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ECONOMÍA

Por Franklin Falconí

¿Cómo salir de la crisis? Este es un tema en el que las aguas del discurso político-electoral se dividen, o deberían hacerlo, porque no se entiende que habiendo en el escenario candidaturas de tendencias ideológicas de derecha, izquierda y centro izquierda, las respuestas sobre qué hacer una vez logrado el sillón de Carondelet no se diferencien mayormente. Pues hay que estar claros: la economía no es un problema eminentemente técnico, que implique acciones “descontaminadas” de la ideología, como suelen decir algunos economistas a los que el actual mandatario en algún momento calificó de OCP: Ortodoxos, Conservadores y Prudentes. De hecho, la ideología y la política solo son la expresión de una realidad económica, de la existencia de clases sociales en disputa.

En los últimos días, varios analistas mostraron un oscuro escenario para quien resulte electo como nuevo presidente. Si empezamos por el tamaño general de la economía, por ejemplo, partimos ya de un problema serio: a pesar de que todo el mundo sabe la gravedad de la crisis, no hay sinceridad en las cifras.

El gobierno habla de un decrecimiento de la economía de menos 1,7% en el 2016, y eso nos ubica ya entre las economías que más decrecen en el mundo. Esta cifra, sin embargo, es lejana a estimaciones hechas por organismos que antes han aparecido respaldando las políticas económicas del régimen, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que había proyectado el mes anterior que el decrecimiento de Ecuador sería del menos 2,5%. El FMI, por su parte, habló en el mes de junio de un decrecimiento de menos 4,5%, ahora, actuando nuevamente como aliado político no declarado, rectifica ese cálculo y ubica al decrecimiento en menos 2,3%. Y no solo eso, sino que lo hace al tiempo de entregarle 364 millones de dólares, al gobierno como contribución para la reconstrucción por el terremoto de abril pasado. ¿Y por qué, a pesar de esto, el presidente Correa ataca nuevamente al organismo en su sabatina? Pareciera un acuerdo tácito de dejar hacer en el plano discursivo, mientras en el plano económico el gobierno y el FMI parecen llevarse muy bien.

Asumiendo que la cifra oficial sea verdadera, para recuperarse de esta caída se necesitaría que la economía crezca 1,7% en el tercer trimestre y 2,7% en el cuarto trimestre de este año; es decir, en los dos trimestres juntos el crecimiento debería ser de 4,5%, algo que analistas como Pablo Lucio Paredes ven extremadamente difícil. “Supongamos que luego de haber caído el primero y segundo trimestre, la economía se estabilice en el tercero y cuarto, es decir, que tengamos 0% de crecimiento en los dos últimos trimestres, pero incluso en ese caso el resultado del año sería menos 3,2%”, sostuvo el analista, durante un programa en radio Exa, Quito, el pasado 6 de septiembre.

La grave situación económica del país, que implica un proceso recesivo profundo, y que se manifiesta por ejemplo en la caída de la recaudación tributaria (al mes de agosto son 1.700 millones de dólares menos de recaudación que en el mismo período del 2015, a pesar del incremento del IVA), se prolongaría hasta el 2025, según los expertos.

¿Entreguismo o entreguismo?

Otro de los graves problemas que el próximo gobierno tiene entre manos, y sobre el que los candidatos deberían dar respuesta urgente y clara, es el tema de la deuda pública.

La deuda al mes de julio de este año ascendía a 36.500 millones de dólares. Con relación al PIB, según las cifras del Banco Central (BC), ello representaba el 35%, pero ahora el mismo BC cambió la estimación del PIB para el 2016 y lo bajó a 96.200 millones de dólares; ese cambio hace que la deuda se ubique ahora en el 38% del PIB. Así lo explica el ex ministro de Finanzas de este gobierno, Fausto Ortiz; es decir, un porcentaje muy cercano al techo que establece la Ley.

