frecuencias

POLÍTICA

Por: AMPARO SIGCHA.

La comunicación nunca ha sido de todos y la supuesta revolución llegó pero solo para cambiar las fichas de un juego que sigue con las mismas reglas.

La comunicación en todos los tiempos fue vista como un negocio que da poder, que influye en las decisiones de las masas. Visto así, el reparto de las frecuencias se convierte en un proceso  mercenario. En todos los gobiernos la SUPERTEL, el CONARTEL, actualmente la ARCOTEL y demás instituciones encargadas de la distribución y renovación de las frecuencias repitieron la historia de negociados con el mejor postor, y claro, este gobierno no iba a ser la diferencia.

En el 2008, el presidente Correa aún aparentaba su afinidad con la izquierda, y ofreció cambiar las reglas de juego y transparentar los procesos de concesiones, nombrando mediante decreto ejecutivo una comisión para que realice una auditoría a la entrega de las frecuencias.

En mayo del 2009 la olla de grillos (CONARTEL, SUPERTEL) se abría por segunda ocasión, ya que en el 2005 la Contraloría General del Estado había realizado un estudio de esos procesos, el cual no fue tomado en cuenta por el gobierno de entonces.

Agosto 2009: El presidente Correa aseguró  que se deberán revertir al Estado "muchísimas" frecuencias, una vez termine la nueva auditoría  sobre la entrega de permisos para el uso de frecuencias de radio y televisión en el país, señalando que se pretende evitar errores para luego ir "con toda contundencia a sancionar los abusos que se han cometido y a corregirlos". También anunció quecon ese informe caerán muchas vacas sagradas de este país". Seis años después la corrupción se mantiene, el cambio en esas entidades ha sido solo de nombres, y aún no cae ninguna “vaca sagrada”, por el contrario, han aumentado.

El informe de esta segunda auditoría, que consta de 494 fojas, fue entregado en mayo del 2009; en él se detallan los problemas y la corrupción en la entrega de frecuencias a personas naturales y jurídicas y los millones que circularon. El pastel era distribuido entre directivos de la AER, que eran directivos CONARTEL, grupos empresariales o familiares, políticos y la iglesia, muchos sin estudios de ingeniería.

En el informe constan conclusiones y recomendaciones por temas, predominando  la inexistencia de criterios claros en la legislación; así como el manejo de “procesos discrecionales que irrespetan los principios de transparencia”; y el irrespeto a las propias resoluciones del ente regulador (CONARTEL) de manera sistemática.

Por ello recomienda: “la aplicación de nuevos procedimientos y criterios para la asignación de frecuencias que sean abiertos, transparentes y garanticen la igualdad de oportunidades para las personas y sectores sociales, priorizando el proyecto comunicacional y la propuesta programática del solicitante”.   

También se recomendaba sanciones de acuerdo a las leyes vigentes en el país, lo que implicaba la privación de la libertad para muchos involucrados, pero el juego sigue con las mismas reglas.

 Guillermo Navarro, presidente de la comisión auditora, y autor del libro “Los Poderes Fácticos” señala respecto a este tema que se ha “determinado un altísimo grado de concentración de las frecuencias concesionadas para radio y televisión en un reducido número de personas”. Hasta la fecha del estudio, una persona tenía la concesión de 50 frecuencias.

 A nivel de grupos familiares se han concentrado 82 concesiones. El 94.89% de los concesionarios controlaban de 1y 3 estaciones de radio o televisión. “Debe anotarse que el grado de concentración se acentúa a partir de los concesionarios que controlan más de 4 medios” señala Navarro.

Cuadro 4 y Cuadro 5 y 7

En este año se convocó a un nuevo concurso o subasta de 1472 frecuencias. El 30 de junio venció el plazo para entregar los requisitos de la subasta. 712 solicitudes de concesión, recibió la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL). En esta ocasión, según las disposiciones constitucionales, el 34% del espectro será para el sector comunitario.

A 32 días del cierre de la convocatoria las reglas no son claras, existen contradicciones y la comunicación se encuentra nuevamente en manos del poder fáctico que gobierna el país y la libertad de expresión resquebrajada casi deja de  ser un derecho.

