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DERECHOS HUMANOS

Por: Redacción Opción 

 “Soy una mujer saragura, fuerte y solidaria, que no tiene miedo”.

Luisa Lozano llegó a Quito desde el pueblo de Saraguro con una delegación de su comunidad,  para decirles a los jueces y todas las autoridades de justicia del País , y al presidente si es necesario, que es inocente, que le condenaron por ser solidaria.

Esta madre ejemplo para sus cuatro hijos,  a sus 39 años es una trabajadora incansable, defensora  de los derechos y solidaria, como toda la gente de Las Lagunas en Saraguro.

Es conserje de la escuela hace 6 años y por su habilidad en el arte culinario, vende comida por las tardes y las artesanías que realiza.

Camina segura y altiva, a la salida de las dependencias de la justicia en Quito, y  dice no tenerle miedo a nada ni a nadie; dice que trataron (el gobierno y la policía) de sembrar miedo en ella y en la comunidad (con los gases lacrimógenos, con el apresamiento y luego con el proceso judicial), pero no lo han logrado, añade con un poco de rabia en su voz: “porque los Saraguros somos valientes. No voy a entregarme fácilmente, lucharé hasta las últimas instancias, no he hecho nada malo, le defendí a una mujer embarazada que estaba siendo arrastrada, y estoy orgullosa de eso y lo volvería a hacer, mi conciencia está tranquila”, añade Luisa.

A pesar de su fortaleza se le quiebra la voz cuando habla de sus hijos y de los impactos sicológicos que esta sanción les ha acarreado a los menores en estos meses y cuando escuchan las palabras audiencia, fiscalía o cárcel, desde el 17 de agosto pasado.

La asistencia a las audiencias, los traslados hasta la fiscalía le han provocado problemas en el horario de sus labores en el trabajo, por lo que piensa renunciar como medida preventiva antes de enfrentar un juicio administrativo con el ministerio de Educación, lo que ahondaría la crisis emocional y económica del hogar.

17 de agosto del 2015 – Paro de los trabajadores y levantamiento indígena

Esa mañana, el pueblo de Saraguro se acogió al Derecho Constitucional a la Resistencia, salió a las calles en rechazo a las políticas del gobierno; pero más de mil efectivos entre policías y militares llegaron a obstaculizar la vía, a reprimir a los manifestantes con bombas lacrimógenas y a golpear a mujeres, hombres y niños, según los relatos de los afectados.

“Yo no participé de la convocatoria, mi última hija de 3 años amaneció con fiebre por lo que debí  trasladarme hasta la Cooperativa Las Lagunas para conseguir dinero para el médico y las medicinas; pero al llegar hasta la Panamericana me acerqué a la manifestación pues observé que golpeaban a hombres, a mujeres y lloraban niños, ¡era una guerra! y al acercarme más escuché una voz conocida, era la señora Luz Paqui, una vecina que se encontraba embarazada, a la que le arrastraban del cabello, mientras por otro lado lanzaban bombas lacrimógenas; entonces grité que ¡no sean inhumanos, que no sean crueles, que no pueden pegarle así a una mujer!, y forcejeamos para que la soltaran; enseguida 8 policías me apresaron, y al resistirme me patearon, me golpearon, y me llevaron en una camioneta. Mi desesperación creció pues mi hija estaba en la casa enferma”. Luisa Lozano añade que “actualmente la preocupación de todos es por la sentencia de 4 años dictada”.

“Mis derechos como mujer y como ciudadana se violaron, no me leyeron mis derechos ni las razones por las que fui detenida”.

Vicente Vivanco, defensor de Luisa Lozano y Ángel Angamarca, señaló que se ha violado el debido proceso, que fueron arbitrarias las detenciones de los 28 miembros de la comunidad de Saraguro, como se pudo comprobar con los 11 detenidos que han sido absueltos y sobreseídos. Hubo allanamientos ilegales, se golpeó a gente de toda edad, y nadie responde por el maltrato y los 15 días que les privaron de la libertad.

Pilar Raza, Abogada y experta en Derechos Humanos, señala la preocupación del gremio por las sanciones desmedidas y la judicialización de las personas que protestan y que se acogen a su derecho constitucional a la resistencia.

“Aquí se habla de cierre de vías, cuando las vías fueron cerradas por los miles de policías que fueron a reprimir a la gente y provocaron todo lo que sucedió”, dice la abogada.

En este caso, según Raza, el problema no es solo el irrespeto a los Derechos Humanos, sino también de género, el racismo, pues mientras por violación o lavado de activos se dictamina 1 año de prisión, a una mujer indígena se le impone sanciones que van más allá de la ley, ya que lamentablemente la justicia solo obedece al poder.

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