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UNE

Por: Mayra Toapanta

A menos de un mes de la aprobación de las Enmiendas y sus primeras víctimas están a la vista

La Superintendencia de Comunicación  e Información (SUPERCOM) inició un proceso en contra del medio de comunicación Radio Morena Telescucha 640 AM

y de la Unión Nacional de Educadores (UNE). La argumentación de la parte acusadoraes que en el programa radial del 5 de diciembre de 2014, espacio rentado por la UNE,se abordó el tema delas movilizaciones por el tema de las enmiendas, por lo que afirman que los términos: movilizarse y provocación, incitan a la violencia, sin embargo los afectados mencionan que lo único que este organismo está haciendo es descontextualizar dichas palabras.

El informe interno de la Supercom cita dos conceptos por cada palabra,  pero al parecer acoge uno de ellos resaltado en negritas que dice: “movilizar: convocar, incorporar a filas, poner en pie de guerra tropas u otros elementos militares”, por lo que interpreta y comenta: “el miembro de la UNE estaría incitando a que los docentes y padres de familia se levanten a través de movilizaciones, esta acción va en contra del orden público”.

El doctor Raúl Cárdenas, lingüista y docente universitario, menciona que interpretar una palabra fuera de su contexto está dejando de lado una de las partes fundamentales de lo que es la gramática castellana.

Para él todas las lenguas están estructuradas y el significado de una palabra  no es uno solo pues menciona que así lo acepta la Academia de la Lengua Española: “Una palabra puede tener significados diferentes, depende del contexto de su utilización. Por tal motivo una palabra mal utilizada nos lleva a la malinterpretación del texto, dejando de lado su parte conceptual y de sentido”, manifiesta.

En cuanto a la palabra provocación, define nuevamente dos conceptos y resalta en negritas el segundo que dice: “delito consistente en incitar públicamente a alguien para que cometa una acción delictiva”, por lo que interpreta “trasmite a los oyentes el estímulo para que reaccionen con actos violentos”. Entonces es evidente que losconceptosseleccionados por la Supercom tienen una carga de intencionalidad ante la interpretación del mensaje.

“Con estas acciones se está coartando la libertad de expresión porque se exige darle significado  una cosa de la manera que determina el perceptor limitándole al emisor, le está exigiendo que piense como él, que dé la idea como él considera; entonces, eso es terminar con el idioma. No es tan fácil decir este es el significado o esto es lo que quiso decir y mucho menos mediante determinadas conveniencias; todo depende del entorno de ideas para darle a un término su significado”, agrega Cárdenas.

¿Entonces dónde quedan estos artículos amparados en la Constitución de la República y la Declaración de los Derechos Humanos? 

Art. 66 numeral 6: El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.

Art. 66Numeral 13: El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.

Art. 98.- (DH) Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

“La libertad de expresión es un derecho humano universal básico, es una base esencial para el ejercicio de los demás derechos que tienen los seres humanos y  en este sentido es relevante lo que dice el art. 19 de laDeclaración de Derechos Humanos, cuyo texto quiere decir que incluso abarca otros derechos como el de Libertad de Prensa, según el cual los ciudadanos tienen el derecho no solo a acceder a frecuencias de radio y televisión y hacer uso de los medios de comunicación, sino también a participar en los medios que existen con sus opiniones; esto es lo que implica el derecho a la Libertad de Expresión, basada en tres aspectos que son esenciales en una sociedad democrática”,explica Franklin Falconí, periodista y docente universitario.

Hablando de los tres aspectos de una sociedad democrática menciona: “En primer lugar, permite un debate de las ideas para encontrar la verdad, no tenerla significa que no existe el debate necesario para encontrar la búsquedade la verdad. En segundo lugar, se trata de una autorrealización personal, pues mientras más tenga la persona la posibilidad de enfrentar sus opiniones y enfoques con las opiniones e ideas de otros, puede mejorar su conocimiento sobre los hechos. Y por último está la necesidad de participación de los ciudadanos, esta permite que los ciudadanos avancen más allá que simplemente una democracia formal de carácter representativo en donde se supone le delegan la responsabilidad de tomar decisiones a otra persona; se trata de una participación en la que se le escucha al ciudadano”, dice Falconí.