La poca transparencia ha levantado voces de los distintos sectores organizados: sociedad civil y empresariales que exigen se transparente o postergue para luego del proceso electoral en enero del 2017. Por su parte las organizaciones sociales e indígenas piden el archivo del concurso, pues la reglamentación que se basa en el cumplimiento del Decreto 16 (registro de las organizaciones con el aval del gobierno), que está demandado ante la Corte Constitucional y es cuestionado por la OIT y por las organizaciones no afines al gobierno, es uno de los puntos prioritarios en el formulario virtual.

El peligro estaría, para estos actores sociales,  en que la libertad de expresión y la democracia corren riesgo, por la discrecionalidad con la que se entrega puntajes y por la aplicación de otras leyes que en la práctica elimina el carácter social, comunitario y voluntario de las organizaciones sociales y comunidades indígenas.

La participación en esta subasta demandó esfuerzos incluso económicos para la obtención de los estudios técnicos, que no son valorados por los organizadores; la asignación de puntajes es en forma discrecional, similar a la calificación en el concurso de Jueces de la Corte Nacional de Justicia, en donde “coincidentemente” la mayoría son afines al gobierno.

 

Entonces, qué se espera si el concurso se daría en diciembre, en el punto más alto de la campaña electoral: que la suerte o regalo recibirán quienes se “porten bien”. Un chantaje viejo pero que siempre da resultados.

 

En la Asamblea Nacional, Lourdes Tibán, parte de la oposición,  señala que el gobierno está metiendo las manos directamente en el proceso, más allá del derecho que le asiste a la CONAIE y otras organizaciones indígenas de conseguir su frecuencia. También pide que se ejecuten los resultados de la auditoría dispuesta por el mismo gobierno en el 2009, y que se reviertan todas las frecuencias fruto de negociados e influencias políticas.

“Con esta subasta el gobierno está pensando callar la voz de los medios que todavía le hacen oposición y no se han alineado al trabajo editorial del gobierno”. Un nuevo gobierno debe imponer las nuevas reglas del juego, respetando el 34% que establece la Constitución para los medios comunitarios, y no éste que  está de salida”, señala Tibán.

 

Esta líder de Cotopaxi exige equidad en el trato, en la distribución de recursos económicos, ya que la falta de estos asfixiaría al medio y obligaría a revertirlo al Estado. Estos recursos son vitales para un medio comunitario, que tiene por objetivo no solo la  información o la convocatoria sino que puede trabajar en educación, en  valores, en la  agricultura y en tecnología.

 

 Henry Izurieta estuvo en la elaboración de los estudios técnicos y de viabilidad para el acceso de una frecuencia de una organización comunitaria de Chimborazo, y señala que para las organizaciones indígenas fue un gasto de dinero y tiempo la obtención de certificados de toda índole, pues los requerimientos exigen el cumplimiento de leyes, unas cuestionadas y otras -como la tabla salarial de los profesionales y demás personal que administraría la frecuencia y la autosustentabilidad- imposibles de cumplir, y determinan la eliminación de lo “comunitario y la solidaridad” que rigen en los pueblos y en las organizaciones sociales y sindicales. “Impusieron trabas que impiden la real participación de los sectores sociales y populares” dice.

 

La vida de una frecuencia dependería de mínimo 3000 dólares mensuales, algo que una organización popular no consigue, obligándole a abrirse al mercado, dándole mayor espacio a las empresas químicas y no a sus fines comunitarios organizacionales, que son su razón de existir.

 

La mala distribución de las frecuencias no sería el único problema, Izurieta dice que el cuestionamiento debe hacerse a la sociedad, para la toma de  conciencia de que la comunicación es un derecho de todos y de que los medios de comunicación permiten la posibilidad de ejercer ese derecho. Y que se detenga o postergue la entrega de frecuencias depende de la capacidad de reacción de la sociedad.

En este concurso se juegan derechos inalienables de la ciudadanía, las 1472 frecuencias deben entregarse, y no solo un porcentaje como ahora se plantea, ya que se conoce que cerca del 50% de esas frecuencias de  ya tendrían dueños.

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