, que se respete el Mandato Minero y los territorios ancestrales. 

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