ley plusvalia

Por: Amparo Sigcha

El pasado 27 de diciembre, con 79 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la mayoría oficialista aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, o Ley de Plusvalía.

El texto presentado por el Ejecutivo, por segunda ocasión, fue calificado como proyecto económico urgente y contiene varias reformas tributarias de última hora.

Esta Ley fue publicitada en todos los medios de comunicación existentes, así como en las redes sociales. Según el oficialismo tiene varios objetivos, como son: combatir la especulación, facilitar el acceso a la vivienda y abrir el espacio de intervención del Estado en un mercado con muchos desequilibrios.

La nueva Ley establece la obligatoriedad de que los alcaldes puedan actualizar y desarrollar los catastros, y la recaudación será destinada a la infraestructura en saneamiento ambiental y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de cada municipio o distrito metropolitano.

Lo que NO se dijo

El gobierno no ha transparentado que con esta Ley se les exonera del pago del impuesto a los ingresos extraordinarios por cuatro años a empresas mineras, cláusulas que fueron añadidas en los días que coincidentemente se dio la firma del contrato de extracción minera Fruta del Norte con una minera china. Según los voceros del gobierno, lo importante es captar la inversión extranjera y activar este pago cuando ya se hayan obtenido todas las regalías de las mineras.

La Ley de Plusvalía duplica funciones e impuestos que constan en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Administrativo, COOTAD, y que son controlados por los alcaldes de las distintas localidades.

¿Por qué la oposición?

Es un impuesto sobre otros impuestos

El ex alcalde de Quito por dos ocasiones, Paco Moncayo, señaló que el gobierno está equivocado, pues “las obras públicas nacionales y locales revalorizan los predios y son realizadas con los tributos de los ecuatorianos. Por este concepto, la ciudadanía ya cancela un impuesto predial más alto, así como la contribución especial por mejoras”.  

En lo técnico:

El economista y ex presidente del Banco Central, Diego Borja, mencionó que la Ley de Plusvalía es un impuesto abusivo, que carga con más contribuciones al esfuerzo y al patrimonio de los ecuatorianos de las clases populares en adelante.

“La Ley de Plusvalía no grava de impuestos a los ricos, no es un impuesto a los grandes patrimonios, menos para los especuladores, porque las leyes no son exclusivas”, afirma.

El experto señala que la tasa pasiva referencial, y que se aplica en el sector inmobiliario, se incrementa o se reduce por decisiones políticas. “El gobierno no está tomando en cuenta que las familias de clase pobre y media adquieren sus casas de 15 mil,  20 mil dólares o más, mediante créditos, que son pagados, en la mayoría de casos, hasta en 20 años, por lo tanto el monto que se termina pagando es dos veces más del valor real de la casa; entonces, al venderla ¿de qué ganancia se puede hablar?”

Este economista desmiente que esta ley castigue a los especuladores de tierras, pues para ello se debería generar una ley que sancione esa actividad, que castigue a quien maneje la información privilegiada y saque provecho de ello, sean o no funcionarios públicos, que sean parte del poder.

Tanto el ex alcalde como el economista mencionan que esos impuestos existentes en el COOTAD, por lo tanto, se deben revisar y derogarse articulados de ambas leyes, así como la que crea la Superintendencia de Control del Suelo. Esta ley golpea al sector inmobiliario, que genera empleos y producción, concluyen.

En lo tributario

Juristas no alineados al gobierno han mencionado que, más allá de la tasa del 75%, de los mecanismos de control y las sanciones para alcaldes, lo más importante de la ley está en sus líneas finales: que es el impuesto a los ingresos extraordinarios (según ley que está vigente desde el 2007, que proponía recuperar para el Estado los beneficios que se produzcan de la explotación de recursos no renovables cuando estos alcancen precios superiores al precio previsto o pactado en el contrato). En este caso, los beneficiarios debían pagar al Ecuador el 70% de su ingreso extraordinario. Con la reforma incluida en la Ley de Plusvalía se modifica esa disposición, exonerando durante cuatro años el pago del impuesto a los ingresos extraordinarios de las empresas mineras, lo que convierte a la ley en un instrumento inconstitucional y vulnera la soberanía nacional.

En lo político

Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, al referirse a esta Ley señaló que se tramitó un proyecto con el carácter de urgente en medio de las fiestas de diciembre a manera de cortina de humo para distraer a la ciudadanía de los grandes temas que agobian a la población, como son el desempleo y la corrupción desbordante del gobierno.

Según el dirigente, con la aprobación del nuevo paquete tributario también quieren hacer  olvidar al país la red de corrupción en Petroecuador o la entrega del mayor campo de producción petrolera a manos chinas, y las coimas entregadas por Odebrech a funcionarios de alto rango del gobierno de Correa.

Alcaldes y prefectos se han manifestado en contra de esta normativa, pues señalan que las localidades más alejadas, fronterizas, son las que menor obra pública tienen, por lo tanto casi nada de mejoras, y los ingresos por “ganancias extraordinarias” solo se pueden recibir de las empresas extractivistas, pero con la exoneración de 4 años esos entes administrativos se verán seriamente afectados en sus ingresos.

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