iva

Por: Amparo Sigcha

En esta crisis económica y política por la que atraviesa el país, al gobierno le llegó el desastre natural como una infeliz coincidencia. Ahora, escondiéndose detrás del dolor humano, continúa pellizcando lo poco que les queda a los ecuatorianos. Este jueves 12 de mayo, 89 asambleístas de la bancada oficialista aprobaron la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto, mediante la cual se impone contribuciones “solidarias” a los ingresos en: la remuneración mensual (por una sola vez) a quienes ganen a partir de 1000 dólares, al patrimonio de las personas naturales y el incremento del 12% al 14% del impuesto al valor agregado (IVA), excepto en las provincias afectadas, siendo esto último el punto más grave y conflictivo para todos los sectores.

En menos de dos meses (abril-mayo), dos leyes económicas se han aprobado con el mismo objetivo: imponer tributos para tratar cubrir el déficit por el que atraviesa la caja fiscal. El gobierno del economista Rafael Correa, haciendo suya la frase de: ¡agarre lo que pueda!, en cuanto a dinero se refiere, con las últimas reformas tributarias: la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas y la Ley Solidaria, raspa las ollas y termina hasta con el cocolón de las familias de la clase media y pobre del Ecuador.

Con el incremento de impuestos a las bebidas azucaradas, al cigarrillo y la cerveza, en estos 15 días se pudo palpar la caída drástica de las  ventas de los negocios de esquinas y tiendas de barrio, negocios que en su gran mayoría son el único sustento familiar. “Ahora la gente piensa dos veces para tomarse una cola o una limonada, o fumar un cigarrillo; esos centavos de ganancia que me quedaban de la venta diaria, ahora no los tengo por este maldito gobierno”, asegura María M., propietaria de una tienda en el centro norte de la capital.

Este nuevo paquete de medidas económicas ha sido calificado como un atraco a los sectores populares, que se veía llegar por las apremiantes necesidades económicas gubernamentales, sin embargo, el régimen aduce que son pensadas por la situación social y económica de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril, que golpeó principalmente a Manabí y Esmeraldas; esta sería la razón de la segunda ley, lo que es rechazado y crea desconfianza en más del 68% de la población, según una encuesta reciente.

En ese plan de conseguir migajas de todos los lados, el gobierno, a través del Comité de Comercio Exterior, COMEX, también aprobó que el cobro de las salvaguardas arancelarias continúe por un año más, esto es hasta el 2017. Correa ha mencionado también la posibilidad de vender los activos del Estado, entre ellos la central hidroeléctrica Sopladora, ubicada entre las provincias de Azuay y Morona Santiago (Sur), considerada la tercera hidroeléctrica más grande del país, con capacidad para producir 487 megavatios, y en la cual el gobierno invirtió unos 800 millones y a la que le faltaría solo un 2% para terminarse, según el anuncio del mismo gobernante.

En el listado de activos en los que el gobierno ha invertido y también entrarían a la venta están el Banco del Pacífico y los canales incautados GamaTv y TC Televisión, valorados en 25 y 50 millones, respectivamente. Correa anunció que se analiza "abrir el capital" hasta el 49%, para que haya una alianza público-privada" en empresas estatales, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), y la Refinería Esmeraldas, que se encuentra repotenciada; lo que alertó a la sociedad por la posibilidad, no lejana, de una privatización, que antes se coartó mediante la movilización popular.

Las reacciones no se han hecho esperar, surgen criterios desde todos los sectores sociales ante estas medidas, pues todas son inflacionarias, elevarán en cadena el costo de vida, mientras se contrae y deprecia la moneda y los ingresos de los trabajadores.

Pablo Ospina, docente de la Universidad Simón Bolívar, señala que el mayor problema por el que atraviesa el gobierno es la desconfianza sobre el destino que dé a los recursos que obtenga de las medidas, y que se sospecha serán utilizados en las prioridades del gobierno y no en las necesidades de las zonas afectadas por el terremoto.

En este contexto, Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, dice que actualmente existen dificultades en el gobierno para cubrir los sueldos y, a pretexto del terremoto, carga de tributos a los trabajadores para obtener recursos frescos, que ya no tiene a causa de la malhadada política económica que ha provocado que en este momento el Ecuador esté endeudado en más de 40 mil millones de dólares.

