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transportat borrego no es delito

Por: Redacción OPCIÓN

Han transcurrido dos meses y medio desde que Francisco Sampedro, un humilde chofer de camioneta guayaquileño, fue detenido por transportar el monigote de un borrego durante las  movilizaciones del 26

de noviembre del 2015 y actualmente es acusado de transportar armas químicas y biológicas.

El Observatorio de Derechos y Justicia del Ecuador, hizo público un documento donde se analiza este caso y la incompatibilidad del Estado en materia de derechos humanos de acuerdo a estándares de Sistema Interamericano de Derechos Humanos – SIDH.

Asimismo se señala la ilegalidad de la detención en la casa de Sampedro, el 26 de noviembre,  a las 9 de la noche, cuando los hechos, cuando los hechos se produjeron a las 18:h 4O como señala el parte policial  y deja establecido el absurdo de la acusación fiscal de que Sampedro tenía en su poder “material explosivo o armas nucleares” de la cuales no hubo evidencia cuando allanaron dos horas más tarde en su domicilio.                                                                                                                                                       

Asimismo fue privado de su libertad bajo la figura de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, tipificado en el artículo 362. Todo este absurdo se contradice con el parte policial que registra que en el vehículo se encontró únicamente: cuatro palos de madera, un tubo plástico, cinco banderas de tela de color rojo con leyendas estampadas de color blanco con diferentes escritos, doce hojas volantes de papel con manuscritos , una copia simple de una Orden de Retiro de Documento de Circulación de las placas del vehículo  y un talonario de Nota de Venta a nombre del detenido. Dejando así sin fundamento la teoría de que él transportaba material explosivo como lo manifestaron  las autoridades.

La intolerancia y el espíritu represor del policía y el régimen son evidentes, con la participación en una manifestación o protesta pública, transportando o exhibiendo un monigote de borrego hecho de papel, lo cual viola el Art. 66 de la Constitución ecuatoriana, donde se reconoce el  derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones; el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. Esto junto al Art. 98  que establece “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público”, que también se encuentra reconocido en la Carta Americana de Derechos humanos en los artículos 13 y 15.

“La manifestación en la vía pública que denota protesta, rechazo y repudio a ciertos  actos  oficiales, configura un discurso especialmente protegido por el derecho a la libre expresión. Restringir las manifestaciones públicas (generalmente críticas al gobierno) inhiben de manera ilegítima el derecho de quienes participan, a asociarse libremente por un objetivo común, que no solo afecta a quienes son sancionados, sino a la sociedad en general”, señala el Observatorio.

El terrorismo que no tiene una definición especifica, no puede  confundirse con la intención de un grupo de personas de protestar ante las autoridades públicas, incluso si estas medidas constituyen mecanismos para presionar a los gobernantes  a que escuchen las demandas de cualquier sector de la poblaciónporque, a diferencia del delito de terrorismo (en cualquiera de sus formas de manifestación), la protesta social constituye un mecanismo legítimo de opinión y debate sobre asuntos de interés público.” Por lo tanto, el monigote del borrego era una forma de protesta mediante la burla y la sátira, que son medios de expresión protegidos por el derecho internacional.

Con estos elementos el Observatorio demuestra que  Sampedro fue detenido arbitrariamente,  se transgredió el debido proceso, se ha vulneraron sus derechos al negarle el 16 de diciembre, el recurso de Habeas Corpus.

En las recomendaciones el  Observatorio de Derechos y Justicia recomienda que las autoridades judiciales determinen la inexistencia de flagrancia en la detención del señor Sampedro, y ordenen su inmediata libertad; que se respete  las expresiones de crítica y rechazo que se puedan hacer en el marco de una protesta pública, en atención a las exigencias del derecho a la libertad de pensamiento y expresión sobre asuntos de interés público, que las detenciones en el marco de las protestas públicas deberán hacerse solamente cuando se demuestre que las mismas son necesarias para preservar el Estado de derecho y la democracia. Las consignas contra el gobierno de turno, incluso las demandas de su salida, constituyen discursos protegidos por referirse a temas políticos y de especial interés nacional, entre otras.

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