salud esUnDerecho

Por Roberto Puente

Pese a que el gobierno se llena la boca diciendo que  en su período no han existido “paquetazos económicos”, hay varias leyes, como la de plusvalía,

la reciente ley que incluye la denominada contribución especial de mejoras por obra pública a cargo del Gobierno central o municipios, que constituyen, junto con otros cuerpos legales que elevan impuestos, una dura carga a la población ecuatoriana, a lo que se suma la enorme deuda externa que hipoteca el futuro del país y deteriora cada vez  más las condiciones de vida de las mayorías.

El proyecto de un nuevo Código Orgánico de la Salud (COS), que en estos días discute la Asamblea, constituye, de aprobarse, un nuevo golpe a la economía, a los derechos constitucionales y humanos de la población.

Un análisis realizado por el Colegio de Abogados de Pichincha y su Observatorio de Género y Diversidad, señala que este proyecto no aborda los problemas que más aquejan a los ecuatorianos, pues no garantiza el acceso universal a los servicios de salud, establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales, en particular el derecho a la salud que en el Artículo 32 de la Constitución dispone que “la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”.

El estudio señala que este Código no asegura el financiamiento de los servicios públicos de salud por parte del Estado, esto es el 4% del PIB, y elimina de manera velada el derecho a la gratuidad, incumpliendo lo dispuesto en la Constitución (inciso 2 Art. 362) que textualmente dice: “los servicios públicos estales de salud son universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”. Además de que en la Transitoria Vigesimosegunda la Constitución dispone que el Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento (0,5%) del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar al menos el 4%.

Al contrario, el proyecto de COS plantea que el Estado definirá los mecanismos de aportes para financiar el sistema de salud por parte de las y los ciudadanos, lo que significa que se deja abierta la posibilidad de que sea la ciudadanía la que pague por los servicios de salud. Según el análisis del Colegio de Abogados, esto se  refuerza en el Art. 50 del proyecto donde se define como contribuciones obligatorias para la salud el aporte al IESS, aportes directos e indirectos de los hogares a seguros privados, empresas de atención integral a salud pre pagada, prestadores de salud y otros aportes de carácter solidario, progresivo u obligatorio, con lo cual se afectará a las mujeres y niños más pobres que son quienes utilizan en mayor proporción los  servicios  del primer nivel de atención, en donde se resuelven más del 80% de los problemas de salud de la población.

Además se señala que este nuevo Código mantiene el predominio de las actividades curativas sobre las preventivas, es decir, no se toma en cuenta la necesidad imperiosa de prevenir enfermedades. Atenta contra la estabilidad laboral, dejando a los trabajadores y en particular a los profesionales de la salud en la indefensión pues no garantiza la estabilidad laboral; así mismo no menciona el trabajo precario y la sobreexplotación laboral; tampoco se toman medidas contra el desempleo en el sector salud.

En este proyecto de código no se garantiza la seguridad ni la calidad de los servicios médicos, únicamente se refiere a indicadores de productividad y eficiencia; mantiene la tendencia privatizadora de los servicios de salud al institucionalizar las transferencias de los fondos públicos a los monopolios privados de salud; no define con claridad las competencias de otras instituciones públicas directamente vinculadas con la salud; no regula a las empresas farmacéuticas; prácticamente desaparecen los servicios de salud en la Seguridad Social, al fusionarla con el Ministerio de Salud Pública; no garantiza el pleno ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva, pues la normativa tal y como está redactada puede generar dificultades en el acceso al aborto terapéutico; no establece una política clara de la fijación de precios de los medicamentos, entre otros aspectos que son fundamentales para ecuatorianas y ecuatorianos.

Además, en este proyecto no se menciona el tema de la violencia en contra de la mujer como un factor de riesgo para la salud integral. Se invisibiliza la diversidad sexual en todo el código, tema que tiene particularidades propias para los temas de atención en salud. Igualmente, se invisibiliza al VIH/Sida, como patología prioritaria en la elaboración de estrategias integrales y coordinadas para su control.

El Colegio de Abogados exige que esta propuesta inconsulta y anticonstitucional, que contiene más de 400 artículos, sea archivada porque no responde a los problemas de salud que aquejan a los ecuatorianos.

 

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