“Los trabajadores somos solidarios con los hermanos afectados, todos estamos dispuestos a contribuir por solidaridad, pero rechazamos frontalmente este tipo de medidas que además de ser antipopulares son oportunistas”, recalca García.

Cree que parte de la solución a esta crisis económica no es imponer más tributos sino el achicamiento del aparato estatal, determinar cuántos de los 120 mil trabajadores que están este momento bajo servicios ocasionales son necesarios y dar paso a las jubilaciones represadas en el sector público, cancelándolas de acuerdo a la ley, ya que existen alrededor de 50 mil trabajadores que han sido impedidos de acogerse a ese derecho.

García dice que “el incremento del 12 al 14% del IVA estaba previsto aplicar en estos meses, la campaña de socialización de dicho incremento estaba lista para su difusión. Lo del terremoto es una amarga oportunidad que le cayó al gobierno para su salvación. Es un gobierno oportunista y mentiroso”, añade.

Sobre la venta de los activos del Estado, José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, cree que la venta de los canales de tv incautados es una oportunidad de conseguir recursos, siempre y cuando se haga de forma transparente, al precio real y no al de los allegados al régimen, como ocurrió con ECUDOS, que se vendió a precio de gallina enferma, con préstamo de la Corporación Financiera Nacional CFN, y a amigos del régimen, y aún no se conoce si lo que se invirtió ya se ha revertido al Estado; que las empresas públicas son de propiedad del Estado y no del gobierno, señala.

PROPUESTAS:

Milton Gualán, asambleísta por Unidad Popular, no cree que la aplicación de las medidas fondomonetaristas sean la solución para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril, y señala que para evitar que se golpee la economía popular se deben tomar medidas alternativas, como las que se proponen desde los sectores populares:

- No incrementar el IVA, por ser un impuesto regresivo, que afecta a los  sectores populares, e incrementa el desempleo.

- No vender al capital privado los bienes del Estado (Sopladora, la telefonía móvil de CNT, el Banco del Pacífico, Flopec).

- Declarar la moratoria del pago de la deuda externa, para invertir esos recursos en la reconstrucción y reactivación productiva. Sólo del 2016 se podría recuperar  2.000 millones de dólares.

- Eliminar los  gastos innecesarios que significan: la propaganda gubernamental,  Secretaría del Buen Vivir, Secretaría de Inteligencia, Instituto Espacial Ecuatoriano, los seis ministerios coordinadores, entre otros; lo que ahorraría más de 200  millones de dólares.

- Condonar en la banca pública las deudas de los damnificados  hasta por  10 mil dólares y establecer la reestructuración para  montos mayores.

Ospina califica como un acierto de las medidas tomadas por el régimen al incremento del 0.9% sobre el patrimonio de las personas que tienen más de 1 millón de dólares de patrimonio y cree que incluso debería ser el 2%, permanente, y no solo por una sola vez, de igual forma a los funcionarios que tienen ingresos sobre los 3000 dólares mensuales.

El docente y conocedor de la realidad de la educación superior señala como una alternativa la eliminación de la empresa pública Yachay, en la que el Estado ha invertido millonarias sumas y por la que se ha endeudado en 190 millones.

Todos coinciden en que la medida más grave es la elevación del IVA, por ser una medida regresiva y recesiva, que golpea más a la gente que más necesita y que menos ingresos tiene. La venta de las empresas estratégicas sería un error grave, o entregarlas parcialmente, pues descaradamente se privatizarían las áreas trascendentales.

Consideran que en esta etapa de recesión se debería disminuir el sueldo en un 10% a los funcionarios de alto rango, lo que entregaría al Estado 150 millones de dólares, pues el año pasado por ese recorte (ahorro del Estado) que fue del 5% se recaudó 71 millones.

También se debería renegociar los plazos de la deuda con China

García y Villavicencio creen, además, que el gobierno debe eliminar los gastos millonarios en consultorías, también en arreglos de edificaciones para las entidades públicas, entre otros gastos de este tipo.

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