A esa deuda hay que sumarle por lo menos 2.500 millones de dólares, que son el saldo al mes de mayo de los Certificados de Tesorería (CETES), que son títulos valores emitidos por el Ministerio de Finanzas para obtener recursos del Banco Central de manera emergente. Solo con eso la deuda ya subiría al 40% del PIB, según Ortiz. El gobierno dice que estos certificados no son deuda porque terminan extinguiéndose en diciembre, pero los últimos tres diciembres han quedado saldos, no se han logrado extinguir. Además, este año el gobierno está corriendo con un déficit fiscal que no consigue financiar, lo que hace suponer que tampoco se cumpliría en su totalidad con estas obligaciones. A eso se pueden agregar otros valores: la preventa petrolera, que según lo explica el ex funcionario, está en los 800 millones de dólares al mes de agosto. Por ahí también hay un crédito viejo con el FMI, del año 2009, que son como 400 millones más; y los atrasos del 2015, que también son deuda aunque no se conozca a cuánto asciende. Para Ortiz, podrían ser 1.500 millones de dólares más. “Deuda y pasivos ya superan hace rato el 40%, y eso hará que el gobierno modifique el techo de endeudamiento a través de la Asamblea. Si no lo hace será atarse y no poder contraer deuda el próximo año”.

Lo más seguro es que en estos meses el actual régimen se dedique a formar nuevos huecos para tapar otros, y dejar que los problemas se acumulen para el próximo gobierno. El nuevo mandatario tendrá que partir con un presupuesto del Estado (que es prorrogado del 2016) con un déficit de 2.000 millones de dólares, y tendrá que reformularlo, modificando el techo del endeudamiento vía Asamblea, en función de reestructurar la deuda consiguiendo nueva deuda, más barata. Es decir, más deuda para pagar deuda, medida en la que seguro coinciden Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. O en su defecto, podría, según lo han planteado las fuerzas sociales del Acuerdo Nacional por el Cambio, declarar una moratoria del pago, para lograr resolver problemas fiscales, al tiempo que se someta a fiscalización la deuda contraída por este régimen y que no está nada clara, para tener la posibilidad de evitar erogar recursos que bien pueden destinarse al desarrollo del país. ¿Qué camino adoptaría el nuevo gobierno? En la respuesta a esta pregunta está la diferencia entre los candidatos. La disyuntiva no debe ser: más sometimiento o más sometimiento, sino una política soberana, que apunte a priorizar los problemas de la gente antes que los intereses de los chulqueros internacionales.

Lo que se impone, entonces, es que los candidatos den respuestas claras a preguntas claves en torno a cómo enfrentarán la crisis en la que recibirían el Ecuador después del correato: ¿tomarían medidas económicas de ajuste, como las de la larga noche neoliberal, por ejemplo la eliminación de subsidios?, ¿volverían sus ojos al Fondo Monetario Internacional y al sometimiento a sus recetas que ello implica?, ¿paralizarían la inversión social, bajo el criterio de que es “gasto” y todo gasto es malo?, ¿continuarían con el entreguismo de la soberanía a las transnacionales mineras y petroleras, o con los procesos de concesión de puertos y venta de activos del Estado?, ¿insistirían en la represión y control social para hacer frente a las protestas que estas medidas produzcan? Las respuestas a estas inquietudes, desde el ángulo de candidatos como Cynthia Veteri o Guillermo Lasso no pueden sino ser afirmativas, porque así lo dicta su condición de clase, no sabrían hacer otra cosa; aunque seguro tratarían de sacar el cuerpo con retórica barata.

Y también serían afirmativas las respuestas de Lenin Moreno y Jorge Glass (si de sincerarse hablamos), porque son medidas que se han aplicado ya en estos años, aunque solapadamente, bajo una verborrea demagógica llamada “revolución ciudadana”.

Quienes respondan que NO a todas las interrogantes anteriores, serán los que representen el auténtico cambio que los ecuatorianos buscan. Porque no tomar ninguna de esas medidas significa que tendrán que hacer otras cosas, que, necesariamente, afecten a los poderosos en beneficio de los sectores populares.

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