alto a la corrupcion

La mañana del pasado 13 de febrero, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales denunciaron la gigantesca corrupción que se ha develado en el país durante el régimen de Correa, que ha causado profunda indignación y repudio en la clase trabajadora y en la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano.

Mencionaron que salvo el caso de Petroecuador, en donde se ha indicado a un grupo de funcionarios del íntimo círculo gubernamental, los casos Odebrech, Dussac, Pedro Delgado, comecheques, ambulancias, Palo Azul, helicópteros DRUV, Refinería del Pacífico, avionetas mexicanas que transportaban drogas, compra de chalecos, pistolas y uniformes para la policía, concurso de frecuencias de radio y tv, radares chinos inservibles, Coca Codo Sinclair, ocultamiento sobre deuda externa, uso indebido de medios incautados;  entre muchos otros casos que han sido de conocimiento público, se mantienen en la más absoluta impunidad, con la indolencia de la mayoría de Asambleístas de Alianza País, la Fiscalía, la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional y el Gobierno, que en lugar de perseguir a los ladrones de los fondos públicos, persigue y encarcela a los luchadores sociales y a los que denuncian los actos de corrupción.

A lo anterior, manifestaron que se suman las acciones del Gobierno para perjudicar a los trabajadores y a los jubilados con la implementación de medidas atentatorias a la supervivencia del lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS):

  • Eliminación del 40% para el fondo de pensiones que se suprimió con la mal llamada Ley de Justicia Laboral, causando un perjuicio de 1.100 millones de dólares anuales al IESS, violando al Art. 171 de la Constitución que establece la obligación del Estado de realizar esta aportación.

  •  Resolución del Consejo Directivo C.D.50L del 13 de noviembre del 2015 que reduce del seguro de pensiones el 3A%, para destinarlo al fondo deficitario de salud. Esta resolución ilegal e inconstitucional representa un perjuicio al fondo de pensiones de 1000 millones de dólares anuales.

  • Las ingentes cantidades de recursos económicos entregadas por el BIESS al Gobierno para supuestas inversiones, cuyo monto asciende a la cantidad de 7.581 millones de dólares.
  • La pretensión del Gobierno de eliminar la participación de los representantes de los trabajadores y empleadores en el Consejo Directivo del IESS.

Para estas organizaciones la corrupción también se evidencia en la aplicación de medidas inconstitucionales, violatorias a los Convenios internacionales de la Organización lnternacional del Trabajo OIT, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que pretende desaparecer a las organizaciones sindicales autónomas e independientes que no se han sometido al control y a las políticas anti obreras y antipopulares del régimen correísta.

Ante esta situación exigen:

  • Que la Fiscalía publique en forma inmediata los nombres de los funcionarios del Gobierno involucrados en los sobornos que denuncia ODEBRECHT e investigue sin dilaciones a los funcionarios que suscribieron y ejecutaron los contratos.
  • Que el Gobierno presente una demanda inmediata a la empresa ODEBRECHT para que restituya los perjuicios ocasionados al Estado Ecuatoriano, como consecuencia de los contratos celebrados a través de sobornos.
  • Que el próximo Gobierno realice una auditoría a la Deuda externa e interna y a todos los contratos de obra pública, compras de medicinas, materiales de curación y equipos médicos, y adquisiciones para las Fuerzas Armadas, la Policía y demás instituciones del Estado.
  • La restitución del 40% de contribución del Estado al IESS para el fondo de pensiones; el pago de la deuda de 2.506 millones de dólares, que corresponde a la atención médica de jubilados y a personas con enfermedades catastróficas; que el Consejo Directivo del IESS esté integrado únicamente con representaciones de los asegurados y los empleadores.
  • Que se registre en forma inmediata las directivas de las organizaciones sindicales y sociales que se encuentran estancadas en el Ministerio del Trabajo y en los demás Ministerios, y se solucionen con apego a la Ley los múltiples problemas laborales y sociales pendientes en dichos Ministerios.
  • Que cese la persecución a los luchadores sociales y a quienes con valentía han denunciado los actos de corrupción, y una inmediata amnistía a todos los procesados.
  • Que se respeten en forma irrestricta los derechos individuales y colectivos, en especial los convenios internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano y la declaración Universal de Derechos Humanos.

Finalmente indicaron que hasta que el Gobierno actual o el próximo atiendan estos requerimientos, a partir del mes de abril iniciarán movilizaciones en todo el territorio nacional, pues no permitirán que se destruya la seguridad social y la institucionalidad del Estado.

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En vísperas del último lunes

 

                                                                                                

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