“En este caso, que se impida a organizaciones sociales expresarse a través de los medios lo que hará es imposibilitar que estas organizaciones tengan un diálogo con el resto de la sociedad, una interrelación necesaria en términos políticos y comunicacionales con los sectores de la sociedad y, entonces, eso no les permite como organizacióndesarrollarse aún más y a la sociedad nutrirse con las experiencias y conocimientos que esta organización puede brindar”, y asegura que si los ciudadanos no tienen canales para manifestar su opinión, se hace evidente que se trata de un ejercicio autoritario del poder.

Para Falconí, opinar en el país es una situación muy compleja, comenta que a los ojos del  mundo el país es visto con preocupación, como ejemplo menciona a la ONG Reporteros sin Fronteras, que en su último informe anual que realizó sobre la libertad de prensa en el mundo ubica a Ecuador en el puesto 108 de 180 países analizados. “Lo que realmente llama la atención es que nuestro país a partir del primer año en que Rafael Correa asumió la presidenciaestaba ubicado en el puesto 74, nueve años después está 34 puestos más abajo.Esto implica que en el Ecuador vivimos un estado de pérdida del derecho básico que es la libertad de expresión y de deterioro permanente del derecho a la libertad de prensa que es fundamental para el ejercicio democrático”.

En cuanto a la Ley de Comunicación, dice: “Debemos considerar que estos indicadores se dan porque hay un proceso que ha venido restando y limitando el derecho a la libertad de expresión, mediante la imposición de una Ley de Comunicación que trató de ser mostrada como que fue ampliamente debatida y consultada, pero que en realidad solamente esperó a tener los votos suficientes en la Asamblea para imponerse. En general esta ley tuvo la perspectiva de controlar los medios creando instancias institucionales como la Supercom y Cordicom, que no hacen otra cosa que seguir y controlar los mensajes de los medios de comunicación que se dicen contra el gobierno, y en caso de ser así el medio es sometido a juicio y sancionado”, añade.

Refiriéndose al estudio técnico presentado por la Supercom, Falconí manifiesta que presenta argumentos que no tienen ninguna relación con el ejercicio básico del derecho humano de la libertad de expresión y los principios consagrados en la Constitución como el Derecho a la Resistencia, así como el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a la información y a informar libremente sobre sus opiniones a través de los medios de comunicación.

Finalmente señala que lo que va a ocurrir ahora con la Enmienda Constitucional aprobada recientemente,es que se va a legitimar la concepción que tiene el régimen sobre la comunicación como un servicio, algo que el Estado dirige, y desde esa perspectiva los medios se someterán a las decisiones del Estado; entonces lo que va a suceder a partir de ahora es que se impondrán los contenidos de los medios y se sancionará a quienes rompan con la línea política oficial, entrando entonces a un periodo de grave limitación.

Esta es una situación alarmante, añade, en especial respecto de los pocos espacios que han tenido las organizaciones sociales que no comparten la misma ideología que el régimen; sin estos espacios lesestán cerrando todas las posibilidades de expresarse especialmente a quienes piensan distinto. Aquí quien ha actuado con prepotencia y basado en la violencia ha sido el gobierno, que respaldado por sus robocops ha encarcelado a líderes, a luchadores, a gente que preocupada por las políticas actuales expresa su descontento en las calles. Hablar de la necesidad de la unidad y la movilización no es un delito, es un derecho legítimo que tiene el pueblo.

La audiencia mencionada al comienzo de este artículo se realizó el pasado 7 de enero, sin embargo no hubo pronunciamiento de la Supercom; se espera que en los próximos días se dé a conocer la resolución.

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