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Comunicación INREDH

Este martes 15 de noviembre, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y académicos denunciaron públicamente que no participarán con ninguna candidatura a la  Defensoría del Pueblo porque el reglamento de elecciones discrimina y vulnera el derecho de igualdad ante la Ley. Por ello, presentarán un acción de inconstitucionalidad contra el reglamente.  Además, las 18 organizaciones y cuatro académicos cuestionaron la gestión de la Defensoría del Pueblo en relación a los protección a los derechos humanos.

Comunicado: Designación de defensor del pueblo será inconstitucional y promoverá la impunidad

 La Defensoría del Pueblo es la institución nacional que promueve y defiende los derechos de todas las personas que hacen parte de un Estado. La importancia de esta institución obliga que quien esté a la cabeza no solo sea una persona con suficientes conocimientos académicos y con experiencia en la administración en el sector público; pues debe ser, sobre todo, una persona independiente de todo organismo o forma de poder, sea político, económico, de organismos armados, o cualquier otro; porque precisamente deberá cuestionar los excesos que cometan funcionarios que ostentan estos poderes; debe ser una persona que promueva y defienda las formas de organización de la sociedad civil que surgen bajo la consigna de defender derechos, ya sean individuales, colectivos, de los pueblos o de la naturaleza; debe ser una persona que asuma su trabajo como una responsabilidad con la sociedad, y no con el gobierno de turno que respalde su designación. En el ámbito ecuatoriano, la pregunta que surge es si el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, cumplió con estos preceptos durante su mandato de cinco años y si su labor sustenta su deseo de ser designado para un nuevo periodo. La respuesta es no, un rotundo no.

Ramiro Rivadeneira, y su defensor adjunto, iniciaron su gestión con el respaldo de varias organizaciones de derechos humanos, respaldo que se lo dio en la creencia de que al provenir de estas organizaciones, mantendrían ese espíritu de militancia a favor de los derechos, mirados en su integralidad. Nada nos hacía suponer que una vez que asumieran dichos cargos, darían un giro para, rodeado de organismos afines a las tesis gubernamentales, en lugar de proteger los derechos de la población, se dediquen a proteger los derechos del gobierno y trabajen únicamente en temas que no afecten la imagen gubernamental.

 Leer comunicado compelto aquí: http://bit.ly/2fczLCZ

 

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